Sánchez intentará ligar el alza de las pensiones al IPC en 2020 en un guiño a los jubilados

El Ejecutivo daba por descontado que tendría un acuerdo sobre pensiones sobre la mesa del que presumir en campaña electoral , pero los planes se trastocaron la semana pasada después de que Podemos diera un golpe en la mesa de la comisión del Pacto de Toledo e hiciera saltar por los aires más de dos años de trabajos. El paso adelante de la formación morada fue la excusa perfecta para que el resto de las grupos de la oposición no tuvieran que retrasarte en los que todo entienden que es una baza electoral para el PSOE .

Contar no contará con un acuerdo sobre la mesa, pero el presidente del Gobierno no quiere concurrir a las elecciones sin la baza de las pensiones, metidas ya de lleno en el campo de batalla del debate electoral . El ministerio que dirige Magdalena Valerio trabaja a contrarreloj en el contenido de este decreto ley, que podría limitarse a garantizar que las pensiones subirán con el IPC también en 2020. Una medida para la que buscará el respaldo de los partidos que le apoyaron en la moción de censura a Mariano Rajoy.

Esta opción no convence ni a Podemos ni a los sindicatos por escasa. Ambos son partidarios de que el Ejecutivo tumbe la reforma del PP de 2013, lo que implicaría derogar el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, pospuesto ahora hasta 2023. Era la intención de Sánchez, una de sus promesas, pero le hubiera gustado contar con el respaldo del Pacto de Toledo. Ahora, tiene un gran dilema. El pasado viernes UGT y CC.OO. dieron cuatro días de margen al Ejecutivo, hasta mañana, para que confirme si tumbará por decreto la reforma de pensiones de 2013, medida que no contaría con el apoyo de la CEOE y se tomaría al margen de la comisión parlamentaria del Congreso.

Las centrales que dirigen Pepe Álvarez y Unai Sordo han advertido de que si la respuesta del Ejecutivo es negativa, romperá el diálogo e iniciarán movilizaciones. UGT entiende que la derogación de esta reforma se ajustaría perfectamente a la ley porque respondería a una situación de «urgente necesidad» , dado el elevado déficit del sistema.

Está previsto que los cambios se aprueben el viernes, en el último Consejo de Ministros antes de que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes junto a la contrarreforma laboral y un tercer decreto de igualdad salarial. El calendario tendrá fuerte protagonismo en la aprobación de las nuevas normas porque solo una semana después se celebrará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una jornada festiva en la que los sindicatos han convocado paros.

En esta jornada el Gobierno sacará pecho con su decreto de Igualdad laboral en el que se incluyen medidas de impacto como ampliar de forma progresiva la baja por paternidad a 16 semanas en 2021 o la obligación del empresario de llevar un registro con la media de los salarios y los complementos de la plantilla, desagregado por sexo y distribuido por grupos y categorías profesionales. Los trabajadores, por tanto, tendrán derecho a consultar este registro de sueldos de su empresa.

El texto legal recoge también que en las empresas con al menos 25 trabajadores se presumirá discriminación si la media de las retribuciones de los empleados de un sexo es superior al otro en «un 25% o más» y extiende la exigencia de elaborar un plan de igualdad a las compañías con más de 50 trabajadores (hasta ahora afecta a las que superan los 250). Deberán inscribirlos en un registro público.

Plan de Igualdad y contrarreforma laboral para acabar con la esencia de los cambios introducidos en la legislación en 2012. El Ejecutivo pretende poner fin a la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial y la ultraactividad, cuya duración está ahora limitada un año, se dejará en manos de los convenios. También se pondrá en marcha un registro de jornada para aflorar horas extras.

Entre las medidas más polémicas está la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para modificar los requisitos de la subcontratación. El Ejecutivo quiere desactivar uno de los cambios de la reforma de 2013, el que permitió a las empresas externalizar sus procesos internos a empresas multiservicios que no tenían que respetar el convenio de la compañía ni del sector. Ahora se quiere legislar para obligar a las empresas a que la subcontrata respete el convenio más favorable para el trabajador, ya sea el de la empresa contratante o el de la actividad que realiza.

La última palabra sobre el avance de todos los cambios deberá tomarla Sánchez. Las empresas cuestionan estas modificaciones porque creen que dañarán el empleo y profundizarán en la desaceleración económica. Dentro del Gobierno tampoco hay unidad. La ministra de Economía, Nadia Calviño , es contraria decretar una nueva reforma, que contaría con el rechazo de Bruselas.