«Algo es algo», ha declarado un portavoz de la Federación Portuguesa del Taxi (FPT)
«Algo es algo», ha declarado un portavoz de la Federación Portuguesa del Taxi (FPT) - EFE

Los taxistas portugueses arrancan una concesión al Gobierno socialista y ponen fin a las protestas

La «Ley Uber» entra en vigor el 1 de noviembre, pero al menos logran que las licencias sean reguladas por los ayuntamientos

Corresponsal en Lisboa Actualizado: Guardar
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Los taxistas portugueses han puesto fin a sus movilizaciones contra la «Ley Uber», que entrará en vigor el 1 de noviembre, después de más de una semana ininterrumpida de protestas. La razón es que se dan por contentos con el acuerdo alcanzado con el Gobierno socialista, que se ha comprometido a ceder las competencias de concesión de licencias a los ayuntamientos, como pedían los conductores tradicionales.

Es lo único que han conseguido arrancarle al Ejecutivo, pero de vital importancia porque confían en que al menos los repartos favorezcan sus intereses, toda vez que la nueva normativa no establece topes de contingentes para las cuatro plataformas electrónicas cuya actividad pasará a estar regulada: la norteamericana Uber, la española Cabify, la estonia Taxify y la francoalemana Chauffeur Privé.

«Algo es algo», ha declarado un portavoz de la Federación Portuguesa del Taxi (FPT), el mismo que ya había manifestado que esperaba un gesto mínimo de las autoridades, como finalmente se ha producido.

El resultado de las protestas llega después de que los conductores se turnaran día y noche para no perder su lugar en los lugares de aparcamiento donde se habían apostado desde el 19 de septiembre: la plaza de Restauradores, en Lisboa, y la Avenida de Aliados, en Oporto, además de la Estrada Nacional, en Faro.

En la capital, además, pusieron en práctica otra medida de presión más: una vigilia reivindicativa frente a la residencia del primer ministro socialista, António Costa, en el Palacio de Sao Bento,pues le reclamaban directamente que los recibiera y les facilitase una solución, en vista de que no se conformaban con la normativa aprobada. No se reunió con ellos personalmente, pero sí les envió un asesor de alto nivel.

Hasta ese momento, la Federación Portuguesa del Taxi solo se mostraba satisfecha con la actuación del presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, quien «al menos ha hecho todo lo posible por desbloquear la situación». Los taxistas no deseaban que se personara el ministro de Medio Ambiente porque consideraban que «es parte del problema».

El primer día de protesta se dio la circunstancia de que una delegación de taxistas españoles se desplazó a Lisboa para apoyar las reivindicaciones de sus colegas portugueses.

Los conductores del sector convencional cortaron el tránsito en Lisboa (Plaza de Restauradores, Avenida da Liberdade, Avenida Fontes Pereira de Melo, Plaza del Duque de Saldanha, Avenida da República), Oporto (Avenida de Aliados) y Faro (Estrada Nacional). Igualmente, solicitaban que se declare «inconstitucional» la nueva ley aprobada y que se paralizara su aplicación hasta que se pronunciase el Alto Tribunal, aunque finalmente no se le ha planteado ningún recurso en este sentido.

Otro portavoz de la federación dijo que el cumplimiento de esta exigencia era «una condición básica para garantizar la paz social en las calles». Una frase que fue interpretada como una cierta amenaza de que la beligerancia no pararía, pero al final todo ha quedado en palabras sin efecto.

La regulación de la actividad de las cuatro plataformas electrónicas registradas al otro lado de la frontera se halla detrás de todas estas jornadas de lucha. Una ley que establece que un 5% del importe de cada trayecto ha de entregarse al Estado, mientras que los taxistas arremetieron desde el primer momento contra uno de los puntos más controvertidos: la citada inexistencia de contingentes. La FPT ya avisó de que no iba a parar hasta que varios partidos políticos aceptaran escucharlos, como así ha sucedido. Hasta que lograron arrancar una pequeña concesión a los socialistas.