La Sareb denuncia el desastre expropiatorio balear y el llamamiento a okupar

La Sareb es una entidad creada en 2012 para sanear a la banca de su exposición tóxica al ladrillo. De ahí que su capital esté en un 55% en poder de las entidades financieras y el otro 45% en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) . En su nacimiento compró a los bancos una cartera de activos inmobiliarios por 50.781 millones de euros: 80% préstamos a promotores y 20% inmuebles. El mandato público que tiene es haber vendido todos sus activos en 2027 .

Bajo el contexto de ese reparto de propiedad y plazos, en la Sareb se muestran tremendamente sorprendidos por verse afectados por la medida , más aún cuando su relación con la Administración balear siempre ha sido bastante positiva y de colaboración. «O se está con los especuladores o se está con la gente», dijo el jueves Armengol. Los inmuebles, que se expropiarán por un periodo de siete años, irán destinados a vivienda social.

Esta finalidad es uno de los puntos que más sorprende en la sociedad semipública. La Sareb lleva años firmando acuerdos con administraciones de toda España para la cesión de sus propiedades para vivienda social; es más, en 2015 se vendió a bombo y platillo un convenio de colaboración entre la entidad y el Gobierno balear para la cesión de 75 viviendas -el número final bajo gestión de la administración de la región quedó en 43, por las condiciones de algunas propiedades, varias de ellas okupadas- para alquiler social. Un pacto que abarcaba cuatro años y del que se cumplió el plazo de finalización en 2019.

La experiencia de la Sareb con el Ejecutivo de las islas sobre el citado acuerdo no ha sido precisamente buena. En 2019 finalizó la colaboración... pero el Gobierno balear no ha devuelto las viviendas a fecha de hoy, según ha confirmado ABC. La Sareb sigue cobrando la renta mensual pactada en su día para hacer frente a ciertos gastos, pero no ha podido disponer de ellos desde entonces. Siguen en poder de Baleares un año y medio después de terminar el convenio, sin ningún documento legal en vigor que avale que la gestión pueda seguir realizándola el Gobierno de Armengol . Es cierto que la Sareb ha venido permitiendo esta anomalía, pero se han plantado y negocian ya con el Ejecutivo regional volver a firmar un nuevo acuerdo o que le compren las viviendas. «Esto no puede continuar así», dicen las fuentes consultadas.

Asimismo, al menos 13 viviendas de esas 43 que finalmente pasaron a gestión pública estaban okupadas hasta verano del año pasado. Y desde la Consejería de Movilidad y Vivienda aseguran que mantener la gestión aunque el acuerdo finalizara ha sido de mutuo acuerdo, aunque se excusan en que cuando la Sareb pidió renovar el convenio lo hicieron en pleno cambio de dirección del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) y estuvieron meses sin enterarse de esta anomalía legal por recibir la notificación en una dirección en la que ya no estaba esta institución.

A este problema se suma ahora la expropiación anunciada. En la entidad afectada, así como en otros bancos y fondos de inversión, no consta haber recibido ninguna notificación oficial sobre la intención de arrebatarles sus viviendas. Incluso, hay quienes señalan prácticamente haberse enterado por la Prensa .

En este sentido, fuentes financieras explican que no es habitual que los bancos acudan a procedimientos legales para recurrir la expropiación, y no se espera, hoy día, que lo hagan en este caso. Los fondos, por su parte, sí suelen ser más proactivos en este tipo de problemas. Y la Sareb, también.

La entidad semipública confirma a ABC que estudiarán la situación para, llegado el caso, ir incluso a los tribunales si fuera necesario para paralizar y anular la expropiación. Ya lo han conseguido en otros ámbitos locales; y su experiencia, por ejemplo, en Barcelona, les tiene preparados para reaccionar. Uno de los principales problemas que ve la Sareb para dejar correr el problema es que, si aceptan la expropiación, les sería imposible cumplir con su mandato público, ya que tienen que haberse deshecho de toda su cartera de activos inmobiliarios de aquí a 2027. Si se ejecuta la expropiación de siete años, significaría incumplir la labor que se le encomendó desde el principio: vender.

A todo ello se unen las quejas en la entidad a que la publicación con la referencia catastral identificando a todos los «grandes tenedores» supone, en suma, un llamamiento a la okupación ilegal . Es decir, que se señalan directamente los pisos que hay vacíos, lo que puede suponer un reclamo para quienes se dedican a entrar en casa ajena. Aquí cobra especial relevancia que el Gobierno balear tiene ya 97 viviendas sociales okupadas irregularmente y que no cobra uno de cada cuatro recibos que emite.

Por otra parte, desde el Ejecutivo balear se transmite esta operación como un paso pionero para solucionar el problema de la vivienda. Una tesis apoyada por Unidas Podemos , pero rechazada por el PSOE . El Gobierno nacional está dividido sobre las expropiaciones, y mientras unos desearían incluirlo en la nueva ley de vivienda, los otros se resisten.

Una batalla política con la Sareb de por medio, que justo hace poco firmó con el Gobierno un acuerdo para ceder 15.000 de sus inmuebles a vivienda social. De momento, ese pacto parece no peligrar, pero sí podría enturbiar las relaciones si el ala morada del Ejecutivo de Pedro Sánchez presiona en el sentido expropiatorio. En la Sareb, de momento, tratan de separar los problemas nacionales y regionales.