Sánchez logra un pacto ‘light’ en pensiones para calmar a Bruselas

Con este primer paquete de medidas el Ejecutivo cierra una de sus grandes promesas: garantizar a los jubilados la revalorización de sus nóminas con el IPC , pero a cambio se imponen fuertes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% para las rentas más altas si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro.

Volver a indexar las pensiones no saldrá gratis. Escrivá ha diseñado unos cambios para un horizonte de 25 años, hasta 2050, año en el que se producirá el mayor pico de gasto en prestaciones por efecto del retiro de los hijos del ‘baby boom’. A partir de ahí se espera que el gasto comience a descender con fuerza. Pues bien, ligar las rentas al IPC tendrá un coste estimado de 2,5 puntos del PIB en este periodo, un ascenso del gasto en el que tendrá mucho que ver la incorporación de los nacidos entre 1960 y 1975 al sistema. Los redactores de la reforma estiman que el impacto económico se compensará en parte con las reformas paramétricas para penalizar el retiro voluntario y con las inyecciones que el sistema recibirá del Estado cada año. Los denominados ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social se trasladan a los impuestos a razón de unos 21.000 millones al año, el equivalente al 2% del PIB. A finales de este año se habrán inyectado ya casi 14.000 millones, tal y como estaban recogidos en los Presupuestos , y cada año el dato irá aumentando hasta la cifra acordada con Hacienda. Todas estas proyecciones están, no obstante, muy cogidas con pinzas dado el dilatado escenario previsto para la aplicación de los cambios y la incertidumbre que ello comporta.

El espíritu de la reforma es alinear la edad ordinaria y la efectiva de jubilación con incentivos a la ampliación de la vida laboral de los españoles con el objetivo de aumentar la participación de los mayores en el mercado de trabajo . Los redactores de la norma esperan que con sus medidas en 2050 la edad real aumente en dos puntos, desde los 64 actuales hasta los 66 años (la edad legal se situará en 67 años en 2027).

En este punto, el Gobierno ofrecerá hasta 12.000 euros anuales a aquellos trabajadores que decidan postergar su jubilación y permanecer activos más allá de la edad legal de retiro. La norma dará opción al trabajador de elegir esta fórmula o bien optar por un aumento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre el 2% y el 4%). Podrán mezclar las dos posibilidades, una parte en pago único y otra como alza de la pensión vitalicia.

El esperado acuerdo llega, no obstante, entre las advertencias de los expertos sobre su falta de ambición para equilibrar un sistema abocado a soportar muchos más gastos que ingresos por el envejecimiento de la población y la precariedad del mercado laboral. La estrategia de Escrivá de dividir en dos fases la reforma ha levantado de hecho una marea de críticas por dejar las medidas más urgentes y duras para el fina l. Voces como la del catedrático y subdirector de Fedea , José Ignacio Conde-Ruiz , afearon al Ejecutivo la semana pasada que se haya centrado en «la parte más fácil de la reforma». Una de las claves en este sentido será la derogación del demonizado factor de sostenibilidad, que será sustituido por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Pero el acuerdo final recoge que el texto normativo incluya la derogación del factor diseñado por el PP solo cuando la primera parte de reforma entre en vigor, lo que se espera para enero de 2022. Antes de que acabe este ejercicio ya deberá estar operativa la nueva fórmula, aunque el texto pactado apunta que no comenzará a tener efectos hasta 2027, en plena jubilación de la generación del ‘baby-boom’.

La herramienta que diseñó la reforma de 2013 ligaba la pensión inicial a la esperanza de vida de los jubilados, un procedimiento injusto para el titular de Seguridad Social , que defiende un mecanismo que evite que los jóvenes corran con los gastos para financiar las pensiones de los mayores. El proceso de negociación del mecanismo se abrirá inmediatamente después de la firma del texto en el marco del diálogo social, de forma que su diseño pueda incorporarse al proyecto de ley antes del 15 de noviembre vía enmiendas. Si los agentes sociales no se ponen de acuerdo el Gobierno regularía por su cuenta para que pudiera estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley.

Con esta primera parte se cierran las medidas más amables, queda pendiente los cambios de peso que deben hacer sostenible el sistema de pensiones, inmerso en un déficit y una deuda desbocada. Para una segunda fase queda pendiente la subida de las bases máximas de cotización, o lo que es lo mismo, el alza de impuestos para sueldos de más de 49.000 euros, ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión (ahora en 25 años) y poner en marcha el polémico sistema de tramos para que los autónomos coticen por ingresos reales que deberá diseñar el diálogo social. La idea que maneja el ministro de Seguridad Social es aplicar fuertes subidas a los trabajadores que más ganen, de hecho hizo pública una esquema al que acompañaban alzas mensuales de entre 90 euros y 1.220 euros.

En un comunicado conjunto, CC.OO. y UGT destacaron ayer que con la derogación de algunas herencias de la reforma de 2013 «se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados» y remarcaron el papel del Estado como garante público del sistema de pensiones. «Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050», resaltaron los sindicatos.