El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García,
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, - EFE

El Tribunal de Cuentas alerta de la falta de dotación presupuestaria del Fogasa

Ramón Álvarez de Miranda plantea la la introducción de «medidas coercitivas» con el fin de que las empresas «restituyan la información necesaria»

LUIS M. ONTOSO
MADRIDActualizado:

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha denunciado, durante la presentación del "Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial, ejercicio 2013” en el Congreso de los Diputados, la "insuficiente dotación presupuestaria" con que cuenta el fondo destinado a abonar salarios y prestaciones a las empresas inmersas en procedimientos concursales o insolventes.

En este sentido, ha lamentado la falta de previsión de la Administración ante la crisis económica, cuando el volumen presupuestado no fue el idóneo para afrontar los "efectos de progresivo y predecible aumento de las solicitudes de prestaciones". Y ello que pese a que durante 2013 la dotación para el pago de prestaciones hubo de elevarse un 63%, frente a la cuantía prevista de 843 millones.

Álvarez Miranda también ha criticado que el Tribunal de Cuentas carece de cauces de comunicación homogéneos con las empresas sobre las deudas que mantienen con el fondo, así como los mecanismos de información entre las unidades periféricas y las administraciones concursales.

De este modo, las actuaciones para recuperar las prestaciones de garantía salarial, que en 2013 sumaron 7.041 millones, contaron con "pocas garantías" de cobro. "El índice de cobro de estas deudas fue del 1,5%", recalcaba el texto.

Para asegurar una mayor cooperación por parte de las empresas con la fiscalización del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda plantea la "necesidad de abordar en la próxima reforma" de la normativa que rige la actividad de este organismo la introducción de "medidas coercitivas" con el fin de que las empresas "restituyan la información necesaria".

Según el informe de fiscalización del Fogasa, a 31 de diciembre de 2013 existía un total de 221.384 expedientes pendientes de resolver. Este dato, un 67% superior al del ejercicio anterior, se deriva del repunte del creciente número de expedientes pendientes de tramitación, que se elevaron un 295% entre 2007 y 2013.

Esta situación contrastaba, mantenía dicho informe, "con el escaso aumento de plantilla que se ha registrado en este organismo durante el mismo periodo de tiempo".