El sector público sigue engordando y ya tiene 300.000 asalariados más que hace cinco años

El saldo de conjunto es contundente: España cerró 2018 con 300.000 empleados públicos más que los que había al finalizar 2013. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) son reveladores: las administraciones autonómicas son, con mucha diferencia, las que más están engordando sus plantillas; y este repunte del empleo público fue especialmente intenso en 2018, año en el que entre todas las administraciones sumaron otros 136.000 asalariados, a una media de 11.300 más cada mes.

Tras esta escalada, España tiene ahora 3,2 millones de empleados públicos. La cifra ya se aproxima, y mucho, a la que había justo antes de que estallara la crisis. El máximo se alcanzó a finales de 2011, cuando llegó a haber 3,3 millones de trabajadores a sueldo de la Administración, de sus organismos, entes y empresas públicas. Con la crisis, a finales de 2011 empezó un ajuste forzoso que, en un par de años, descargó al sector público español de unos 400.000 asalariados. Pero en el último quinquenio se han incorporado 300.000, así que las tres cuartas partes de aquel ajuste ya ha quedado amortizado.

Esta dinámica lleva aparejado un acusado repunte de los gastos de personal, que c onsumen una gran parte del presupuesto público año tras año. Prácticamente uno de cada tres euros que gastan las comunidades autónomas son sueldos, unos 160.000 millones de euros al año.

Frente a quienes alertan de que es peligroso el ritmo al que está volviendo a engordar el sector público español, los sindicatos de la Administración sostienen que los recortes que se realizaron durante la crisis fueron excesivamente severos y que, ahora, solo se está compensando parte del empleo que se perdió y que sumió a algunos servicios esenciales en una precariedad insostenible.

El economista Juan Velarde es de los que cree que el sector público está transitando de nuevo por una inquietante senda de aumento del gasto estructural, en el que los sueldos son parte destacada. Advierte que es «peligroso» caer en la tentación de disparar el gasto público. Y afirma que todo aumento de plantillas debería ir precedido de un análisis en el que, objetivamente, se determine qué servicios han de ser reforzados y apostar por puestos que aportan valor añadido colectivo –en sectores como la sanidad, la educación, la investigación o las tecnologías–. Advierte que lo contrario, un aumento indiscriminado del empleo público, tiene tintes peligrosos a medio y largo plazo.

El sindicato CSIF sí considera justificado el aumento de plantillas que se está observando en el sector público. Defienden que esa expansión de personal que se ha producido en los últimos años responde a la necesidad de cubrir las vacantes que se acumularon durante los recortes. Y también para acabar con las grandes bolsas de interinidad que se dan en el sector público. Pero reconocen que no se trata de aumentar el empleo público sin más. «Debe hacerse un plan de recursos humanos que defina claramente qué servicios queremos prestar y cuántos efectivos necesitamos para hacerlo. Somos los primeros que no queremos mantener servicios superfluos o innecesarios, pero sí que los que se presten a los ciudadanos se den con garantías», explica el vicepresidente del sindicato CSIF, Francisco Iglesias.

«Los ciudadanos deben ser conscientes de que cuando se habla de adelgazar la Administración se está hablando no solo de servicios típicamente burocráticos, sino también de médicos, de personal de enfermería, de policías, de profesionales que gestionan la Seguridad Social...», advierte Iglesias. Y señala que esos han sido ámbitos que resultaron muy castigados por los tijeretazos aplicados durante la crisis.

Sanidad y educación son dos áreas muy intensivas en mano de obra y ambas están en manos de las autonomías. Eso explica que las administraciones regionales sean, con diferencia, las que más efectivos concentran en el agregado público del país. Y las autonomías están siendo, también, las más que más están engordando sus plantillas, seguidas de las entidades locales.

De los 300.000 empleados públicos que ha sumado España en el último quinquenio, casi 250.000 han sido contratados por las administraciones autonómicas. Solo durante el último año, las autonomías engordaron con otros 88.000 asalariados, mientras que las entidades locales sumaron 40.000 y la Administración Central incorporó otros 24.000 –la cifra incluye al Ejército y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado–. Sin embargo, la plantilla de la Seguridad Social perdió más de 11.000 efectivos.

Gran parte de los empleos que han creado las administraciones públicas españolas en los últimos años son temporales. No son plazas ocupadas en propiedad y, por tanto, no han sido cubiertas siguiendo los procedimientos ordinarios de acceso al empleo público fijo, mediante oposiciones regladas y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el sector público español tiene actualmente 843.000 interinos. Suponen el 26,3% de todos los que están a sueldo de las administraciones, de sus entes, organismos o empresas públicas.

El vicepresidente del sindicato CSIF, Francisco Iglesias, afirma que esa tasa de temporalidad es inadmisible, y que Europa ya ha reprendido por ello a las autoridades españolas. «Durante la crisis se abusó de la contratación temporal en el sector público español, y así lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», asegura Iglesias, quien indica que las Administraciones recurrieron a la figura de los interinos para sortear las limitaciones que el propio Estado se impuso para no cubrir con personal fijo una parte significativa de las vacantes que se iban produciendo. «Llegaron a darse situaciones extremas como enfermeros que en un mismo año llegaban a firmar 30 o 40 contratos, y profesionales que eran contratados en el sector público por días e incluso por horas, como un médico que fue dado de alta durante solo tres horas para trabajar en un centro de salud», explica el vicepresidente del CSIF. De ahí –subraya– que ahora uno de los objetivos prioritarios que se han marcado los sindicatos sea conseguir ofertas de empleo público para convertir plazas interinas en fijas. «A raíz de la crisis, pasamos de tener una tasa de temporalidad del 10% a elevarla hasta el 30%», dice Iglesias. Los acuerdos sindicales firmados con la Administración –explica– se han marcado como meta reducir por debajo del 10% la tasa de temporalidad del sector público, que ahora ronda el 26%.