El Tribunal Supremo deja el caso Rato en el juzgado de Madrid

El Tribunal Supremo ha dejado el caso Rato en el juzgado número 31 de Madrid al rechazar que la competencia sea de la Audiencia Nacional. El alto tribunal ha resuelto así la cuestión de competencia negativa existente entre ambos juzgados, planteada porque ambos consideraban que el caso le correspondía al otro, según informaron fuentes jurídicas. El conflicto queda así zanjado por el Supremo .

El juez número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, consideró que la Audiencia Nacional era la competente al investigarse un delito de blanqueo de capitales que se habría consumado en el extranjero. Según el magistrado, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato invirtió en una sociedad en Alemania el dinero que recaudó con otros delitos, como los fiscales y el de corrupción entre particulares.

Con dicha decisión, el juez de Madrid siguió el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, quien pidió su inhibición a favor de la Audiencia Nacional por la presencia del blanqueo en el extranjero . Una posición contraria a la que adoptó la Fiscalía del Tribunal Supremo cuando fue preguntada por el alto tribunal para resolver la cuestión de competencia.

El juez de la Audiencia Nacional en el que recayó la causa, Fernando Andreu, rechazó el caso al argumentar que el blanqueo se había realizado prácticamente en su totalidad en España, puesto que casi todas las actividades dirigidas al delito se consumaron en nuestro país. Andreu ya investiga a Rato por su responsabilidad en la salida a Bolsa de Bankia y en la entrega de las llamadas tarjetas black.

Los investigadores consideran que Rato defraudó a Hacienda durante varios ejercicios y que movió el dinero a través de diversas sociedades radicadas en paraísos fiscales. Kradonara, la sociedad clave en el supuesto entramado delictivo, recaudó 6,5 millones de euros desde el extranjero de origen supuestamente ilícito, según la Fiscalía. Al exministro le acusan, además, de cobrar comisiones irregulares cuando era presidente de Bankia por favorecer a dos empresas de publicad.