¿A quién afecta la subida del salario mínimo hasta 1.000 euros al mes?

¿A quién afecta y quiénes son los colectivos y sectores más sensibles a la nueva escalada? Afecta a casi dos millones de trabajadores y los colectivos más afectados son jóvenes, empleadas del hogar, y sectores muy castigados por la pandemia, como el campo, la hostelería y el comercio. Y, en general, a pymes y autónomos. Tendrán que asumir un coste laboral extra , que se suma al impacto de la escalada de la inflación, la falta de materias primas y la sucesión de costes que llevan a las espaldas en una pandemia que les ha puesto contra las cuerdas. Y con el hachazo en las cotizaciones en el horizonte que prepara el ministro Escrivá para los autónomos.

A diferencia de las empresas, la vicepresidenta segunda y los sindicatos se esforzaron ayer por dejar claro que la subida del SMI beneficiará a jóvenes y mujeres con contrato temporal, después de rechazar el mantra de que los incrementos destruyen empleo y de aseverar que «España avanza hacia un modelo de sociedad que no esté basado en sueldos bajos». Pero cuando las empresas hablan de daños al empleo se refieren, sobre todo, a los trabajos que pueden dejar de crearse, como ya ocurrió en 2019, cuando el SMI escaló un 22% . Un año y medio más tarde, con una abundante profusión de datos, el Banco de España concluyó que aquel crecimiento provocó un menor crecimiento del empleo de 98.000 y unos 180.000 puestos de trabajo. Por cada punto porcentual de subida del SMI, la autoridad bancaria estimó entonces que se produciría un menor incremento de los trabajadores directamente afectados entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales.

Con el escenario que la ministra de Trabajo ha cerrado con UGT y CC.OO. el indicador habrá escalado cerca de un 35% desde que gobierna Pedro Sánchez, en una carrera alcista que persigue situarlo en el 60% del salario del salario medio (unos 1.050 euros) antes de que acabe la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y comprometida por el Gobierno de coalición, porcentaje que, por otro lado, ya contarían con el doce comunidades autónomas. Llegar a la meta obligará a subir 50 euros el indicador el año que viene, el mayor ascenso de la legislatura.

La retroactividad de la subida obligará a las empresas a ajustar los sueldos referenciados al índice. Los trabajadores tendrán que recibir compensación del salario del mes de enero, así como la actualización de su nómina de febrero. El incremento será del 3,6%, medio punto por encima de la inflación media del año pasado, lo que permite una pequeña ganancia del poder adquisitivo.

El camino emprendido está en la franja intermedia de lo que recomendó el comité de expertos, cuyo informe fue encargado por la propia Díaz. Estos concluyeron que este indicador debía alcanzar los 1.049 euros en 14 pagas en 2023 en su rango más alto o 1.011 euros en el más bajo. El informe, sin embargo, no era ajeno a la situación pandémica y por ello sugería la aplicación de estas subidas al final de la legislación, cuando se pensaba que mejoraría la situación económica.

«El salario mínimo es una herramienta que mejora la economía en su conjunto», defendió Yolanda Díaz, que busca tirar hacia arriba de los sueldos en los convenios. Aunque enero dio un leve respiro a los precios, siguen desbocados, en cotas del 6%, lo que está minando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, teniendo en cuenta que los salarios llevan más de un año estancados en el entorno del 1,5% en un contexto en el que los gastos se multiplican. La subida media pactada en los convenios en 2021 fue del 1,47%, cuatro veces menos que la evolución que ha tenido el IPC de enero.

Pero las empresas no piensan lo mismo que Díaz. Sostienen que los sueldos no se fijan con el salario mínimo, que le corresponde a la negociación colectiva y que el planteamiento que hace el Gobierno y los sindicatos es «peligroso» porque supone una «intromisión» en los convenios.

El momento político para acometer la subida no parece elegido al azar. Es oportuno por dos cuestiones. Primero, porque se anuncia a solo unos días de las elecciones en Castilla y León y, dos, tras el desgaste de Yolanda Díaz por la polémica aprobación de la reforma laboral, que salió adelante gracias al voto equivocado de un diputado del PP. La ministra hace ahora de la actualización del SMI, un vehículo para ganar músculo, aunque haya tenido que renunciar al valor que da a los pactos sociales por el plantón de los empresarios.