Siete años de la reforma laboral de Rajoy: más empleo, pero mayor temporalidad

La última gran modificación del mercado laboral nació con la firme oposición de PSOE, Unidos Podemos y de sindicatos, que desde entonces no han dejado de pedir su derogación

MadridActualizado:

La reforma laboral impulsada por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cumplido su séptimo aniversario como Ley tras su aprobación por el Congreso de los Diputados el 28 de junio de 2012 con los votos de la entonces mayoría absoluta del Partido Popular (186 diputados) y los 16 parlamentarios de la ya extinta Convergencia i Unió. El resto de partidos políticos votó en contra de un cambio en el mercado laboral, que había entrado en vigor en febrero vía real decreto ley en medio de una profunda recesión.

Considerada como uno de los cambios más profundos en nuestro mercado laboral, la norma salió adelanta tras cuatro meses de tramitación y sin sumar más apoyos. Una modificación que establecía cambios en materias como la indemnización por despido improcedente que caía hasta los 33 días por año trabajado para los contratos indefinidos con un máximo de 24 mensualidades. De esta forma se abanonaban los tradicionales 45 días en vigor hasta entonces.

La reforma también eliminaba la autorización previa de la administración para cursar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), además ampliaba las causas del despido objetivo permitiendo la reducción de personal por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado. Por otro lado, se creaba un nuevo contrato indefinido para pymes con menos de 50 empleados y que incorporasen a un joven menor de 30 años y un contrato de formación para este último colectivo. Además, se abría la senda para que las Empresas de Trabajo Temporal pudieran colaborar con los servicios públicos de empleo.

Pero el punto que mayor polémica generó fue el referente a la negociación colectiva, verdadero eje de los cambios que ahora propugnan los sindicatos: el carácter prioritario para los convenios de empresa, independientemente de lo que se pacte a nivel sectorial. Además se limitaba la ultraactividad a dos años, y se ponía fin a la prórroga indefinida de los convenios colectivos. Transcurrido este plazo, si no se hubiese llegado a una cuerdo, se preveía acudir a un arbitraje voluntario. Por otra parte, facilitaba que las empresas en apuros pudieran «descolgarse» del convenio (no cumplirlo).

Siete años después: ¿misión cumplida?

La reforma laboral nació para crear más empleo y rebajar las elevadas cifras del paro, con 4,6 millones de desempleados y apenas 17 millones de afiliados en junio de 2012. Lo que tardaría todavía en mejorar, cuando el número de parados registrados toque su techo en los más de cinco millones de desempleados registrados en febrero de 2013, próxima a iniciarse la recuperación. Superada la crisis e iniciado un fuerte crecimiento, este martes se conocía que la afiliación a la Seguridad Social en junio de este año se encaramaba al récord histórico de los 19,5 millones. Mientras que el número de parados registrados caía hasta los 3.015.686 de personas. Pero, a este cuadro hay que añadirle algunas pinceladas grises: la elevada temporalidad.

Como ejemplo de lo anterior, las cifras de este pasado mes de junio: Se formalizaron más de dos millones de contratos (2.009.011) , casi un 2,3% menos que hace un año, y de los cuales solo 174.159 fueron indefinidos. Es decir, el 8,67% de todas las contrataciones. De igual modo, la tasa de temporalidad se ha situado en el primer trimestre del año en el 25,9% a pesar de haber caído un 0,9% respecto a hace un año.

Para el investigador de Fedea y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Marcel Jansen, «en vez de hablar de derogar la reforma laboral hay que apostar por mejorarla». En su opinión, la medida alumbrada por el último gobierno del PP en plena crisis económica - que no duda en calificar como «urgente»- intentó «desactivar» el uso de los contratos temporales: un objetivo en el que, a decir de este experto, ha fracasado. Jansen, en concreto, ha mostrado su preocupación por «el auge de los contratos de muy corta duración». Una tendencia que, ha asegurado, ya se venía detectando en vísperas de la crisis y que ha atribuido, sobre todo, a la«transformación bastante profunda» que padece el mercado laboral.

En este sentido, ha defendido que la norma laboral de 2012 «introdujo márgenes de flexibilidad, sobre todo, interna en las empresas muy necesarios y que cobrarán mucha importancia en el futuro ante los continuos cambios». Sin embargo, se ha mostrado muy crítico con otros aspectos de la misma: la posibilidad de cambios unilaterales de las condiciones laborales por parte de la empresa ante el deterioro continuo de sus resultados económicos. A juicio del investigador de Fedea, esto «desequilibra la balanza de poder entre la empresa y los trabajadores» y advertido que estas modificaciones pueden ser «muy grandes». Al respecto, pide recuperar la «proporcionalidad» en este aspecto.

Preguntado por las críticas de sindicatos y partidos de izquierda a la norma y su apuesta por poner coto a la descentralización de la negociación colectiva y la ultraactividad (prórroga de los convenios), Jansen cree que solo serviría para «restaurar el poder de las cúpulas sindicales», y ha advertido contra la externalización de los convenios en algunos sectores a través del uso de empresas ad hoc. En cualquier caso, ha advertido contra el error «de atribuir tanta importancia las leyes laborales» y pide poner el foco en «una protección adecuada y similar a todos los ocupados». Además de apostar por una mejor formación y mejorar los servicios públicos de empleo, algo que ha recordado que no fue abordado en la reforma laboral de 2012.