Sin vacaciones y 84 horas semanales: así eran las condiciones de explotación en una cárnica mallorquina

Según informa la Policía en un comunicado, los trabajadores realizaban jornadas laborales de hasta 84 horas semanales por las que cobraban al mes entre 1.000 y 1.200 euros. Un abuso que han constatado los agentes a través de las declaraciones de los empleados tanto actuales como antiguos de la compañía.

Más allá de la jornada, estos empleados no tenían derecho a pagas extras e, incluso, a veces no disponían de vacaciones o estas se veían recortadas por la empresa. Asimismo, entre las irregularidades detectadas también se encontraron con que la empresa acometía despidos improcedentes por coger bajas por accidentes laborales o por enfermedad y que hacían circular a sus trabajadores en vehículos en malas condiciones para transportar la carne.

La Policía ha informado que, pese a estas pésimas condiciones laborales, los empleados terminaban aceptando los trabajos empujados por las situaciones económicas que vivían, con el consiguiente miedo a perder su única fuente de ingresos.

La explotación laboral no es las única ilegalidad en que presuntamente habría incurrido esta empresa cárnica mallorquina. En colaboración con la Inspección del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Conselleria de Salud, la Policía ha detectado serias deficiencias higiénicas en la compañía . Además, los agentes continúan investigando si esta empresa habría estafado a sus clientes al venderles productos de baja calidad como si fuera de una mayor categoría.

Las autoridades sanitarias ya habían realizado hasta la fecha cinco inspecciones sanitarias en esta cárnica, habiendo detectado: «Elaboración y distribución de productos careciendo de autorización como carne despiezada y hamburguesas; gran cantidad de productos caducados y carne fresca y congelada sin ningún tipo de etiqueta; productos con etiquetas de proveedor eliminadas y falsificando una etiqueta propia con fechas y registros falsificados».

En consecuencia, fruto de estas inspecciones, la Policía ha inmovilizado más de 2.000 kilos de carne que tenían que destruir y ha intervenido medios como la máquina de vacío y etiquetadora y establecido la prohibición de actividades y una propuesta de suspensión e inicio de expediente sancionador.