Sánchez aplaza la demolición, pero se lanza a su erosión

«Cuando se está en el Gobierno, se tienen mayores dosis de pragmatismo y este Gobierno es consciente del lugar y peso que ocupa y de la difícil aritmética parlamentaria que tiene». Fueron las primeras palabras de la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio al tomar posesión de su cargo. «Nos encantaría tener los 202 diputados que tuvo Felipe González pero aún no los tenemos, aunque vamos a trabajar para ello», dijo.

Sus palabras fueron premonitorias. Teniendo en cuenta los 84 diputados con lo que cuenta el PSOE y el respaldo parlamentario que lograría si diera un salto al vacío e intentara tumbar la normativa, el nuevo equipo de Pedro Sánchez centra la diana en modificaciones parciales. Cambios, sin embargo, que afectan a materias medulares. Primacía del convenio de empresa, ultractividad, temporalidad...

La música no convence a su principal socio de Gobierno, Podemos. El partido de Pablo Iglesias se aferra a una proposición no de ley (PNL) de los socialistas pidiendo la derogación de la norma de 2012 y que consiguió en diciembre de 2016 el respaldo de la Cámara Baja. La PNL (que solo sirve para instar al Gobierno a hacer algo) salió adelante con 168 votos favorables —PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y EH Bildu—; 131 votos en contra del PP; y 42 abstenciones –Ciudadanos y PDeCAT–. una decena de asuntos están sobre la mesa

Pero no será este el camino que tome el presidente. Una decena de asuntos están sobre la mesa de la nueva titular de Trabajo y sobre ellos intentará llegar a acuerdos con patronal y sindicatos antes de que acabe la legislatura; buscará también apoyos parlamentarios. Y de forma paralela creará un grupo de expertos que estudie «la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI en el escenario de de 2020». La idea inicial es sacar adelante los cambios con el mayor consenso posible.

¿Qué reforma diseña el Gobierno socialista? En la agenda están algunos de los puntos que más debate han suscitado de la reforma que llevó adelanta el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa es un objetivo de primer nivel. Con ello el PSOEpretende matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, devolver el protagonismo perdido a los sindicatos en las empresas y, por otro, frenar los recortes de salarios que implicó en 2012 dar todo el poder a las empresas en los convenios. Devaluar salarios se ha convertido desde entonces en la alternativa a los despidos. Los recortes de sueldos llegaron para quedarse.

El convenio de empresa perderá protagonismo: La norma aprobada por el PP introdujo altas dosis de flexibilidad para modificar las condiciones laborales y evitar las extinciones de empleo. La idea era permitir que una empresa que se encontrara en una situación de dificultad dejara de aplicar el convenio colectivo, incluida las subidas salariales previstas en pactos de ámbito sectorial, y diera preferencia a los acuerdos firmados en su centro de trabajo. El uso de esta posibilidad, que permite los denominados «decuelgues», ha tirado de los sueldos a la baja en España, una opción que tiene los días contados.

Ultraactividad, menos límites: La denominada ultraactividad está también en la diana. El Ejecutivo buscará fórmulas para eliminar el actual límite de un año fijado en la reforma laboral. Este mecanismo fue, hasta que entraron en vigor los cambios en 2012, uno de los mayores elementos de control que tenían los sindicatos en las negociaciones de los convenios. Si su vigencia llegaba a su fin y no se renovaba, permanecían las condiciones hasta que se firmaba el nuevo y lo hacía sin fecha de caducidad. Esta circunstancia se convertía en un elemento de presión en las negociaciones.

Antes de su modificación la duración de la ultraactividad se fijada de mutuo acuerdo por empresarios y sindicatos. Y, salvo que se pactara lo contrario, los convenios se prorrogaban por disposición legal hasta su sustitución por otro, para evitar vacíos. Su modificación fue una exigencia histórica de las empresas, muy críticas con el uso que años atrás se hizo de esta opción legal.

Jaque a la temporalidad: Luchar contra la temporalidad en el empleo y contra la contratación fraudulenta (temporales, falsos autónomos, trabajadores que cotizan a tiempo parcial y hacen las horas de un tiempo completo etc...) son dos problemas para los que se esperan medidas. La exministra de Empleo, Fátima Báñez, ya puso el foco sobre la economía irregular, sobre modelos laborales como el que se aplica a los «riders». Y la Inspección de Trabajo acaba de aprobar su plan Estratégico 2018-2020.

España destaca entre los socios europeos por el fuerte ritmo de creación de empleo (500.000 empleos anuales), pero también por la elevada tasa de temporalidad. Es la primera vez que nuestro país inicia una recuperación con incrementos en el empleo estable y que logra encadenar el periodo más largo de subidas acumuladas: 52 meses. Sin embargo, España es el segundo de la UE con la tasa de temporalidad más alta, un 21,5%, únicamente por detrás de Polonia (21,6%). Está lejos del 10% que registra Alemania y del 13% de Francia y distanciado de la media del la UE, situada en el 12,3%.

Bonificaciones a la contratación y tarifas Planas, en revisión. Las bonificaciones aprobadas durante los últimos años para incentivar la creación de empleo y las tarifas planas que perciben los autónomos son también susceptibles de revisión. Tanto el jefe del Ejecutivo, como su ministra de Trabajo ya han adelantado que revisarán la «utilidad» de ambas figuras, de las que se benefician especialmente los trabajadores por cuenta propia, el colectivo que tira del empleo en España. El PSOE se ha mostrado partidario de mantener las ayudas, y muy probablemente a lo que se refiere la titular del departamento es que el coste de las mismas dejarán de cargarse a la Seguridad Social y pasarán a la cuenta de los impuestos. Algo sobre lo que también trabajaba el anterior Ejecutivo.

