Tiendas de souvenirs, peluquerías, alquiler de bicis... Estos son los negocios que se quedan sin ayudas

Representantes de estos sectores han mostrado ya su disconformidad con el filtro establecido por el Gobierno en torno a la actividad que desarrolla y no simplemente por la merma sufrida en su actividad. De hecho, Amor inició el fin de semana estas denuncias, que tildó de «insuficientes» y de «dejar a muchos autónomos atrás» . Y denuncian también las paradojas que se han dado al imponer este filtro, que da cobertura, por ejemplo, a los negocios de alquiler de coches, pero no de bicicletas. O que protege al turismo, pero no a los negocios de venta de souvenir, fuertemente lastrados por la absoluta sequía de visitantes.

Hoy mismo, la vicepresidenta Nadia Calviño ha abierto la puerta a realizar «ajustes» en el real decreto ley durante su tramitación en el Congreso e, incluso, ampliar los potenciales beneficiarios si fuera necesario, aunque lejos de hablar de una rectificación urgente lo ha vinculado «a la evolución de la pandemia», según aseguró en una entrevista en televisión.

Según la ministra, entre las 95 actividades se ha recogido a «todos los sectores que están súper protegidos por los ERTE» y se ha ampliado «a otros sectores que hemos visto que, en el mes de marzo, en lo que llevábamos, estaban teniendo más dificultades para recuperarse» y tenían un porcentaje mayor de trabajadores en ERTE. No obstante, los sectores no incluidos rechazan que hay negocios liderados por autónomos o micro pymes que no tienen trabajadores a su cargo, y por tanto tampoco figuran en los ERTE , y que llevan sin facturar, o arrastran una facturación muy menguada, desde hace ya un año.

Calviño ha argumentado que «tenemos que seguir viendo cómo evoluciona la economía y ver si hay que ampliar los sectores y recoger más o menos. Creo que, en general, más bien la tendencia es a incorporar sectores que puedan tener dificultad en estas semanas duras que todavía nos quedan por delante». Aunque, eso sí, ha insistido en que la obligación del Gobierno es «gestionar bien el dinero público» y «que llegue de verdad a las empresas que lo necesitan». La ministra ha insistido, además en que las medidas ya articuladas para ayudar a empresas, autónomos, trabajadores y familias van a obligar a aumentar en 150.000 millones de euros la deuda pública y requieren un esfuerzo de los contribuyentes.