La SEPI pone sus rescates en cuarentena tras el ‘caso Plus Ultra’

La intención es tener bien atados los próximos movimientos. Tal y como informó ABC, el caso de Plus Ultra ha hecho un gran daño reputacional al instrumento de la SEPI , porque ni la oposición ni una gran parte de la opinión pública han entendido por qué se considera estratégica a una empresa que apenas cuenta con un 0,1% de cuota de mercado en el sector aéreo, que ya estaba en pérdidas antes de la pandemia y cuyos accionistas han sido relacionados con miembros del régimen de Nicolás Maduro . El caso ha llegado incluso a los juzgados, después de que Manos Limpias denunciase al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora , por una presunta malversación de fondos públicos en la concesión de la ayuda.

Para evitar que una situación así se repita, el holding público está revisando todos sus procedimientos. Una situación que ha dejado a determinadas empresas en una situación muy compleja.

Donde más trabajo se le acumula a la SEPI es en el sector turístico, el más necesitado a las puertas de un verano que será determinante en el futuro de buena parte de su tejido. Una parte sustancial de las peticiones recibidas por el fondo de solvencia para empresas estratégicas, han llegado por parte de hoteleras, aerolíneas o grupos de agencias de viajes, según fuentes empresariales (Hesperia, RoomMate o Air Nostrum) . De hecho, tres de los cuatro únicos rescates aprobados hasta ahora pertenecen a estos dos últimos segmentos. Y dado este precedente, buena parte de ellas tenía previsto recibir el ‘ok’ del organismo público antes de Semana Santa. Pero la crisis institucional sufrida tras el rescate a Plus Ultra lo ha frenado todo.

Así lo confirman fuentes de una de las compañías afectadas a ABC , al asegurar que el organismo de Hacienda paralizó la firma del rescate a su empresa «después de superar todos los procedimientos y con el visto bueno del asesor de la SEPI », tras saltar a terreno público el escándalo de la concesión de 53 millones a la aerolínea presuntamente vinculada al chavismo.

«De cara a la galería niegan la influencia de este hecho en su actividad, pero internamente dicen que los consejos gestores están suspendidos. Después de seis meses de trabajo farragoso, ahora los procedimientos han cambiado. Cuando antes te pedían un papel, ahora te piden treinta», señalan estas mismas fuentes.

Lo cierto es que hace más de mes y medio que no llega al Consejo de Ministros ninguna otra petición aprobada por el fondo. La última se remonta al 16 de marzo, cuando el Gobierno dio su consentimiento a la concesión de los préstamos a la empresa de agencias de viajes Avoris, que integra a las comercializadoras de los grupos Barceló y Globalia. Precisamente, desde el sector denuncian que haya sido este el último rescate facilitado antes de frenar en seco la concesión de las ayudas. En este sentido, algunas empresas denuncian un trato discriminatorio.

En primer lugar, porque prácticamente el 75% de la cantidad total de los préstamos facilitados han ido a dos empresas de la cartera de Globalia (Avoris y Air Europa); y también por las facilidades que entienden que han recibido «al haber logrado la validación en un tiempo mucho menor a los más de seis meses que llevamos algunos esperando».

Pero además a la hora de exigirles requisitos. En esta línea, una de las compañías a la espera del rescate asegura a este periódico que la SEPI le exigió haber dado beneficios en 2019. Una condición que no se le pidió a Plus Ultra, que ha recibido el dinero de los préstamos con más de dos millones de euros de pérdidas en el año anterior a la pandemia, según reflejan sus cuentas.

La situación es delicada. Tanto que algunas voces anuncian que, de no recibir los préstamos, no solo no podrán poner en marcha su actividad en los próximos meses, sino que también se verá la quiebra de algunas de las mayores empresas turísticas españolas. El sector lleva prácticamente año y medio parado y la liquidez comienza a agotarse, a pesar de que muchas de ellas acudieran a financiación privada avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) . Una situación que deja a más de una decena de empresas turísticas en la cuerda floja.

Lo cierto es que la persistencia de la pandemia ha provocado que el número de solicitudes de acceso al fondo se dispare durante los primeros meses de 2021. Fuentes empresariales destacan que ha sido en estos meses cuando cientos de compañías han cerrado las cuentas de 2020 y, por tanto, han sido conscientes del impacto real que ha tenido la pandemia en sus balances.

Villar Mir, Abengoa, Hesperia... en los últimos meses se ha producido un desfile de solicitudes que no han llegado a ser ni siquiera atendidas por la organización. «Está todo parado por el asunto de Plus Ultra», explican fuentes cercanas a una compañía involucrada en estas solicitudes.

Ante esta situación, determinadas firmas están barajando la opción de retirar la solicitud de ayuda e intentar acudir a otras vías de financiación. Sobre todo porque la mayoría de estas compañías están ya en una situación límite cuando recurren a este mecanismo, que cuenta con cada vez más procedimientos pendientes. Desde que fuera puesto en marcha el verano pasado, el fondo de la SEPI ha acometido cuatro rescates (Air Europa, Avoris, Duro Felguera y la propia Plus Ultra) valorados en casi mil millones de euros. Supone el 10% de la dotación con la que fue constituido el fondo.

Todos estos rescates, ejecutados de forma opaca y criticados por la oposición, han recibido el aval de Bruselas . La Comisión Europea suele poner luz y taquígrafo sobre las ayudas directas a empresas, pero tras el estallido de la pandemia flexibilizó su legislación para permitir que los Estados miembros repartieran, bajo determinados condicionantes, las ayudas que consideraran oportunas.

Así, Francia, Alemania o Italia otorgaron el año pasado jugosos rescates a compañías nacionales como Air France (que ha recibido casi 15.000 millones de fondos públicos), Lufthansa (9.000 millones) o Alitalia (3.000 millones). Todos ellos han contado con el visto bueno de Bruselas, que ni siquiera emite su aval cuando las ayudas son inferiores a 250 millones de euros.

Pero este marco regulatorio no se mantendrá de forma permanente. En un principio, caducará el próximo 30 de junio, aunque determinados países (entre los que también se encuentra España) llevan meses presionando a la Comisión para que amplíe este horizonte temporal, al menos, hasta final de este año. El tiempo, sea como fuere, corre en contra de las empresas y la SEPI .