Sánchez deberá ampliar el periodo de cálculo de las pensiones en 2022

El compromiso forma parte del acuerdo con la Comisión para implementar el plan de recuperación de España y ya provocó un gran revuelo en el seno del Ejecutivo a finales del año pasado cuando trascendió una propuesta para elevar de 25 a 35 años ese periodo de cálculo de las nuevas nóminas. El debate fue agrio y, en consecuencia, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , renegó de la misma.

Aumentar los años que se emplean para calcular la pensión es una de las medidas más efectivas para recortar la pensión inicial de los nuevos jubilados y reducir la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario) en el sistema de pensiones español, que ahora se sitúa por encima del 80%, según la OCDE . En la práctica esta medida implica percibir rentas menores porque los trabajadores, por regla general, tienen peores salarios en sus primeros años de vida laboral y mejores en los últimos. Como ya informó ABC, el año próximo cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión y quedarán fijados en 25 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido ha pasado de forma progresiva desde 15 a 25 años.

Además de esta medida de recorte, el acuerdo con Bruselas para recibir los fondos recoge un incremento de las bases máximas de cotización y, «progresivamente», de las pensiones máximas para que el sistema no pierda contributividad. Es decir que aumentarán los impuestos al empleo para los sueldos más elevados, de más de 49.000 euros, pero también la pensión que perciban.

Los compromisos con Bruselas se hacía públicos el mismo día en el que Nadia Calviño se estrellaba con su nueva propuesta sobre los ERTE permanentes tras ser rechazada por empresarios y sindicatos. El denominado plan RED activa un instrumento al que recurrirán las empresas cuando padezcan problemas derivados de una coyuntura adversa o por motivos estructurales. Y se fijan tres modalidades, vinculadas a la formación y la recolocación de los trabajadores en otras empresas. No ha convencido a nadie. Y además de las cuestiones técnicas, la propuesta contiene también una importante lectura en clave política, pues otorgaba más poder a Nadia Calviño que a Yolanda Díaz , lo que refleja cómo el pulso entre ambas sigue vivo.

En el entorno empresarial se calificó el texto de la ministra de Economía de «farragoso» y se asegura que está plagado de «ideología» e «intervencionismo». El malestar es tal que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , no dudó en desvincular a los empresarios de la llegada de los fondos europeos: «Preferimos que no lleguen los fondos y que las normas sean mejores», dijo en una entrevista a Onda Cero.

Según el borrador que negocian los agentes sociales, el Gobierno apuesta por mantener los ERTE por fuerza mayor en términos similares a los que se han aplicado durante la pandemia. Pero incluye además otros dos nuevos tipos bajo el bautizado como Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, como los estructurales y los cíclicos. Para los tres casos se establece que la reducción de jornada oscilará entre el 10% y el 75% del total.

El esquema diseñado para causas estructurales se activaría para hacer frente a cambios que tengan que ver con la introducción de nuevos métodos de producción y que generen situaciones en las que mantener a la plantilla lleve a la empresa a una pérdida de competitividad. Estas situaciones deberán abordarse con «recualificación de las personas trabajadoras afectadas para garantizar su empleo en la propia empresa o en procesos de transición profesional de estas hacia empleos en otras empresas o sectores», reza el documento.

En este último caso, la empresa de origen transferiría al Fogasa el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador en ausencia de recolocación para constituir un fondo para financiar estos procesos de recolocación. Este punto no ha gustado entre las filas sindicales pues se considera una pérdida de derechos de los trabajadores.

En cuanto a los ERTE para hacer frente a crisis de carácter cíclico, como el vivido con la pandemia, solo se activará cuando concurran causas económicas derivadas de una «situación coyuntural de alcance general». Aquí el poder pasaría a manos de Economía, quien deberá fijar qué parámetros objetivos justifican su uso. Además, deberá recibir una activación previa por parte del Consejo de Ministros . Según su propuesta, la duración máxima sería de un año, con exoneraciones en las cotizaciones y prestaciones para trabajadores equivalentes al 70% de la base reguladora.

Pese a la superioridad de Calviño en este esquema, lo que podría en un principio hacer pensar que la propuesta es más afín al mundo empresarial, el rechazo en CEOE es rotundo. Uno de los principales focos de polémica lo ha generado el modo de financiación. La propuesta pasa por constituir un fondo que se nutriría por una triple vía: por una lado se dotaría con el exceso de ingresos por cotizaciones por desempleo, por otro con aportaciones que se establezcan en los Presupuestos y por último con fondos procedentes de la UE. Se mantiene además una de las cláusulas que más polémica han generado durante la pandemia pues los beneficios en cuanto a cotización vinculados a este Mecanismo RED estarían condicionados a mantener el empleo de los afectados durante los seis meses siguientes a la finalización del ERTE .

CC.OO. mostró su extrañeza por una propuesta nueva tras ocho meses de negociación, «que nos aleja de un posible acuerdo», dijo el sindicato. UGT , por su parte, avisó de que la garantía de empleo que ofrece a los trabajadores afectados puede ser «la antesala del despido». Denunció que el plan es una vía de introducción de la ‘mochila austríaca’.

Otra medida puesta sobre la mesa atañe a la temporalidad. El Gobierno ya avanzó que quería reducir la elevada rotación de los trabajadores temporales y acabar con la práctica de despedir en fines de semana o vacaciones para volverlos a dar de alta a la vuelta con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones. Ahora plantea un esquema que castiga con más cotizaciones al empresario que dé de baja a un trabajador. «En los contratos temporales, la cuota empresarial por contingencias comunes se incrementará, en el mes en que se produzca la baja del trabajador y por cada una de dichas bajas, en el triple del importe diario determinado por la aplicación del tipo de cotización a cargo de la empresa al tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo», dice el Ejecutivo . Actualmente, la ley fija un alza del 40% de la cuota por contingencias comunes en los contratos temporales cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días.