Sánchez trabaja ya en las cuentas de 2022 sin pensar en deuda y déficit

«Se trata de unas cuentas públicas que apoyarán la estrategia del Ejecutivo, marcada, a corto plazo, por seguir apoyando la recuperación para salir de la crisis motivada por el Covid-19, y, en el medio y largo plazo, por impulsar el proceso de transformación y modernización de la economía española», informó el departamento dirigido por María Jesús Montero. Las cuentas de 2022 seguirán las directrices de Bruselas de que retirar los estímulos antes de tiempo podría ser contraproducente para la recuperación. Solo se atisba un guiño a volver a unas finanzas públicas sostenibles bajo ciertos condicionantes, sin plazos marcados: «A medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria se reorientará hacia posiciones fiscales más prudentes, que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo». Sin concretar ese medio plazo, y que no será ni mucho menos el año que viene . Fuentes cercanas a Moncloa comentan a ABC que 2022 no será aún el año de los estímulos, «porque la recuperación todavía necesita ser impulsada por el Gobierno».

El punto de partida no es nada halagüeño. El PIB se desplomó un 10,8% en 2020 y el déficit acabó en el entorno del 11%. La deuda pública también escaló al 120%. Sin embargo, ya para este año el Gobierno confía en una notable mejoría, más en unos indicadores que en otros ; augura un rebote económico del 6,5%, una reducción del déficit al 8,4% y que la deuda apenas baje medio punto porcentual.

La recuperación económica ya está en marcha. El propio Banco de España calculaba en sus últimas proyecciones que el PIB precrisis se recuperará en el último tramo de 2022, en su escenario central. Entonces, la principal preocupación radica en el déficit y la deuda públicos.

Bruselas lleva desde el inicio de la pandemia dando manga ancha a los Estados miembros para gastar y saltarse las reglas fiscales (límites que en condiciones normales no ‘pueden’ sobrepasarse). Ese marco continuará, en principio, también el año siguiente, con visos de regresar a ciertos límites de deuda y déficit ya en 2023.

La Airef ha sido una de las instituciones más duras con el Ejecutivo. Cristina Herrero, su presidenta, exigió al Gobierno un plan de consolidación fiscal para antes de cuando la Comisión Europea vuelva a la ‘mano dura’. «Las reglas fiscales están en suspenso pero no sabemos a qué reglas vamos a volver y en qué momento. Es un error dejar esta planificación hasta que esto esté despejado», señaló en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados hace escasos días. Su razonamiento es que diseñar el equilibrio fiscal del futuro ahora es una necesidad, pero que a partir de 2023 puede convertirse en una obligación . Y no es la primera vez que desde las instancias europeas se fuerza a España a acometer duros ajustes, en medio del llamado procedimiento de déficit excesivo.

Hace dos semanas fue Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, quien tiró de las orejas a Sánchez por no pensar en la sostenibilidad de las cuenta españolas. Este reclamó «tomarse en serio las finanzas públicas» desde ya mismo para garantizar la sostenibilidad de estas. Así las cosas, pidió diseñar cuanto antes «un programa de consolidación fiscal» que pueda ejecutarse una vez la recuperación se haya asentado. «Sería una error una retirada prematura de los estímulos y también sería un error no diseñar el programa de consolidación fiscal», añadió. La recuperación ya se está afianzando y el año próximo nuestro país debería regresar a los niveles de PIB pre-Covid. El tiempo apremia y la presión de los organismos más autorizados va en aumento. Pero el Gobierno hace, de momento, oídos sordos. Ni hablar de ajustarse el cinturón, como confirman las fuentes consultadas, sino de todo lo contrario, soltarlo un poco más.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que tanto este año como el siguiente la idea es que el déficit se vaya reduciendo al compás de la recuperación económica, junto al efecto esperado de la subida de impuestos puesta en marcha este año. Descartan, a priori, articular un plan de consolidación fiscal como reclaman diversas instituciones independientes, ya que el regreso a la sostenibilidad de las finanzas públicas vendría ya incluido en el programa de estabilidad hasta 2024. Lo que obvian en el ministerio es que el déficit dentro de tres años seguirá desbocado en el 3,2% y la deuda también en el 112,5%

El Ejecutivo, en suma, fía el equilibrio de las cuentas y la reducción de la deuda pública al ciclo económico. Así quedó plasmado en la respuesta que dio el Gobierno a una de las últimas recomendaciones emitidas por la Airef. «España, al igual que el resto de Estados miembros de la UE, en respuesta a la situación derivada de la pandemia ha adoptado una política fiscal de carácter expansiva de conformidad con las recomendaciones formuladas no solo por las instituciones europeas, sino también por los principales organismos internacionales», reza la respuesta. Y añade que el programa de estabilidad «sitúa a la deuda y al déficit públicos nuevamente en una importante trayectoria decreciente, gracias a la mejora del componente cíclico en un contexto de robusto crecimiento económico», dando cuenta de que la estrategia gubernamental es condicionar las finanzas públicas a que haya una fuerte recuperación.

Así las cosas, desde Hacienda también recuerdan que Bruselas mantiene suspendidas las reglas fiscales, lo cual avala la política expansiva del Gobierno. Aunque en la respuesta a la Airef también reconocen que la Comisión Europea aspira a que nuestro país aplique a medio plazo posiciones fiscales prudentes, con menos gasto.

Los Presupuestos de 2022 también serán los primeros en los que los fondos europeos se aplicarán en el conjunto del año. El Gobierno confía en que el dinero comunitario impulse el PIB anualmente en torno al 2% , pero tanto la Airef como el Banco de España dudan de su ejecución.

Ambas instituciones han alertado recientemente de la incertidumbre sobre el efecto que tendrá el plan de recuperación sobre la economía, al tiempo que recordaban que falta por concretar buena parte de las reformas estructurales que necesita España: la reforma laboral, la de las pensiones, la fiscal...

Fuentes empresariales destacan que la llegada de los fondos UE debería suponer un antes y un después para nuestra economía, pero siempre que no se utilicen con sentido partidista y se seleccionen los mejores proyectos. Asimismo, piden transparencia en su gestión «para que los fondos puedan llegar a todo el tejido productivo, no solo a las grandes empresas».