El Tribunal de Cuentas pide al Gobierno que tome medidas para acabar con el fraude en el cobro del desempleo

También hay consejos para el SEPE, algunos tan obvios que entrañan una nueva crítica a su gestión. El Tribunal considera que el Servicio de Empleo «debe ejercer sus competencias» para coordinar y supervisar las actuaciones de las Direcciones Provinciales en la gestión de este tipo de fraudes, y elaborar un «manual de gestión» para el uso de sus funcionarios. En la lucha contra este abuso, el Servicio Público también debería «fortalecer» las acciones de detección de cobros indebidos, cruzando sus datos con los de la Tesorería General de la Seguridad Social, o estableciendo acuerdos con el Registro Civil, los Servicios de Empleo Autonómicos y «cualquier otro organismo» que pueda aportar información sobre los beneficiarios que dejan de cumplir los requisitos para cobrar la prestación . Así, podría conocer, por ejemplo, el fallecimiento de los beneficiarios de prestación y dejar de pagar cuando se produce la muerte.

El Tribunal de Cuentas pide además al SEPE que ponga en orden sus «contradictorias» cifras, identificando todos los pagos indebidos que ya son irrecuperables por haber prescrito, para declararlos como tales. Los medios con los que cuenta la lucha contra estas prácticas es otra de las preocupaciones del organismo fiscalizador. De este modo, recomienda al Servicio de Empleo que analice si la dotación de recursos humanos y medios técnicos «es la adecuada a la vista de los resultados obtenidos», y que diseñe un plan de formación específico dirigido al personal que tramita los cobros indebidos. Otras peticiones del Tribunal de Cuentas son la creación de una «única» base de datos donde se integre toda la información «necesaria» para la gestión y e l control de las prestaciones fraudulentas , o la elaboración de un inventario de deudores. Por si alguien lo dudaba, ambos deben ir acompañados, apostilla el Tribunal, del desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan su explotación, el registro contable y el seguimiento de su evolución.

Junto al Gobierno Central y el Servicio Público, el organismo fiscalizador también pone deberes concretos al ministerio de Empleo, como el establecimiento de puntos de conexión entre las distintas aplicaciones informáticas de la Seguridad Social y sus organismos adscritos para que los cobros indebidos puedan ser gestionados y controlados «debidamente» por cada entidad responsable. También cree el Tribunal que el ministerio que encabeza Fátima Báñez debería mejorar «sustancialmente» el proceso de reintegro de estas cantidades estableciendo, por ejemplo, que sea el Fondo de Garantía Salarial el que abone directamente al Servicio Público de Empleo el importe de los salarios de tramitación cobrados indebidamente.

- En su labor de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha encontrado un nicho de fraude en el cobro de prestaciones por desempleo. La cifra, imposible de conocer por la falta de control del SEPE , oscila entre los 563 millones que contabilizan las Direcciones Provinciales y los 769 millones que señalan los Servicios Centrales.

-El organismo fiscalizador alerta, además, de que un total de 81,6 millones de euros pagados a beneficiarios que no cumplían las condiciones ya son irrecuperables por haber prescrito

- El Servicio Público de Empleo Estatal carece de un inventario de deudores y de una base de datos única donde controlar los cobros indebidos. Tampoco cruza sus datos con otros organismos para conocer si cambian las circunstancias personales o ecónomicas de un beneficiario de prestación

- Los funcionarios que luchan contra este tipo de prácticas ni siqueira cuentan con «un manual de gestión» , denuncia el organismo fiscalizador, que pide más medios materiales y más formación para acabar contra estas prácticas