La Seguridad Social cerró 2016 con un agujero de 19.000 millones

El grueso del déficit (45,3%) se atribuye al régimen general, el más importante, aunque si se tiene en cuenta el número de afiliados no es el que presenta el mayor desequilibrio. A finales de 2016 había en España 17.679.170 afiliados, de los que 13.199.084 están en el régimen general. Su déficit ascendió a 8.400 millones. Más llamativa es la relación que existe entre afiliados y déficit en regímenes como el agrario, el del mar o el de la minería del carbón (ver gráfico superior). El régimen de autónomos cerró el ejercicio con 1.310 millones de euros y a final de 2016 rozaba los 3 millones de afiliados.

Los datos de déficit de la Seguridad Social, en los que no incluyen las cuentas del desempleo ni las del Fogasa, reflejan que el sistema público de pensiones atraviesa por un momento de especial dificultad, teniendo en cuenta que las jubilaciones aumentan a mucho mayor ritmo que los ingresos . Y ello pese a que el empleo crece con fuerza, prácticamente al mismo nivel del PIB.

Esta compleja situación de las finanzas de las pensiones se explica por varias razones. Por un lado, los perceptores que se incorporan al sistema lo hacen con pensiones más altas -la pensión de jubilación está en 1.200 euros-debido a que han cotizado por sueldos altos. A ello se une que el número de personas con derecho a recibir una pensión está creciendo a ritmos superiores al 1% . Y, por último, hay que tener en cuenta que parte de las contribuciones al sistema se realizan por trabajadores que tienen sueldos más bajos, fruto de jornadas a tiempo parcial o contratos temporales. Y, en consecuencia, sus cotizaciones son inferiores a las realizadas por los que ahora se jubilan. Ello es debido, en buena parte, a la moderación salarial que, por otro lado, ha permitido ganancias de competitividad de la economía y recuperación de empleo.

Y dado que los ingresos del sistema por cotizaciones siguen siendo insuficientes por sí solos para pagar las pensiones, el recurso al Fondo de Reserva ha sido constante . Solo en 2016 la Seguridad Social tuvo que retirar 19.200 millones de la «hucha» y si se analiza desde 2012, el año que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a romper por primera vez esa «hucha», el total dispuesto ha sido de 50.000 millones, una cantidad que se ha destinado a pagar las extras de verano y de Navidad.

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo busca desde finales del pasado año fórmulas que permitan devolver el equilibrio financiero al sistema en una año en el que el pago de las pensiones públicas volverá a representar la mayor partida de gasto del Estado durante este ejercicio.

Como ya informó este periódico, el desembolso rozará este año los 140.000 millones. Aunque desde 2014 la cifra de revalorización anual ha sido la mínima fijada en la Ley, el 0,25%, el crecimiento anual del gasto en pensiones ha superado el 3%, lo que provocará que la Seguridad Social tenga este año pagos récord.

Mientras la comisión parlamentaria del Congreso busca soluciones financieras para la Seguridad Social, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y empresarios en las mesas abiertas sobre la reforma de las pensiones « destopar » bases y pensiones máximas entre un 2% o 2,5%. El objetivo expresado por el Gobierno a los agentes sociales es mantener la contributividad de la pensión de jubilación.

En estos momentos hay más de 1,2 millones de trabajadores que cotizan por las bases máximas, pero en muchos casos sus salarios reales son más elevados que el tope de cotización, lo que provoca que la Seguridad Social deje de ingresar importantes recursos por esta vía. La clave para justificar la adopción de esta medida está en un dato que proporciona la Seguridad Social : la correlación entre «contributividad» y solidaridad en la pensión máxima es de un 80/20. Esto quiere decir que con el 80% de lo aportado por los cotizantes de bases máximas se costea su pensión y el 20% restante se destina a pagar las prestaciones de otros de forma solidaria. Esta proporción es la más baja registrada nunca.