Sánchez tendrá un final de legislatura marcado por el ajuste del déficit

« Cuando las condiciones económicas lo permitan , aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión», pedía la Comisión en sus recomendaciones individualizadas por país el pasado mes de mayo.

Bruselas activó la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad para no aplicar las reglas fiscales este año -aquellas que fijan como límites un 3% del PIB de déficit y un 60% de deuda pública- y no parece que vaya a aplicarlas el próximo. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ya ha advertido al Gobierno de que será conveniente ir preparando el terreno del ajuste para 2022 , cuando habrá que ir empezando a adoptar medidas que reduzcan un desequilibrio que este año el Ejecutivo espera acabe en el 10,3% del PIB -aunque el Banco de España alerta de que si hay rebrote se irá al 14%- y una deuda que se multiplicará del 95,5% al 115,5% –si bien el supervisor estima que, en un escenario más negativo, puede escalar al 126,7%–.

La última recomendación que llegó a España en el semestre europeo antes de que estallara la pandemia en 2018, pedía al Gobierno limitar el alza del gasto a un máximo del 0,9% y un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB: en 2019 el primero repuntó un 4,4% y en lugar de ajustar los 8.000 millones que pedía Bruselas, el déficit engordó en otros 8.000 millones más. ¿Y cuándo España tenía el déficit por encima del 3%, como ocurrirá ahora, qué pedía la Comisión Europea? Cuando estábamos en el Procedimiento de Déficit Excesivo, la última recomendación de Bruselas de 2017 reclamaba «tributos sobre la contaminación» y recordaba al Gobierno la brecha de recaudación que el IVA tenía con la media de la UE porque «España aplica de forma muy generalizada exenciones o tipos reducidos» .

El IVA ingresó un 6,6% del PIB en 2018 frente al 7,1% de media continental. Y si bien en IRPF la brecha es mayor (un 9,7% del PIB frente al 12,2% de la UE), los expertos coinciden en señalar que los impuestos directos dañan más a la actividad que los indirectos. En Sociedades la distancia es la menor de todas (un 2,5% del PIB en ingresos frente al 2,7% de la UE): es decir, la subida de impuestos que defiende el Ejecutivo no es la que Europa recomienda .

Las peticiones de Bruselas más bien van dirigidas a evaluar el gasto público y las exenciones fiscales, como ha hecho la Airef en un estudio que empieza a presentar precisamente hoy. Sobre 13 beneficios fiscales que restan 35.000 millones en ingresos en IVA, IRPF; Sociedades y Especiales; además de evaluar 16.000 millones de gasto farmacéutico, incentivos a la contratación e infraestructuras que suponen un 4% del PIB. Unas ideas que Hacienda ya anunció que incorporará a las cuentas de los próximos años. Los Presupuestos que pondrán a prueba al Gobierno de coalición no serán los de 2021, sino los que incluyan los primeros ajustes.