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Guerra abierta entre inmobiliarias y Gobierno

Los propietarios piden al Ejecutivo controlar las ocupaciones

Guillermo Ginés

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El Gobierno prometió en encuentros privados moderación a los fondos de inversión y a las inmobiliarias cuando tomó posesión. Pero los anuncios realizados en las últimas semanas van en la dirección contraria. Primero, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció en el Congreso que permitiría los controles de los precios del alquiler antes del verano. Y el pasado lunes, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, explicó que se prohibirían los desahucios por impago del alquiler en zonas «tensionadas».

Tras el anuncio, publicado en la red social Twitter, el Ministerio de Transportes intentó mitigar el impacto de la medida explicando que solo se prohibirán lanzamientos cuando estén protagonizados por los fondos de inversión y afecten a colectivos desfavorecidos. Sus declaraciones, sin embargo, han generado todavía más confusión en el sector residencial. En una consultora inmobiliaria explican que el impacto real de la medida dependerá de si efectivamente se limita a fondos de inversión o también se limitan los desahucios en los que el propietario sea un particular. Según los cálculos de compañías como CBRE, los particulares copan gran parte del mercado y apenas el 10% de las viviendas están en manos de fondos de inversión.

«Si se limita la prohibición de los desahucios a propietarios jurídicos, la medida será ineficaz porque apenas afectará a unas miles de viviendas. Pero si se amplía a propietarios físicos, la iniciativa tendrá un gran impacto. Y será la clase media, que es la que acumula un mayor número de viviendas en España, la que acabará soportando los impagos del alquiler», explican desde esta consultora.

Además, las empresas del mercado advierten de que, al igual que ocurre con la imposición de topes a los precios del alquiler, las restricciones puede tener el efecto contrario al deseado. Desde un fondo de inversión explican que serán «las personas más desfavorecidas las que acabarán pagando la reforma», porque los grandes propietarios se mostrarán más reacios a alquilarles viviendas sabiendo que si cometen impagos no podrán disponer de esa vivienda. Estas empresas aseguran que ya cuentan con medios para asegurar la habitabilidad de colectivos desfavorables y aseguran que «con esta medida se está trasladando al sector privado un problema que debe resolver la Administración».

Los desahucios por impago del alquiler se han convertido en una problemática social en los últimos años. El rápido incremento de las rentas producido en determinadas ciudades, como Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, ha provocado notables incrementos de los lanzamientos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de los 54.006 lanzamientos que se produjeron en 2019, más del 66% (36.467 lanzamientos) estuvieron motivados por impagos del alquiler.

Pese a ello, en el mercado se intuye cierto cambio de tendencia. El año pasado disminuyeron los desahucios en el alquiler por primera vez desde 2016. Y las cifras de los portales inmobiliarios (todavía no está preparado el índice de precios del alquiler)reflejan que la subida de las rentas se está frenando.

Las empresas del sector reconocen que existe una «lacra social» relacionada con los desahucios. Pero proponen otras alternativas. Inmobiliarias como Alquiler Seguro han propuesto aumentar la oferta en las zonas tensionadas y que los lanzamientos se endurezcan en zonas más deprimidas económicamente, «donde hay problemas de desempleo estructural y coyuntural».

Con la hoja de ruta actual, el sector considera que no solo no se evitarán los lanzamientos, «sino que además se incrementarán las ocupaciones». Desde la asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona han avisado esta misma semana que la medida anunciada por el vicepresidente Iglesias «anima a los inquilinos a no pagar las rentas».

De forma paralela a los incrementos de precios y de lanzamientos, en los últimos años se ha registrado un notable incremento de las denuncias por ocupación en España. Según los datos del CGPJ, el año pasado se registraron 4.017 denuncias, más del doble que en 2018 (cuando se produjeron 1.740). El incremento es todavía más acusado en provincias como Barcelona(que registró 740 denuncias el año pasado) y Madrid (440 denuncias). Los fondos de inversión prevén que estas cifras se incrementen todavía más en los próximos meses.

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