Sacyr tiene paralizada una autopista en Colombia por problemas técnicos

Se trata del contrato de remodelación, ampliación y posterior explotación de la autopista Ruta 25-Puerta del Hierro , que Sacyr se adjudicó en julio de 2015, un proyecto que supone una inversión de 212 millones de euros y actuar sobre 202 kilómetros de longitud.

El bloqueo del proyecto responde exclusivamente a un «problema puntual y técnico» y no a cuestiones políticas como las que en los últimos años afectaron a negocios de empresas españolas en el país como Abertis o Gas Natural , remarcaron dichas fuentes de la compañía.

El grupo que preside Manuel Manquire no ha llegado a comenzar las obras de la autopista , dado que detectó en la fase de proyecto las dificultades técnicas, que consisten en la aparición de las denominadas «arenas expansivas».

Tras aparecer esta dificultad, y el consecuente sobrecoste en la obra, la constructora comenzó a negociar con la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), organismo público promotor de la infraestructura que forma parte del plan de autopistas que desarrolla el país. Al no prosperar la negociación se recurrió a un organismo local de arbitraje, el denominado Amigable Componedor , que acaba de fallar en contra de Sacyr y en favor de ANI.

Tras este fallo, y a pesar de que la constructora y el órgano público han reemprendido la negociación, las mismas fuentes de Sacyr indicaron que actualmente todas las posibilidades están abiertas, desde que se alcance un acuerdo hasta que se rescinda el contrato o Sacyr decida dejarlo.

A pesar de ello, Sacyr mantiene su apuesta por Colombia, un país que sigue considerando estratégico y en el que continúa analizando oportunidades de inversión tras haber logrado una cartera de cuatro autopistas.

La consecución de estas vías se enmarca en la política de crecimiento y expansión internacional que lleva a cabo la compañía, en la que la división de concesiones constituye uno de sus principales pilares.

Sacyr mantiene abierta esta negociación con Colombia mientras el consorcio que lidera trabaja en avanzar con Panamá para la resolución de todas las reclamaciones por sobrecostes y modificados surgidos en las obras de ampliación del Canal, que ascienden a unos 3.700 millones de euros. De este importe, la firma española espera cobrar unos 630 millones, según las últimas estimaciones de la compañía.