Sánchez concede a Iglesias elevar el gasto público a cambio de su apoyo en el Congreso

La reunión del pasado miércoles por la noche entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y una delegación de Podemos sirvió para acordar, entre otras medidas, una fórmula para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas ligando su revalorización a la inflación.

Los Presupuestos de este año ya contemplan, tras el pacto entre PP y PNV , una subida general de las pensiones del 1,6%, en línea con la previsión que había del IPC cuando se elaboraron las cuentas. Pues bien, según el acuerdo entre Gobierno y Podemos, si a cierre de año el IPC se sitúa por encima de ese 1,6%, la Seguridad Social abonará a los pensionistas a principios del próximo ejercicio una paga que cubra la desviación. Este sistema, que ya existía antes de la reforma del sistema hecha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se aplicará en 2019.

Las previsiones apuntan ahora mismo a una inflación mayor debido al encarecimiento del petróleo. El Banco de España la sitúa en 2018 en el 1,9% y en el conjunto de 2019 en el 1,7%, frente a las subidas de las pensiones del 1,6% presupuestadas para cada ejercicio. Si la subida aprobada por el PP ya supuso un gasto extra de 3.300 millones en los dos años , esa compensación incrementará aún más esa factura.

A ese gasto habrá que sumar el de eliminar el copago farmacéutico, otra de las medidas que los socialistas han asumido. Ahora, y a raíz de la medida adoptada en 2012 por el Gobierno popular para reducir el gasto público sanitario, como norma general los jubilados pagan el 10% de los medicamentos, con variaciones en función de la renta. Suprimir el copago, medida que ya estudiaba el Ministerio de Sanidad, tendrá un coste para las arcas públicas de entre 450 y 500 millones , cifra que calculó en su día el Ejecutivo.

En todo caso, las negociaciones entre socialistas y populistas no han finalizado y se han constituido varios grupos de trabajo para estudiar nuevos acuerdos en materias como la reversión de los ajustes en sanidad, educación y dependencia y la equiparación de la baja de paternidad y maternidad .

La línea roja que el Gobierno del PSOE ha marcado son los nuevos objetivos de déficit y el espíritu de la ley de Estabilidad. Los socialistas ya comunicaron a la Comisión Europea nada más formar gobierno que el déficit será superior al que fijó el PP. Bruselas ni ha aprobado ni desautorizado la nueva senda.

Iglesias exigía a Sánchez elevar el tope de déficit de 2019 aún más, por encima del 1,8% del PIB, y derogar la ley de Estabilidad. El Ejecutivo se ha negado, pues supondría deteriorar su imagen de socio fiable ante Bruselas. Eso sí, estudiará flexibilizar la regla de gasto a los ayuntamientos a partir de septiembre, según se comprometió ayer con la Federación Española de Municipios, y ajustará la norma contable para la liquidación del IVA de 2017 por los entes locales.

Los socialistas también han mostrado su oposición a subir el IRPF a las rentas altas, quitar las desgravaciones a planes de pensiones y suprimir las sicav. Eso sí, y esto es algo en lo que ya trabajaba Hacienda, sí asumen parte de la b atería de nuevos impuestos e incremento de la carga fiscal que también planteaba Podemos para, precisamente, financiar ese incremento del gasto.

El Gobierno de Sánchez mantiene su intención de poner un nuevo tributo a la banca, elevar la fiscalidad al diésel y fijar un tipo mínimo del impuesto Sociedades del 15% .