Sánchez emula a Zapatero con una oferta de empleo récord en plena desaceleración

La oferta, que no tiene precedentes desde la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llega en un momento en el que el sector privado ha sido superado por el público como el principal motor de la contratación, al menos porcentualmente: mientras el primero cosechó un ritmo de creación de empleo del 2,7% interanual según la EPA del cuarto trimestre de 2018, la generación de puestos públicos crece a casi el doble de ritmo: el 4,7%. Precisamente, si se compara con el periodo precedente, en los últimos tres meses del año el sector privado destruyó unos 6.900 empleos mientras el público creó 43.400, cogiendo todas las administraciones: Estado, comunidades autónomas -que es donde se concentra casi la mitad de los trabajadores-, empresas públicas y corporaciones locales.

En la parte del Estado, la oferta de empleo público superará así las 30.865 plazas del año pasado y permitirá crear empleo neto , una de las demandas de los sindicatos con los que ayer el Ejecutivo llegó a un acuerdo. Así, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, junto a representantes de CSIF, UGT y CC.OO. escenificaron ayer por la tarde el pacto.

Los sindicatos consiguieron ayer que en la Administración General del Estado se crearán finalmente 19.688 plazas , más de las que el Gobierno se había comprometido el miércoles, siendo de 11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna . Ello supone 4.580 plazas más que las que ofrecía inicialmente el Ejecutivo y una creación de empleo de 2.643 trabajadores del sector públ ico en este departamento. Junto a esta cascada de plazas, se sumarán convocatorias para policía, guardia civil, entes públicos, hospitales militares... que se plasmarán en siete anexos dentro del mismo decreto, para así conseguir sumar la ansiada cifra.

Asimismo, estas fuentes apuntan que la Agencia Tributaria conseguirá el aumento de plantilla que consignaban los Presupuestos de 2019. La oferta bebe del acuerdo de empleo público que firmó el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro en 2018 incluía una tasa de reposición del 75% con carácter general, que ascendía al 100% si se cumplía el déficit -algo que el Estado no hizo el año pasado- pero que asciende al 115% en servicios prioritarios. CSIF calcula que en los próximos cuatro años se retirarán más de 31.000 trabajadores del Estado, y que 3.494 superan los 64 años. El estudio que mañana presentará Batet, servirá de guía para las futuras ofertas de empleo público pero también para los opositores, señalan estas fuentes.

Precisamente, el mismo día en que el Gobierno aprueba la oferta de empleo, publicará los datos de déficit de 2018: el agujero de las administraciones no llegará al 2,7% del PIB pero superará los 30.000 millones de euros, 6.000 más que su objetivo, con la Seguridad Social cosechando el mayor roto de su historia, en el entorno de los 19.000 millones.

El corsé de la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018 ha impedido que la oferta sea mayor. El Gobierno alega que pese a que aumentará el empleo no lo hará tanto el gasto, ya que los trabajadores que se retiran cobran más que los que entran por los derechos adquiridos a lo largo de su vida laboral.

En cualquier caso, Pedro Sánchez engordará las nóminas del Estado, pero no dará un paso al frente para unificar el registro de empleados públicos. Como ya informó ABC, la maraña estadística sigue en estos momentos sin permitir conocer con exactitud el número de trabajadores que cobra cada mes del Estado. ¿Qué dato se tiene en cuenta para saber cuántos empleados públicos hay en España? Las metodologías de las cuatro fuentes estadísticas que existen ofrecen muy diversas respuestas. Según la fuente que se utilice, la diferencia en el número de efectivos puede llegar a rozar los 700.000 trabajadores.

Cada fuente aporta una aproximación al número de empleados públicos, explica un exhaustivo informe elaborado por la CEOE con el que la patronal recuerda que no hay un registró único que mida la ocupación en la Administración. El problema radica en que cada estadística se elabora de forma distinta; puede abarcar, incluir o excluir determinados colectivos que forman parte del entramado de la plantilla de las administraciones públicas, o puede estar midiendo conceptos totalmente distintos. Así, las cifras de la EPA (3.105.800 de ocupados en el primer trimestre) y las obtenidas a partir de los afiliados a la Seguridad Social y el personal de las mutualidades (3.280.956 personas en enero) suelen ser similares. Los empleados públicos que pertenecen a Muface, Isfas o Mugeju están estimados en 865.851 frente a casi un millón en 2011.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, recuerda que España tiene tantos empleos públicos como empresarios autónomos. «Llevamos varias semanas incrementando el gasto público -dice- y sin saber aún como lo vamos a pagar... Esto no cambia» . Avisa también de que «los gobernantes piensan que autónomos y empresas somos cajeros automáticos para sacarles el dinero con sus caprichos electorales. Pero está llegando el momento de que «la vaca se va a quedar sin leche y no se la va a poder exprimir más» .

Al repasar los datos de la OCDE, España cuenta con menos empleados públicos que la media de la OCDE -un 15% del empleo total en 2015 frente al 18%- aunque hay que tener en cuenta que España tiene un desempleo superior a la media, con un 15%. Pero gasta más: un 10,8% del PIB en gastos de personal, frente al 10% de la UE , el 9,8% de Italia o el 7,5% de Alemania , según Eurostat. Asimismo, las partidas presupuestarias ligadas al rendimiento son las más bajas de la OCDE: junto a Eslovaquia, España cosecha la peor puntuación en 2016, en un índice que lidera Corea del Sur. Si bien la convocatoria de plazas no llegará hasta dentro de año y medio, el gesto político es inmediato de cara a las urnas.