La Seguridad Social dejará este año de tener superávit

En su comparecencia ante la Comisión no permanente del Congreso para la renovación del Pacto de Toledo, Fernández Ordóñez añadió que para resolver este problema debería afrontarse sin dilación una serie de reformas estructurales para que el sistema público de pensiones no entre en un déficit permanente a partir del año 2025.

Las medidas a tomar deben perseguir unas finanzas públicas saneadas, implementar reformas estructurales en la economía y una reforma del propio sistema de pensiones. Respecto a esto último, Fernández Ordóñez dijo que lo importante es mantener una elevada proporcionalidad entre las prestaciones que se reciben y las cotizaciones que se pagan, como se ha recogido desde el primer momento en el Pacto de Toledo.

Opciones a tomar

El gobernador mencionó a continuación algunas opciones a tomar que dijo que no son propuestas del Banco de España, sino medidas adoptadas en otros países, sobre las que se debería reflexionar.

Así, indicó que algunos países han optado por retrasar la edad legal de jubilación introduciendo reformas en tres frentes. En primer lugar, endureciendo las condiciones para la jubilación anticipada. También se ha incentivado la permanencia en la vida laboral más allá de la edad de jubilación y, finalmente, se ha decidido retrasar la edad de jubilación, aunque -precisó- eso sólo se ha producido en pocos países, como Alemania, donde se ha procedido a un incremento gradual de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.

En segundo lugar, otros países han optado por ampliar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora. Francia ha pasado de tomar 10 años a incluir 25 años en ese cálculo, Austria ha pasado de 15 años hasta 40, mientras que Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia lo han aumentado a la totalidad de la vida laboral. Fernández Ordóñez dijo que esta propuesta estaría alineada con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En tercer lugar, en algunos países se ha procedido a reducir la tasa de sustitución de las pensiones, definida como la pensión neta dividida por los ingresos netos previos a la jubilación, bien reduciendo el porcentaje de la base reguladora que se percibe tras haber cotizado el período mínimo (actualmente fijado en el 50%), bien ampliando este período mínimo o bien reduciendo las tasas con que se aumenta ese porcentaje inicial por cada año adicional de cotización.

Por último, precisó que todas estas reformas podrían aplicarse sin necesidad de modificar el actual sistema de reparto, a través de cambios en sus parámetros.