Un tímido paso frente al abismo que separa a laboratorios y empresas

La semana pasada el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que, entre otros objetivos, trata de abordar el trasvase a cuentagotas del conocimiento innovador. Los expertos consultados consideran que es un primer paso en la buena dirección, aunque advierten de que podría ser más ambiciosa. «Salvo que lo mejoren mucho, no es un cambio profundo del sistema de ciencia ni nos va a permitir situarnos al nivel que están otros países europeos», asegura Tona Rubio , Senior Project Manager de la Fundación Universidad-Empresa.

A su juicio, « se ha centrado en mejorar la contratación de los investigadores , que tenía muchísima precariedad, pero más allá del sexenio de transferencia, que es una medida acertada, no concreta al 100% cuáles son otros grandes incentivos de la transferencia tecnológica ». Añade que no aborda la gobernanza y gestión de los centros investigadores, no impulsa una estabilidad en la relación entre sistema de ciencia y empresa y deja fuera aspectos como la implicación de las pymes.

Distintos parámetros demuestran que las universidades de territorio patrio investigan y lo hacen bien. España es la undécima potencia mundial en producción científica , con 105.431 documentos publicados en 2020 y, además, los hallazgos españoles se citan un 30% más que la media mundial, según la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt). Sin embargo, luego toda esa sabiduría no se plasma como debería en innovaciones en las empresas. «La situación es francamente mejorable», resume Antonio Abril , presidente de la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de España.

Explica que, por un lado, el sistema de gobernanza de la universidad pública española ha creado excesivas distancias con la sociedad: España ocupa el puesto 30 en el Índice Mundial de Innovación, que analiza el rendimiento del ecosistema de innovación de 132 economías , y el 32 de 64 en el Ranking Mundial de Talento del IMD. Por otro lado, no ayuda el reducido tamaño del tejido empresarial . «Las compañías han desarrollado sus modelos de negocio sin tener una cultura de cooperación con la investigación pública. Han funcionado como dos vías de ferrocarril en paralelo cuando en realidad tienen objetivos convergentes», explica.

En este sentido, Julián Garde , presidente sectorial I+D+I CRUE Universidades españolas y rector de la Universidad de Castilla La-Mancha, lamenta que «solo un porcentaje muy pequeño, las más grandes que trabajan en sectores intensivos en conocimiento, consideran que las inversiones en conocimientos externos son buena opción para la aplicación de sus recursos y realizan inversiones en I+D a la vez que optan por contratar I+D externa, favoreciendo la transferencia».

En solicitudes de patentes, otro indicador para medir la transferencia, España se sitúa décima entre los 27 estados miembros de la UE (1.791 peticiones), superada por vecinos como Alemania, Francia, Países Bajos e Italia, según los últimos datos de la Oficina Europea de Patentes, correspondientes a 2020. En lo que respecta a las solicitudes realizadas por las universidades públicas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en 2019 se registraron 355, lo que supone un aumento del 8,6% interanual aunque un retroceso del 36,7% si se compara con una década atrás, como recoge el informe 2020 de la Fundación CYD.

Pero lo peor es el porcentaje de patentes de las que se obtiene algún ingreso ( 219 licencias firmadas en 2019 ) y el retorno global que consiguen las universidades españolas, de 4,1 millones de euros . «Son cifras extremadamente bajas y no sirve de nada ver si hay una pendiente positiva, sino que se deben introducir elementos de aceleración en el sistema», defiende Senén Barro , catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director científico del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Barro sabe bien de lo que habla, ya que esta institución ha puesto en marcha diferentes empresas de base tecnológica en las que participan los propios investigadores.

Un aspecto en el que España presenta carencias. En 2019 se constituyeron 84 ‘spin-off’, aunque solo 31 ampliaron capital, el menor valor en la serie desde 2012 . «El personal docente e investigador no tiene una clara orientación a la innovación e, incluso, considera que es una función que no les corresponde considerándola, de forma peyorativa, una mercantilización de la universidad . Además, los mecanismos de interfaz que se utilizan para hacer llegar al mercado los conocimientos, aunque hacen una buena labor, se constituyen como unidades administrativas más que como unidades comercializadoras y captadoras de fondos», dice Julián Garde.

