El tijeretazo de Hacienda recorta a la mitad la subida de las pensiones para 370.000 jubilados

Esto es solo una parte de la historia. La pensión de jubilación es un rendimiento del trabajo a ojos del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y como tal tributa bajo las mismas condiciones que el salario de cualquier trabajador. Esta operativa va a hacer que la subida de la nómina de cerca de 370.000 pensionistas se quede reducida prácticamente a la mitad o en otras palabras que Hacienda se quede con cerca de la mitad de esa mejora.

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Ha sido el propio Instituto Nacional de Seguridad Social el que ha puesto el foco sobre el asunto. En una carta firmada por la directora general del Instituto, Carmen Armesto, y remitida a millones de pensionistas para informarles sobre la revalorización de su pensión en 2022 como consecuencia de los cambios legales introducidos en los últimos meses, se revela que la subida de la pensión viene acompañada de un deslizamiento al alza del tipo de retención aplicable en el IRPF, que en el caso de los cerca de 370.000 pensionistas que perciben la pensión máxima del sistema se traducirá en cerca de un punto.

Según explica Rubén Gimeno, director del Departamento de Estudios del Reaf, el tipo de retención de las pensiones, del mismo modo que sucede con el resto de rendimientos del trabajo, se ajusta en función de la cuantía de la percepción bruta a partir de un determinado algoritmo y de las circunstancias familiares de cada individuo por lo que actúa como un ajuste natural del sistema tributario.

El impacto en euros contantes y sonantes de este ajuste natural del sistema se traduce en que una subida mensual bruta de casi 112 euros se quedará en 63 euros en términos netos (56%) para la generalidad de los perceptores de la pensión máxima del sistema. Los 49 euros restantes derivados de la subida de las pensiones para 2021 (44%) se quedarán en las arcas públicas. En términos porcentuales la cuenta es que una subida presunta del 4,1% se quedará en términos efectivos en el 2,7%, aunque según fuentes de colectivos de pensionistas en algunos casos concretos se quedará incluso por debajo de la inflación y en algunos puntuales incluso rebajará la nómina neta por debajo de la de 2021 por los cambios en el tramo del impuesto que se producirán.

Desde Seguridad Social se atribuye este efecto a la normal operativa del sistema fiscal y se remiten para cualquier comentario adicional al Ministerio de Hacienda, que es el que define la regulación del IRPF.

El asunto en este caso es que el deslizamiento al alza del tipo de retención aplicable a las nóminas de los perceptores de pensiones máximas, al compás de la subida de las mismas, va a restar este año 26 euros al mes a alrededor de 370.000 pensionistas respecto al líquido que habrían percibido todos los meses de no habérseles elevado el tipo de retención que se les aplicó en el año 2021, lo que se va a traducir en una especie de subida de impuestos encubierta a este segmento.

Menos dinero en la nómina de los pensionistas y más dinero para las arcas públicas. El fenómeno pone de manifiesto los retornos que la aplicación de determinadas políticas públicas tienen para las arcas del Estado, que se conocen de antemano, pero que sin embargo no se incluyen jamás en las memorias de impacto normativo , que especialmente en el ámbito de las pensiones subrayan el esfuerzo presupuestario que suponen pero ni mencionan los retornos que generan.

En el año 2018 cuando tras varios años de austeridad el Gobierno de Mariano Rajoy se decidió a elevar un 1,6% las pensiones y un 1,75% la retribución de los funcionarios, en los que a la postre serían los últimos presupuestos de aquel gabinete, los informes de recaudación que mensualmente publica la Agencia Tributaria hacían hincapié en el importante efecto de estas medidas de política económica sobre los ingresos por retenciones en el IRPF . Los retornos se contaron por cientos de millones de euros, pero desde el Gobierno nunca se proporcionó una cifra oficial.

Algo similar sucede con los fondos europeos. Las subvenciones que reciban las empresas se declararán como ingreso en sus declaraciones tributarias y generarán un ingreso extra para las arcas estatales, que el Ministerio de Hacienda tampoco ha estimado.

Lo mismo va a ocurrir con el retorno millonario que generará la subida de las pensiones, que afectará de manera muy especial a los cientos de miles de pensionistas afectados por la subida de sus tipos de retención en el IRPF, que rebajará por debajo de esos 6.500 millones de euros de los que habló el ministro Escrivá el coste neto real de la subida de las pensiones para las arcas públicas, pero del que no se ha tenido noticia y probablemente tampoco se tendrá en el futuro.

La maniobra pone de nuevo en el foco el debate sobre si los pensionistas deben tributar según el mismo esquema fiscal que se aplica a los trabajadores en activo . En el marco actual del IRPF el principal ajuste que reconoce de alguna manera la situación de los contribuyentes mayores de 65 años es el mínimo personal, que asciende a 5.550 euros anuales con carácter general, pero que se eleva hasta los 6.700 euros para las personas mayores de 65 años y hasta los 8.100 euros para los que tienen más de 75 años.

En 2018 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , juzgó ese beneficio fiscal como insuficiente y llegó a comprometer una desgravación fiscal específica para los mayores de 65 años, que nunca detalló y que nunca llegó a aprobarse.

Desde otros organismos como la Fundación Edad y Vida , dedicada a la mejora de la vida de las personas de mayor edad, se ha planteado el establecimiento de una exención fiscal sobre los primeros 12.000 euros de pensión como una especie de ingreso mínimo exento para atender los sobrecostes que se producen en esos tramos de edad.