Los sindicatos desempolvan su exigencia de un SMI de 1.000 euros en la recta final de la reforma laboral

«Los sindicatos vamos a poner toda la carne en el asador para desbloquear la negociación colectiva. No es de recibo que en un país que tiene una inflación disparada del 5,4% esté la patronal proponiendo una subida de los salarios del 0%», ha denunciado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Desde su punto de vista, la secuencia de movilizaciones y huelgas a lo largo y ancho del país no son más que consecuencia de la «cerrazón empresarial» y ha avanzado que el crecimiento económico debe repartirse con la sociedad y con la clase trabajadora.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, por su parte, ha recordado al Gobierno su compromiso de subir el salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros en enero de 2022, y ha asegurado que el 1,6% de subida realizada para el SMI en los últimos cuatro meses del año resulta muy escasa como para garantizar el poder adquisitivo de los salarios. Lo mismo ocurre, ha denunciado, con el alza de los convenios.

La subida media pactada en los convenios colectivos firmados este año se limita al 1,46% , cuatro veces menos que la evolución que ha tenido el IPC de noviembre, el 5,5% . La variación salarial lleva estancada prácticamente desde primeros de año y es la más baja desde que España estuvo en tasas de inflación negativa, entre 2014 y 2016; la diferencia es que ahora los precios están por las nubes. Este freno en el alza de los sueldos supone, por su parte, una barrera para la inflación, que evita, a su vez, los efectos de la denominada segunda ronda.

Menos agitada está la orilla empresarial, aunque también los empresarios se han esforzado en dejar claro que no firmarán algo que no sea bueno para el país y, por ende, para las empresas. Ayer, la patronal dejó claro que no están dispuestas a renunciar a la flexibilidad laboral que inyectó la reforma de 2012 al mercado de trabajo, a las potentes armas que puso en sus manos la norma del PP para hacer del despido el último recurso ante una situación de crisis. Es el mensaje que ayer barajaba en clave interna la cúpula de la CEOE, que fue reunida por su presidente, Antonio Garamendi, para fijar la posición definitiva que permita a la organización empresarial sumarse o no a una reforma que abrirá las puertas a una nueva partida de 12.000 millones de fondos europeos .

La fecha límite, marcada en rojo a finales de este año, se acerca y, aunque las negociaciones para lograr un acuerdo avanzan, las posiciones entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos siguen distantes. Una de las reformas clave de la legislatura tiene aún aspectos importantes que desbloquear en cuanto a temporalidad y negociación colectiva y deberán comenzar a diluirse o, por el contrario, cristalizar definitivamente. Como ya informó ABC, el Ejecutivo tiene en mente el Consejo de Ministros del día 28 , un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al Congreso a hacer su balance anual para dar el visto a la reforma, aunque tampoco descarta mover esta fecha en aras de conseguir el acuerdo.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, busca un acuerdo a tres bandas que reforzaría el peso de la reforma y el suyo propio como negociadora. Ayer, Garamendi avisaba al Gobierno de que la patronal no avalará una reforma laboral que no sea buena para las empresas. «Si es para mejorar estaremos, pero si no es buena, diremos que no», dijo el líder empresarial tras asegurar que CEOE tiene «vocación» de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Su postura, no obstante, ya quedó clara en la propuesta de reforma que presentó al Ejecutivo, en la que rechazaba fijar límites a la temporalidad y una nueva subida de cotizaciones sociales.

El reto del Gobierno será doble . Primero, lograr un acuerdo en el diálogo social, pero después presentarlo al Parlamento y rendir cuentas ante sus socios. Estos permanecen en alerta y han pedido a la vicepresidenta segunda que les informe sobre la evolución de las negociaciones ante el temor de que la patronal esté consiguiendo rebajar el contenido de la reforma. Esquerra Republicana y EH-Bildu tienen la llave de la mayoría para validar cualquier cambio legislativo en el mercado de trabajo y le están pidiendo garantías a Yolanda Díaz de que va a derogar los «aspectos más lesivos» de la ley del PP, tal y como ha prometido el Gobierno de coalición.