Los tribunales europeos avalan el sistema de ayudas español a los astilleros

El caso se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.

El Ejecutivo comunitario estableció entonces que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas ha propuesto que se recuperen los apoyos concedidos desde abril de 2007 , frente a la posición del Gobierno, que aboga por contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el régimen de bonificaciones.

El Gobierno español y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron la decisión de Bruselas ante la justicia europea y solicitaron su anulación. La sentencia de este jueves resuelve los primeros dos recursos de los más de 60 presentados por las sociedades afectadas y que aún están pendientes de resolución, incluidos los presentados por entidades como Bankia o el grupo Inditex.

Las reacciones no se han hecho esperar desde España y la patronal de astilleros privados Pymar ha aplaudido la decisión del Tribunal General de la Unión Europea -que ha anulado la devolución de ayudas- y ha avanzado que estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados.

En una nota, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha señalado que el naval español ha ganado la batalla del antiguo «tax lease», poco después de conocerse que la justicia europea ha anulado la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas fiscales al sector naval español por considerarlas una ayuda estatal ilegal.

En esta línea, Pymar ha añadido que «estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español en términos de empleo, económicos y reputacionales, que se ocasionaron al sector de los astilleros privados».

Del Pozo ha añadido que «ha quedado probado ante la justicia europea que todo lo que hicimos desde España con el antiguo sistema de 'tax lease' era totalmente legal y ajustado a derecho ». En este sentido, ha apuntado que la sentencia de este jueves es «fruto de una ejemplar estrategia de unidad y coordinación entre todos los agentes del sector en España y de un infatigable trabajo jurídico».

Es hora, concluyen, de que se acabe el «trato discriminatorio» de la Comisión Europea al sector naval privado español.