Los socialistas ponen en marcha su estrategia para derogar la reforma de las pensiones

Aunque se trata de una iniciativa sin recorrido legal sí puede servir para volver a recordar al Gobierno que no ttiene la llave del Parlamento. De hecho, todo apunta a que el PSOE volverá a conseguir esa mayoría de la mano de Podemos y los grupos nacionalistas e independentistas.

El texto insta al Ejecutivo a aplicar de forma urgente una revalorización no inferior al 1,2 por ciento para 2017 de manera provisional, mientras busca las medidas que permitan alcanzar un acuerdo social y político en el seno del Pacto de Toledo sobre un índice de revalorización de las pensiones que garantice su poder adquisitivo.

Los socialistas argumentan que según las previsiones de evolución de los precios para este año, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas alcanzará como mínimo un 2,75 por ciento.

Algo que consideran «una falta de respeto y un fraude» del Gobierno por haber proclamado previamente que «nunca sus pensiones tendrían una merma retributiva».

Además, advierten de que el 1 de enero de 2019 los futuros pensionistas verán recortada «considerablemente» la cuantía que reciben por el establecimiento del factor de sostenibilidad. Una situación que según pronostican «se perpetuará para toda su vida».

Además, el portavoz socialista, Antonio Hernando, ha avanzado el cumplimiento de la amenaza que lanzó al presidente del Gobierno a finales de año con la inclusión en el orden del día del Pleno de la semana que viene la proposición de ley para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Hernando ha admitido que aún no ha comenzado las negociaciones con los demás grupos parlamentarios porque confía plenamente en la aprobación del texto. No en vano, en el anterior periodo de sesiones los socialistas impulsaron una PNL en el mismo sentido que fue aprobada con una amplia mayoría. La proposición de ley que se debatirá la semana que viene coincidirá, además, con otra iniciativa del PNV en el mismo sentido.

El Ejecutivo no tiene capacidad para evitar la tramitación de la misma aunque sí para dilatarla en el tiempo con el objetivo de buscar una negociación que le permita que los cambios que se apliquen sean los menores posibles.