La triste cosecha laboral del campo: 700.000 empleos menos en 30 años

Ese imparable declive ha hecho que el peso del campo en el agregado laboral de España sea la sombra de lo que fue en los años 80. Así, en 1989 el tejido agropecuario soportaba prácticamente el 16% de todo el empleo que había en nuestro país; ahora, sin embargo, de cada cien ocupados que hay en España, solo cinco trabajan en la agricultura o la ganadería.

El éxodo del campo a la ciudad conllevó el abandono de tierras de cultivo en zonas en las que el sector agropecuario ofrecía menos expectativas económicas que las que dibujaban las ciudades. Heridas de muerte, las zonas más castigadas por la emigración rural han sumado campos abandonados. Donde más ha aguantado la actividad ha sido en aquellas áreas con tierras de cultivo más propicias para la mecanización y con unas condiciones geográficas y climáticas más favorables para producciones intensivas y de mayores rendimientos.

El resultado es una tremenda disparidad entre amplias zonas de España en las que abundan los campos abandonados –y los municipios despoblados– y otras en las que ha prosperado la agricultura tecnificada y que rinden mejor. El primer caso sigue inmerso en esa espiral de declive continuo: cada vez quedan menos agricultores y más envejecidos, que cuando se jubilan no encuentran jóvenes que les releven en el campo.

«La gran pérdida de empleo agrario que se ha producido en España desde los años 80 del siglo pasado se ha debido a esa triple causa de una progresiva mecanización que ha reducido las necesidades de mano de obra, unido al éxodo rural que ha vaciado de jóvenes el campo y que ha conducido al progresivo abandono de tierras de cultivo en amplias zonas de España», explica Juan José Álvarez, responsable del Área Laboral y Fiscal del sindicato agrario Asaja. Y advierte que esa dinámica no ha concluido, así que el problema sigue yendo a más en las regiones más castigadas por ese binomio de éxodo rural y declive del sector primario.

«Donde más tierras de cultivo se están abandonando es en Aragón y en las provincias castellanas de Guadalajara, Soria y Cuenca», afirma este especialista de Asaja. Pero también se está notando que el problema azota a otras regiones. «El abandono de tierras incluso se está notando en Andalucía, lo que es especialmente relevante si se tiene en cuenta que esa región concentra actualmente el 50% de toda la población rural que hay en España», indica Juan José Álvarez.

A menos superficie cultivada, más activo territorial desaprovechado y menos capacidad de generación de empleo en la agricultura y la ganadería. De ahí que, con recesión económica o con bonanza, el campo lleve tres décadas perdiendo peso continuamente en el mercado laboral español. Y de ahí, también, que en los cuatro últimos años el sector primario prácticamente no haya generado empleo pese a que la economía nacional no ha parado de crecer. Desde el año 2014, España ha logrado crear 2,3 millones de empleos netos, pero, de todos ellos, solo 10.000 han recalado en el campo, en la agricultura o en la ganadería.

El empleo en este sector está muy condicionado por la estacionalidad, según sean o no meses de recolección, que son los más intensivos en mano de obra. Por eso, para analizar la evolución y poder comparar cifras homogéneas, se recurre al dato de la media nacional. En 1985, ese promedio anual fue de 1,68 millones de trabajadores en la agricultura y la ganadería españolas –cifra que incluye tanto a asalariados como a autónomos–. Desde entonces, la cifra de ocupados ha bajado sin freno. Y, desde 2013, el promedio anual en el campo español ya está por debajo del millón de trabajadores.

Para revertir la situación –o al menos frenarla–, Asaja insiste en que urge articular «medidas efectivas que fijen población en el sector». Entre ellas plantea conceder a los agricultores y ganaderos incentivos fiscales y bonificaciones en la cotizaciones a la Seguridad Social; un apoyo especial a los jóvenes que deciden emprender en este sector; y luchar desde la Administración contra la «brecha de precios» que se arrastra en el campo, porque « se siguen pagando nuestras producciones a precios de hace 25 y 30 años, lo que hunde la rentabilidad y la competitividad de esta actividad».

El primer reto es mantener la cifra de autónomos, de titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, porque de ellos depende el sostenimiento del sector y, con él, la generación de empleo por cuenta ajena. En los últimos treinta años, el colectivo que más se ha reducido ha sido el de agricultores y ganaderos por cuenta propia. Sin embargo, la cifra de asalariados ha caído mucho menos. Eso denota que el sector ha experimentado una progresiva concentración: ha tenido lugar una continua y acelerada desaparición de pequeños agricultores y ganaderos autónomos, y entre los que quedan hay más productores de mayor tamaño.

Esa desaparición de pequeños agricultores ha ido íntimamente ligada al abandono de tierras y se ha cebado con las regiones más castigadas por el retroceso del sector primario y por la despoblación.

La fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que está en vigor desde enero está reduciendo el empleo en la agricultura. Así lo ha denunciado el sindicato Asaja. Asegura que «el agrícola es el sector más castigado por la subida del salario mínimo». El Gobierno revalorizó el SMI un 22,3% de golpe. Juan José Álvarez, responsable del Área Laboral y Fiscal de Asaja, explica con un ejemplo el impacto de esa subida del SMI en el campo: «A muchos productores que contratan miles de temporeros para la recolección de cosechas muy intensivas en mano de obra, como la de la fresa o el tomate, les supone un sobrecoste de miles de euros por cada hora de trabajo en sus campos, así que ahora es muy complicado contratar al mismo número de trabajadores que se contrataban antes de la subida del SMI».

Según Álvarez, ese sobrecoste afecta, sobre todo, a Andalucía, Extremadura, Murcia y las dos Castillas, dadas las características de su sector primario. «En el último mes ya se ha visto que se está contratando menos en el campo», afirma. Para paliarlo, Asaja reclama reducciones o bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, con las que se compense a los productores por el aumento del SMI.