Queda trabajo por delante para mejorar el estado de salud de la transferencia. Senén Barro identifica puntos clave. «Yo haría que en la formación de los doctorandos se incluyeran los aspectos relacionados con la transferencia de resultados », comienza por señalar. Asimismo, echa de menos que los profesionales que trabajan en las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) tengan el tiempo y la formación adecuada para hacer procesos de comercialización, habiendo así una transferencia proactiva . Considera igual de importante vencer las limitaciones que sufren los investigadores: falta de tiempo, de medios y de estímulos. Cabe recordar que en 2018 la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) llevó a cabo un programa piloto para reconocer sexenios de transferencia , que ahora incorpora la nueva ley de ciencia.

La medida implica que se podrá evaluar a efectos retributivos y de promoción la actividad de los investigadores enfocada a la transferencia. « Va a ser importante para pasar de una cultura de publicación a otra de transferencia y creación de sinergias », indica Antonio Abril. Ello ayudará, en su opinión, a que la participación de las empresas en la gestión, gobierno, transparencia y rendición de cuentas de las universidades se perciba como positiva.

El anteproyecto regula también la compra pública de innovación . Garde, de Crue Universidades, cree que la medida favorece la transferencia y, por lo tanto, es acertada. «Al igual que ha ocurrido con el sexenio de transferencia, aunque la compra pública de innovación es un instrumento que ya existía y se utilizaba, su inclusión en el anteproyecto de ley lo señala como mecanismo para facilitar el desarrollo de innovaciones con origen en las necesidades concretas de la administración, al tiempo que permite dinamizar, promover y dirigir la investigación más orientada a la resolución de problemas». En líneas generales, piensa que «el nuevo enfoque de la ley hacia la transferencia hará aflorar resultados de la investigación más orientada , visibilizando la labor que las universidades y organismos de investigación vienen realizando para crear valor económico y social».

La nueva norma incluye asimismo el fomento, por parte de las administraciones públicas, de las acciones de inversión y coinversión en capital-semilla (primeras fases) y capital-riesgo enfocadas en tecnología y financiación de empresas tecnológicas e innovadoras españolas. «Sin inversión en etapas muy tempranas no hay resultados y tiene que ser sobre todo capital público», recuerda Barro.

Otra de las novedades de la norma en el ámbito de la transferencia es el desarrollo de bancos de pruebas regulatorios con el fin de fomentar la investigación e innovación de vanguardia . La presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), Ana Polanco , cuenta que es una medida que venían reclamando: «Como sector biotecnológico y operando en sistemas muy regulados, nuestras empresas compiten con países cuyos entornos son más laxos, por tanto, la incorporación de los ‘sandboxs’ es muy positiva».

En términos generales, Polanco cree que «la modificación de la ley es una oportunidad para evolucionar a un paradigma de innovación abierta donde la transferencia se realice a la vez entre todos los agentes del sistema». Ahora bien, cree que hay aspectos importantes que no están recogidos : «Disminuir la burocracia para llevar a cabo acuerdos de colaboración, más y mejores instrumentos de colaboración y un alineamiento de los incentivos entre investigadores e instituciones porque la ley los da a los investigadores, pero tiene que ser también a las propias instituciones, de forma análoga a como se está haciendo en Bélgica o Suecia».

Echa en falta también una flexibilización del marco de ayudas al Estado. «No podemos depender tanto de préstamos, sino que necesitamos más subvenciones», dice. Para la presidenta de AseBio, otro punto a abordar es «una reforma de las condiciones económicas y fiscales para el sector que incluya la ampliación del crédito fiscal o la mejora del mecanismo de monetización de las deducciones fiscales». Una batería de propuestas para que ciencia y mercado encuentren al fin la conexión directa.