El sindicato CSIF pide garantías al Gobierno de que no se recortará el salario de los funcionarios

El sindicato advierte de que existe "inquietud" entre el colectivo de funcionarios sobre este tema a raíz de los "primeros recortes" que se están produciendo en algunas comunidades, como en Extremadura, donde la Junta ha comunicado a los sindicatos que no aplicará la subida salarial acordada de un 2% para sus 48.000 funcionarios.

"En la Comunidad Valenciana, nos tememos una situación parecida, ya que aún no se ha hecho efectivo este incremento del 2% y la Administración sigue sin convocar la Mesa que debe aprobar esta subida salarial, sin dar explicaciones concretas. Tampoco se ha aplicado la subida en las empresas públicas o en ayuntamientos como el de Zaragoza", ha denunciado CSIF.

CSIF ha destacado que los empleados públicos, particularmente el sector sanitario, ha afrontado la crisis del Covid-19 en unas condiciones "lamentables y con una gran carga de trabajo", por lo que ve "inaceptable" que el "premio" de la Administración a este esfuerzo sea el de acometer nuevos recortes en sus condiciones económicas.

En este sentido, ha recordado los empleados públicos aún arrastran el recorte salarial de entre el 5% y el 10% que se ejecutó en 2010 por el entonces Gobierno socialista, con una pérdida de poder adquisitivo de entre 12,9 y 17,9 puntos.

Por otro lado, CSIF ha pedido que se incluyan en el decreto de accidente de trabajo el contagio por Covid-19 a policías, guardias civiles, trabajadores de instituciones penitenciarias y de otros empleados de sectores públicos y privados.

En un comunicado CSIF lamenta que el Gobierno haya excluido del decreto "a la inmensa mayoría de empleados públicos" y explica que la norma reconoce como accidente de trabajo el contagio por Covid-19 al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios, tal como publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado.

CSIF recuerda que se trata de una medida que ha reivindicado desde el principio de la pandemia pero lamenta que el Gobierno la limite al personal sanitario y sociosanitario, "excluyendo al resto de empleados públicos y trabajadores del sector privado que también pueden padecer una enfermedad por contagio en su puesto de trabajo".

Cita como ejemplos "las Fuerzas de Seguridad, las emergencias, Correos, las cajeras de supermercados, el personal de la alimentación, los repartidores de comida y un largo etcétera de profesiones que desde el minuto uno de la crisis han estado en primera línea".