Santander, Caixabank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre de Castor

El Estado indemnizó a ACS -accionista mayoritario de Castor- con 1.700 millones de euros, compensación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional.

En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible , a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas. De este modo, las tres entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva gradualmente, en los mismos términos y con las mismas condiciones (de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente) en que estaba previsto en el real decreto-ley 13/2014.

En octubre de 2014, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén de gas natural Castor después de que una serie de seísmos despertasen gran alama social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria (Escal UGS, participada mayoritariamente por ACS) las inversiones realizadas en Castor.

Para posibilitar el pago, el Gobierno aprobó el real decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre. Como explicó el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital en una reciente comparecencia ante la comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, «si quebraba la empresa concesionaria evidentemente se iba a producir un fallido en una deuda del Banco Europeo de Inversiones, y recuerden que estábamos en el año 2013, en la época en que la prima de riesgo de la economía española era todavía muy alta, había dudas sobre el euro y había problemas con la deuda soberana española».

Ese real decreto-lay extinguió la concesión, hibernó la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria. Santander, CaixaBank y Bankia aportaron los 1.350 millones de euros necesarios para el cierre y el Gobierno, a través del sistema gasista (en las facturas de los consumidores), se comprometió a devolverlos en 30 años.

Sin embargo, en diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el sistema de compensación previsto en el mencionado real decreto-ley porque el Gobierno no había sido capaz de justificar que el empleo de un real decreto-ley (que solo se puede aprobar en casos de verdadera urgencia) estaba realmente justificado en este caso, y que no había tiempo para tramitar una ley «ordinaria». El Tribunal Constitucional, sin embargo, aceptó la extinción de la concesión existente y aceptó que era necesario pagar al antiguo concesionario el importe de las inversiones que había realizado.

Tras la declaración de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dejó de reembolsar lo financiado por las tres entidades.

Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación ciertamente anómala : la deuda que el Estado tenía con la concesionara se pagó por los tres bancos por cuenta del Estado a cambio de recuperar ese importe con los intereses en 30 años; se declara el real decreto-ley inconstitucional, exclusivamente, porque el Gobierno uso indebidamente la figura del real decreto-ley y, sin embargo, el Gobierno cree que no debe adoptar ninguna medida para compensar, de uno u otro modo, a los tres bancos que pagaron la deuda que el Estado tenía con la concesionaria; y el Estado, de ese modo, entiende que la deuda que tenía con la concesionaria está pagada pero, sin embargo, no reconoce una compensación alternativa a los que pagaron esa deuda.

Por su parte, Escal UGS también ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por considerar que las indemnizaciones aprobadas en su día por el Ministerio de Energía «no son razonables».

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital esperará a estudiar la reclamación presentada por estos bancos antes de pronunciarse sobre ella. Según fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal, el ministerio aún no ha podido estudiar la reclamación de los bancos y, por lo tanto, no tiene constancia de los argumentos en los que se basa.