Votación de los Presupuestos, la semana pasada, en el Congreso
Votación de los Presupuestos, la semana pasada, en el Congreso - JAIME GARCÍA

Las urnas abren la puerta a una nueva era de reformas en España

Apuntalar el crecimiento y continuar rebajando el déficit y la deuda se posicionan como las prioridades económicas para el Gobierno entrante

MadridActualizado:

Los españoles acudirán a votar el próximo 28 de abril a las terceras elecciones generales celebradas en cuatro años, después de haber pasado ya por unos comicios autonómicos catalanes y andaluces y una moción de censura. Y con la mirada puesta en la cita autonómica, municipal y europea tan solo un mes después. Un escenario muy alejado de la certidumbre tan preciada por los inversores que ha sumido a España en una suerte de parálisis regulatoria.

Por lo pronto, 2019 será un «año perdido» más en el que las instituciones estarán o en funciones o arrancando tras el verano. Dando este coste por perdido, empresarios y economistas ven en la cita del mes de abril la posibilidad de poner fin a un periodo de inacción económica y de abrir la puerta a un nuevo escenario en que las reformas estructurales vuelvan a tener cabida. Así lo creen los expertos consultados por ABC que, aunque destacan el alto riesgo de que el resultado ofrezca una aritmética complicada, recuerdan la urgencia de reactivar las reformas que han quedado paralizadas para consolidar el crecimiento diferencial del que ahora disfruta España frente a sus socios europeos.

«Se necesita retomar cuanto antes una agenda reformista que hace años está abandonada», reclama el vicepresidente de la patronal madrileña (CEIM), Francisco Aranda. Los empresarios indican en este sentido que esa agenda debe incluir medidas laborales y fiscales y de reducción de los costes empresariales, entre ellos los energéticos, que potencien el crecimiento y la creación de empleo.

Reforma laboral de 2012

Por ejemplo, y frente a los planes de la contrarreforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, las patronales plantean profundizar en la reforma de 2012 de la ministra Fátima Báñez, no solo en materia de flexibilidad laboral, en lo que ya se avanzó, sino ahora también en cuestiones de seguridad y de mejora de las políticas activas de empleo, y por tanto en un modelo integral de flexiseguridad.

El Ejecutivo socialista, recuerdan desde el empresariado, llegó a saltarse el diálogo social ante su debilidad parlamentaria, subiendo el salario mínimo por encima del acuerdo en firme entre los agentes sociales y el Gobierno de Rajoy. Esta concesión de Sánchez a Podemos supuso romper el diálogo social en una materia que siempre ha sido objeto de acuerdo.

Además, los empresarios llaman la atención sobre el incremento de las cotizaciones sociales y el freno que puede suponer para el empleo. «No puede ser que en el país con la tasa de paro más alta después de Grecia las cotizaciones sean de las más elevadas de Europa», dice Aranda.

En la misma línea apunta Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos, ATA: «Empresas y autónomos necesitan estabilidad y certidumbre para generar empleo», insiste. En su opinión, «queda mucho trabajo por delante. Son varias las amenazas que hay sobre nuestra economía que hay que afrontar y muchas las reformas que quedan por hacer. Algunas, dolorosas, como la de las pensiones. Además, hay que reformar el mercado de trabajo porque no se ha hecho nada desde 2012, acometer un ajuste presupuestario para cumplir con el déficit y seguir tomando medidas para favorecer la actividad de los autónomos.

Y para ello se necesita un Gobierno fuerte, que sea capaz de consensuar y pactar, de recuperar el espíritu de la Transición. Es necesario un Ejecutivo serio, que se faje y que tenga mayoría en el Parlamento. Es evidente que el Gobierno que salga de las urnas no lo va a tener fácil. Tendrá que cumplir con Bruselas y afrontar esas reformas que están bloqueadas, además de solucionar la crisis de Cataluña», concluye Amor.

Riesgos externos

Lo cierto es que el entorno internacional comienza a complicarse. A los riesgos derivados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la posibilidad creciente de un Brexit duro, se une también la amenaza velada de «japonización» de la economía europea, con altos niveles de deuda en buena parte de las naciones y crecimientos estancados. La semana pasada se conocieron los datos de crecimiento del PIB de la Eurozona en el último trimestre de 2018, que se saldaron con un tímido alza del 0,2%, el estancamiento de Alemania, la entrada en recesión de Italia y el buen pulso de España con un alza del 0,7%.

«El principal reto económico para el próximo Gobierno va a ser articular unos Presupuestos del Estado admisibles por Bruselas, pero que apoyen el crecimiento potencial del país, porque España necesita crecer para poder seguir afrontando el pago de la deuda», aspunta Emilio Ontiveros, catedrático emérito de Economía de la Empresa de la universidad Autónoma de Madrid y presidente de Afi. «La coyuntura del país es favorable, tanto en términos de PIB como de empleo y de tipos de interés, por lo que debería aprovecharse para reducir de manera más rápida la deuda pública y tomar las medidas necesarias para abordar la sostenibilidad financiera de la seguridad social», explica Ontiveros. Eso sí, advierte que «poner en marcha ajustes severos sería muy preocupante porque 2019 va a ser un año muy complejo económicamente hablando para las grandes potencias internacionales y a España nos acabará llegando el enfriamiento. Hay que tener cuidado y centrarse en apuntalar el crecimiento».

Más arrojado se muestra el profesor del IE Business School Rafael Pampillón: «Hay mucho por hacer y mucho por deshacer», dice, señalando los posibles efectos perniciosos sobre el empleo de la subida del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como sobre las cuentas públicas de la contrarreforma de las pensiones de los últimos años. Ontiveros, sin embargo, se muestra escéptico sobre una posible vuelta atrás de estas medidas: «Son decisiones con demasiado coste político para una situación como la actual», reflexiona. «Como fuere, urgen medidas en materia tributaria que apoyen el crecimiento y la reducción de la deuda y el déficit público», conluye Pampillón.