La UDEF entra en las sedes de la antigua Alcoa de La Coruña y Avilés por orden de la Audiencia Nacional

El operativo policial se está desarrollando en las provincias de Madrid, La Coruña, Asturias, Málaga y Castellón , en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de la compañía en las dos sedes citadas. En el marco de dicha operación se incluyen un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Tres de la Audiencia Nacional en sus Diligencias Previas 57/2020, declarada secreta y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones, según ha informado la Dirección General de la Policía.

En el operativo participan más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón admitió a trámite la querella presentada por la agrupación sindical Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra Alcoa y otras dieciocho personas físicas y jurídicas por esas supuestas irregularidades. En un auto conocido el pasado diciembre, dio curso al escrito presentado por el sindicato por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

En ese mismo auto, Tardón ofició a la UDEF para que se encargara de la investigación sobre la venta de la empresa. La actuación que están desarrollando en estos momentos los investigadores en el polígono coruñés de la Grela y en Avilés forma parte, al parecer, de esas pesquisas.

La querella se dirigía contra diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica LC SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo. Asimismo, «teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella», la juez pidió a la UDEF que le informe sobre la titularidad real de Alu Ibérica LC y ALU Ibérica AVL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social y situación financiera, entre otros extremos.

En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y La Coruña (Galicia), después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018, cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. La compañía justificó entonces su decisión dados los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.

Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018. Con ello, prosigue la querella, buscaba «eludir el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».

El escrito, al que tuvo acceso Efe, relata el proceso de venta y concluye que «los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo».

Al mismo tiempo, añade, se habrían incumplido las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir -en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares pagaderos en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla (coste salarial aproximado de unos 42,5 millones de euros anuales)-. En opinión de los querellantes, «lo primero que hace Alcoa» es bloquear una inversión de 20 millones de dólares por planta, consignándolo notarialmente, «lo que frenó las inversiones y el pago de los salarios, pagos de seguridad social y aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores, que seguían unidos a la empresa». Finalmente, recuerdan que los trabajadores de las plantas carecen de trabajo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido.

La magistrada se remite en su resolución a la sentencia dictada el pasado septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que declaró nulo el despido colectivo ejecutado por Alcoa en la factoría de San Cibrao (Lugo), la única planta de aluminio primario que queda en España, y condenó a la multinacional a reincorporar a los 524 trabajadores afectados , al apreciar mala fe.