La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, en un acto previo al 8-M
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, en un acto previo al 8-M - EP

El sector público incumple la ley y entierra sus planes de igualdad

Solo cinco comunidades autónomas cuentan con un plan aprobado como obliga la norma y el Gobierno rechaza fijar sanciones a las administraciones díscolas

MADRIDActualizado:

El sector público no predica con el ejemplo en la aprobación de planes de igualdad que el Gobierno endureció por decreto hace unas semanas a empresas y administraciones. El decreto de Igualdad Laboral aprobado el pasado 1 de marzo recogía la obligación de que las compañías de más de 50 trabajadores aprobaran un plan de igualdad, frente a la anterior ley de 2007 que solo lo exigía para las que tienen más de 250 empleados. Pues bien, la mayor parte de las administraciones por encima de este umbral incumplen la Ley y no cuentan con plan de igualdad alguno pese a que también es obligatorio para ellas. Mientras tanto, asociaciones empresariales se quejan de que al endurecer la obligación de contar con estos planes, los costes aumentarán para el sector privado y, en concreto, para las 24.000 compañías afectadas.

Además del Estado, solo cinco comunidades autónomas y una veintena de ayuntamientos han aprobado un Plan de Igualdad como reclamaba la Ley del ramo de 2007, señalan desde CC.OO. Las regiones que lo han aprobado son País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha –aunque esta no lo ha desarrollado–. Madrid y Galicia aún están negociándolo mientras que diez regiones han incluido medidas puntuales en sus planes estratégicos, si bien no han aprobado planes de igualdad como tales. Es decir, doce de las 17 comunidades incumplen la Ley.

335 administraciones locales deberían tener plan

En cuanto a los ayuntamientos, un obstáculo es que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no registra todos los planes. Pero los que tiene contabilizados no llegan a la veintena. CC.OO. calcula que estarían obligados a contar con un plan muchos más consistorios: sumando diputaciones, consejos insulares y cabildos unas 335 administraciones locales deberían tener este requisito. Como ejemplo positivo, Madrid, Zaragoza, Gijón, Ceuta, Ávila, Palencia, Cartagena y Orihuela tienen aprobado sus respectivos planes, entre otros.

Entre las 41 diputaciones obligadas consta que solo nueve han aprobado un Plan de Igualdad: Cádiz, Albacete, León, Burgos, Valencia, Cáceres, Badajoz, Orense y Pontevedra. Otras seis se han comprometido a aprobarlo de manera «inminente» (Zamora, Palencia, Soria, Salamanca, Gerona y Lugo).

La paradoja de esta obligación, que ahora el Ejecutivo ha endurecido, es que no cuenta con régimen sancionador alguno. De esta forma, las administraciones pueden ignorar la legislación, no aprobar los planes e incumplir sin ninguna consecuencia. CC.OO. reclamó al Gobierno incluir en el decreto sanciones para las administraciones y empresas públicas díscolas, para que sirvieran de ejemplo ante el sector privado. Una petición a la que el Ejecutivo se negó. Tampoco incluyó ninguna referencia explícita en el decreto a que las administraciones estén obligadas a estos planes, para así elevar la presión sobre ellas, como exigió el sindicato. Esta negativa llegó a meses de las elecciones municipales y autonómicas, evitando así elevar el grado de cumplimiento sobre estas administraciones.

Los planes de igualdad deben contener un conjunto de medidas para fomentar la igualdad de hombres y mujeres en procesos de contratación, clasificación profesional, salarios, formación y promoción, además de prevenir el acoso sexual. Estas medidas se deben evaluar y establecer una Comisión para su negociación y seguimiento con representantes de los trabajadores y empresa. El año que viene las compañías y administraciones que tienen más de 150 empleados deberán cumplimentar esta obligación, que en 2021 será para las que tienen más de cien y en 2022, para las de más de 50.

El argumento que esgrimen muchas de las administraciones incumplidoras, sobre todo ayuntamientos, es que si se distingue entre personal laboral y funcionario, no superan los umbrales de 250 empleados que marca la Ley. «Algunas intentan saltárselo en base a esta excusa que no deja de ser eso, una excusa, porque tanto funcionarios como personal laboral tienen el mismo empleador y la Ley no hace distinción», señala a ABC la secretaria de las Mujeres de FSC-CC.OO, Carmen López.

24.000 empresas afectadas

Si bien muchas compañías también incumplen, asociaciones empresariales señalan que las nuevas obligaciones para cerca de 24.000 compañías –las que tienen entre 50 y 250 trabajadores– en los próximos años, derivará en un considerable aumento de costes. Desde CEOE critican que la reforma de la Ley de Igualdad Laboral se haya tramitado como decreto, además de que se haya ignorado el diálogo social al no haberse mantenido negociación alguna con sindicatos y patronal.

Pese a ello, la norma ha incorporado sugerencias de CEOE como que el endurecimiento de los planes sea progresivo, además de que desaparezca el contenido mínimo de los mismos y se obligue a negociar su evaluación entre empresa y sindicatos, a fin de adaptar la medidas a cada compañía y sector.

«El decreto conllevará más trabas burocráticas, más cargas organizativas y, en definitiva, más costes», describe la directora de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos, que añade que para realizar la evaluación de los planes de igualdad hará falta un «asesoramiento externo muy importante», ya que el empresario debe facilitar información a los representantes de los trabajadores. Mientras tanto, la Administración continúa suspendiendo en materia de igualdad.