Los sindicatos reclaman al Congreso una renta mínima sin límite de tiempo

Toxo y Álvarez han explicado en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) , que se ha convertido en una proposición de Ley para ser debatida en el pleno del Congreso.

La prestación que plantean los sindicatos se dirige a casi dos millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales y su cuantía estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que a la vez se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

El presupuesto anual necesario para poder llevarla a efecto es de unos 12.000 millones de euros, el 1,1 % del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2 % y el 0,4 % del PIB.

La financiación de esta prestación sería vía presupuestos generales del Estado y mientras en Andalucía habría 766.476 beneficiarios, en la Comunidad Valenciana afectaría a 256.749 personas, en la Comunidad de Madrid a 239.384 y en Cataluña a 196.447 personas.

Álvarez ha asegurado que se trata de dar "respuesta urgente" a personas sin ningún tipo de ingresos o con ingresos mínimos y ha explicado que surge ante las "importantes lagunas" que presenta el sistema de protección social.

Ha afirmado que ha cambiado el perfil de la pobreza y que los grupos tradicionalmente vulnerables se han extendido a otras categorías, que hasta ahora estaban "relativamente a salvo".

El líder de UGT ha defendido que sea una prestación "intransferible e inembargable".

Por su parte, el secretario general de CCOO ha criticado que el Gobierno no haya cumplido con su compromiso de elaborar un mapa de las actuales prestaciones sociales y ha explicado que, tomando como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, la renta beneficiaría directamente a algo más de 2,4 millones de personas.

"Es el momento de alinear la economía con las necesidades de las personas, que son graves", ha reclamado.

El dirigente de CCOO ha reconocido que, aunque se trata de una cuantía importante, es asumible teniendo en cuenta la dimensión actual del sistema de protección social y ha recordado el efecto macroeconómico positivo que desplegará sobre el consumo.

El requisito de carencia de rentas se sitúa en el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento y condición necesaria es ser demandante de empleo al menos, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

Álvarez y Toxo han pedido a los portavoces parlamentarios que debatan la revisión de las prestaciones sociales que hay en España y confían en la "pluralidad política" del arco parlamentario