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Los taxistas desconfían del Gobierno y prevén más protestas en septiembre

El plan de Fomento para equilibrar el sector costaría cerca de 1.500 millones, según las VTC

D. CABALLERO
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Apenas tres días ha durado el armisticio entre los taxistas y el Gobierno. Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dedicara solo dos frases al gremio y de que el Ministerio de Fomento apoyara al sector con más tibieza que decisión, el taxi apunta a que están «casi seguros» de que tendrán que volver a colapsar las ciudades españolas en septiembre. Una amenaza sin vuelta atrás. La única solución: que el ministro José Luis Ábalos dé cumplimiento a sus exigencias, a las que, en teoría, ya se ha comprometido.

Pese a que las asociaciones de taxistas coinciden en destacar la disponibilidad de Fomento para dialogar, todas hacen hincapié en que tender la mano a Ábalos con los ojos vendados es firmar su propio suicidio. Desconfianza es la palabra que más repiten los representantes del sector. «Estamos casi convencidos de que habrá que volver a la huelga por los antecedentes», explican fuentes del gremio. De hecho, recuerdan que este es un problema que ningún Gobierno se ha «dignado» a tratar hasta que han paralizado las calles. Aun así, tendrán todo agosto para comprobar si el Ejecutivo va en serio con su plan de blindar al taxi. «Un mes de confianza se les puede dar», señalan desde Antaxi, para proseguir con que «ya habrá tiempo para afilar los cuchillos».

El Ministerio se ha comprometido a aprobar una modificación legislativa en septiembre que permita a las comunidades autónomas legislar a su antojo las licencias de vehículo con conductor (VTC). Asimismo, Fomento incluirá «otras medidas tendentes a corregir el desequilibrio producido entre el número de autorizaciones».

De momento este anuncio ha servido para desconvocar la huelga que ha paralizado esta semana las grandes ciudades. Pero las asociaciones exigen llevar los discursos al papel, con lo que controlarán cada paso que dé el Gobierno tras el verano. «En la primera semana estaremos con la calle y los servicios jurídicos preparados», apunta un representante del gremio. Tal es así que el 4 de septiembre, según informó Fedetaxi, se reunirán los dirigentes del sector para decidir si vuelven a la huelga.

Lo cierto es que el Ejecutivo se ha metido en un callejón sin salida con sus promesas. Algunas comunidades han rechazado una hipotética cesión de las competencias de las VTC. Otras ha pedido fondos adicionales para aceptar la «patata caliente» que es hoy el sector. Y mientras, las empresas en posesión de VTC amenazan con acciones legales si el plan sigue adelante. «Es inasumible. Fomento lo sabe y debería ser sincero con el sector del taxi», señalan fuentes del sector, que añaden que las promesas del Ejecutivo tendrían un coste desorbitado.

Inseguridad jurídica

José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha incidido en la necesidad de que se cumpla la relación que establece la ley: una VTC por cada 30 taxis. Sin embargo, la ratio está ahora en 1 a 7. Y está previsto que esta proporción se distorsione aún más, ya que todavía siguen llegando autorizaciones por la vía judicial. Todo ello hace necesario expropiar unas 15.000 licencias para que el 1:30 se convierta en una realidad, según los cálculos del sector.

«Teniendo en cuenta que las VTC ya se están moviendo en un precio cercano a los 100.000 euros, una medida de estas características supondría un coste para el Estado cercano a los 1.500 millones de euros», apuntan estas fuentes. Se trata de una hipótesis que está generando gran incertidumbre entre los grandes propietarios de VTC. «Hay muchas dudas en Uber y Cabify. España lleva ya varios años de cambios normativos y eso genera inseguridad jurídica», destacan desde el sector.