El éxito de la tarifa plana —50 euros el primer año de cuota para emprender— la reflejan los números. Desde su entrada en vigor 1.500.000 han sido los beneficiarios y más de 500.000 de ellos jóvenes. Y ha ayudado a aflorar 600.000 actividades sumergidas que se realizaban sin cotizar a la Seguridad Social, según los datos que maneja la mayor asociación de autónomos, ATA.

Cerco al régimen de las subcontratas. Modificar la legislación de las subcontratas para lograr la equiparación salarial entre los trabajadores de la empresa contratante y la subcontratada y reformar los contratos de relevo y la implantación de un sistema de ayudas a la formación a trabajadores que se vean inmersos en un expediente de regulación de empleo temporal son asuntos en los que se esperan modificaciones.

El mundo empresarial mira ahora con inquietud los cambios de la norma, teniendo en cuenta el impacto que el nuevo modelo de relaciones laborales ha tenido en el mercado laboral y las dosis de flexibilidad con las que ha dotado a las empresas. La patronal está a favor de realizar cambios que mejoren el mercado de trabajo. Su oferta es avanzar en flexibilidad y evitar que se creen bolsas de temporalidad y precariedad en algunos sectores, como, por ejemplo, en el caso de externalizaciones. El vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, explicó la pasada semana que la mayoría de las externalizaciones en España «se hacen bien», pero considera que «algunas empresas y empresarios se aprovechan» para tirar los precios. Para el presidente de Cepyme, el sector de «las kellys» es un ejemplo de bolsa de precariedad.

Los sindicatos son más rotundos. CC.OO. pide la «derogación por elevación» de las dos últimas reformas laborales: la de 2010 y la de 2012, es decir, derogar no para volver a la norma que había en 2009, cuando existía un 33% de temporalidad, sino para «plantear un nuevo modelo de relaciones laborales», en palabras del secretario general del sindicato, Unai Sordo. Más rotundo es UGT. «No encuentro nada positivo de la reforma de 2010 ni de la de 2012», dice Pepe Álvarez, secretario general del sindicato socialista, que aboga por derogar unas leyes «impuestas a golpe de decretazo». diez puntos menos de paro y 500.000 empleos anuales

Son ya más de seis años los que la reforma laboral está en vigor y sus resultados han sorprendido dentro y fuera de España por el fuerte ritmo de empleo que desde 2014 mantiene la economía. Se hizo a imagen y semana de las exitosas leyes alemanas y ha sido un espejo para que otros países siguieran sus pasos, como Francia. Hoy, el balance es positivo para unos y negativo para otros. Pero las cifras hablan por sí solas. La economía ha pasado de destruir empleo a tasas superiores al 3% a crearlo en proporciones cercanas; de llegar a registrar una tasa de paro superior al 26% a verla situada en el 16,74%.

La situación económica con la que se puso en marcha una de las leyes estrella del Gobierno de Rajoy era crítica. A finales de 2011 España volvía a entrar en recesión por segunda vez desde el inicio de la crisis y la economía destruía empleos a ritmos superiores al 3%, una sangría que exigía medidas inmediatas para taponar el chorro de despidos que durante esos años acometieron muchas empresas en España. En febrero de 2012, en medio de fuertes críticas, el Gobierno de Rajoy puso en marcha un nuevo modelo de relaciones laborales con la vista puesta en frenar la destrucción de empleo.

Fue la última reforma del Estatuto de los Trabajadores, la más profunda desde que se aprobó esta norma en 1980 y muy contestada desde el mundo sindical por considerar que abría la puerta a la decisión unilateral del empresario en muchos aspectos de las relaciones laborales (despido, negociación colectiva, cambios de condiciones sustanciales de trabajo,…). Dos huelgas generales provocó esta norma que taponó la sangría dle paro .

Expertos laboralistas consultados por ABC coinciden en que la nueva normativa ha logrado cambiar la dinámica de las relaciones laborales. Frente al anquilosamiento de las condiciones en el pasado, explican que desde 2012 hay flexibilidad laboral. Es la palabra clave que se ha traducido en una nueva «cultura de la negociación», un «dogma» que se comenzó a aplicar en periodos de vacas flojas para se ha instalado en las empresas, en los que ajustar las condiciones laborales se convierte en imprescindible para evitar despidos, cuyas indemnizaciones también se rebajaron.

La reforma laboral abarató el coste del despido por una doble vía. Por un lado se facilitó el despido objetivo, el más bajo con 20 días por año trabajado, al definir como causa económica el encadenamiento de tres trimestres consecutivos con caída de facturación tanto en los despidos individuales como en los colectivos. Al mismo tiempo, acabó con la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, lo que permitió que una vez acabara el periodo de negociación (un mes) el empresario ejecute su decisión sin acuerdo con los representantes de los trabajadores. La otra vía que abarata el despido es la rebaja del precio del despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33.

Uno de los grandes objetivos de la reforma es facilitar la rebaja de salarios. Con la nueva norma, se permite que un empresario modifique unilateralmente las condiciones sustanciales de trabajo (jornada, horario, traslados o cuantía salarial hasta la base fijada en el convenio colectivo) si esgrime razones como la competitividad o encadena dos trimestres consecutivos de caída de facturación. Las empresas no han dudado desde 2012 en recurrir a esta opción lo que ha permitido a España ganar competitividad por esta vía.

Ahora, las cartas están sobre la mesa y solo queda esperar y comprobar hasta donde llega el Gobierno, cuáles serán sus compañeros de viaje y, sobre todo, que impacto tendrá en la empresas sus decisiones. El tejido empresarial está alerta y también Bruselas, parte activa en la reforma que hace más de seis años se articuló en España.