El sector alimentario español se come el mundo

La realidad es que las cifras de la industria alimentaria superan cada año su propio récord. Aunque el ejercicio de 2017 ya está cerrado las cifras no están aún compiladas. Sin embargo, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) adelanta que la exportación batió un nuevo récord al alcanzar los 30.000 millones de euros, un 9% más que en el ejercicio anterior. En datos acumulados, el crecimiento ha sido del 33% en el último lustro y ya representan casi tres de cada diez euros de la facturación de toda la industria española en el exterior.

Mauricio García Quevedo, director general de FIAB, asegura que «mantenemos nuestro objetivo de que la exportación en 2020 represente el 40% de todos los ingresos, ya estamos ahora en el 30% y al ritmo que vamos iremos superando esta cota». Uno de los objetivos es que esta industria supere a la de Italia y de Bélgica en valor de sus exportaciones, pasando así de la sexta a la cuarta posición en la clasificación europea. En este punto sorprende un poco que un país pequeño y con poco o nulo sol, como es Bélgica, tenga una exportación mayor en valor que España, y la explicación es que este país se lanzó a vender fuera sus productos hace ya muchas décadas mientras que en el caso de España el salto se empezó a dar alrededor del año 2003 y, posteriormente, cuando estalló la crisis, fue la puntilla para que los empresarios españoles vieran más claro que nunca que exportar era la única manera de estabilizar la demanda y por tanto la fabricación.

En cuanto a mercados, hace 15 años los productos agroalimenarios españoles iban mayoritariamente a la Unión Europea, en un porcentaje de alrededor del 95% y ahora es del 66% dada la diversificación de destinos de nuestros aceites, carnes y vinos mayoritariamente, sobre todo el Sudeste asiático y China. Valga el dato de que la exportación a China aumentó un 49% en 2016 y a Japón un 16%.

Por países donde son más numerosos los productos alimenticios españoles es en Francia, seguida de Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania. Fuera de Europa el ranking lo lidera Estados Unidos, que representa el 5,6% del total, seguido de China (4%), Japón (2,5%), Suiza (1,2%) y México (1,1%).

Entre las preocupaciones que tiene el sector está en lugar destacado el mercado de Estados Unidos, el sexto por volumen, y la tendencia proteccionista que se ha instalado allí desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Una prueba manifiesta de este asunto es el arancel que ha impuesto a la aceituna de mesa española que, no nos llamemos a engaño, no se trata de una persecución especial sobre este producto si no que, lo que subyace, es la puesta en cuestión de toda la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, por la que de una manera o de otra los agricultores del Viejo Continente reciben ayudas que, según el argumentario de Washington, son competencia desleal en relación con sus propios productores agrícolas.

Así las cosas es la propia Unión Europea, a través del Consejo de Agricultura en el que se reúnen todos los países, el que está llevando las riendas de la negociación con las autoridades de Estados Unidos en relación al conflicto del arancel de la aceituna de mesa española. La cuestión es que en Bruselas temen que este conflicto sea solo el «aperitivo» de los que vendrán en relación con otros productos agrícolas europeos.

Por productos, los cárnicos y derivados del cerdo siguen siendo los más exportados con una cifra superior a los 4.420 millones de euros, seguidos del aceite de oliva, con 3.366 millones, el pescado y sus conservas, con 2.905 millones, y el vino con 2.745 millones, todos datos correspondientes al ejercicio de 2016. Además de los productos mencionados es posible encontrar fuera de nuestro país también las conservas vegetales, los productos del dulce, la leche y los lácteos, las mencionadas aceitunas de mesa, la carne y los derivados del bovino y los aceites de oleaginosas.

Otro de los factores que históricamente no han ayudado tampoco a la actividad exportadora del sector agroalimentario español es la falta de empresas grandes en esta rama de actividad, al contrario de lo que sucede por ejemplo en el sector bancario o en el textil, donde hay gigantes que han llevado sus marcas y productos desde hace años por buena parte del mundo.

Los expertos aseguran que la falta de tamaño en el caso de las empresas agroalimentarias no solo es un handicap a la hora de exportar, sino que también es una rémora en cuanto a investigación y economías de escala se refiere.

Al igual que en las exportaciones, en 2017 se batieron igualmente todos los registros en términos de producción y empleo, con un aumento de un 4% en el caso de este último hasta rebasar la simbólica cifra de los 500.000 de empleos directos, y 2,5 millones indirectos. Una de las cosas que pone en valor esta industria es que la mayoría del empleo que genera es de carácter indefinido, al contrario de lo que ocurre por ejemplo en el sector servicios, una actividad de marcado carácter estacional.

En materia de tendencias, esta industria tiene que hacer frente a las nuevas tendencias de consumo, que pasan sobre todo por los productos biológicos y basados en la proteína vegetal, los relacionados con la salud o enriquecidos y, en general, los que están producidos con una menor cantidad de aditivos y conservantes, de ahí la importancia creciente que tiene la inversión en I+D+i. Entre las nuevas iniciativas figura por ejemplo la reformulación para bajar azúcar, grasas y sal en más de 3.500 productos para mejorar la salud de los consumidores.

Uno de los hitos importantes de este sector en los últimos años ha sido la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte del Gobierno con el objetivo de restablecer el equilibrio y la seguridad jurídica entre todos los eslabones de la cadena alimentaria y que no se abuse de los más débiles.

Precisamente en relación con este asunto España ha sido pionera y esta misma semana la Comisión Europea ha propuesto la prohibición de las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, para garantizar que los agricultores y las pymes tengan más certidumbre y menos necesidad de gestionar los riesgos sobre los que tienen un control escaso.

Jyrki Katainen, vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Fomento de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, ha asegurado que «en la cadena de suministro de alimentos hay desequilibrio en el poder de negociación y con esta propuesta la Comisión aborda las prácticas comerciales desleales de forma directa. Actuamos porque los comportamientos comerciales injustos perjudican la viabilidad económica de los operadores de la cadena. Al establecer normas mínimas y reforzar su aplicación, la propuesta debería garantizar que estos operadores puedan competir en igualdad de condiciones, contribuyendo así a la eficacia global de la cadena. Un mensje claro para un comportamiento comercial más justo».

Las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse son las demoras en los pagos de productos perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos y obligar al proveedor a hacerse cargo de los gasto de los productos perdidos. Otras prácticas, sin embargo, solo serán permitidas si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes como que un comprador que devuelva productos alimenticios o los no vendidos al proveedor, entre otras.

En el caso de España la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) propuso en el año 2017 un total de 573 sanciones, 517 más que en el año anterior. El total de sanciones del año pasado supone el 62% del total desde que se inició la actividad en el 2014. En el 2017 realizó un total de 1.882 de inspecciones de las 3.669 que ha realizado en los tres años de vigencia, consolidándose así como un organismo imprescindible y referente para hacer cumplir las medidas en mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En total, ha impuesto 922 sanciones, por un importe superior a los 9,2 millones de euros. La industria alimentaria es la que más sanciones contempla, un total de 424. Una cifra similar a la suma de la distribución minorista con 248 y distribución mayorista con 232.