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El reto demográfico

«El desafío exigirá una respuesta proactiva en la que el incremento de la productividad y de la eficiencia de nuestros servicios públicos tendrán que ser las grandes prioridades»

Ángel de la Fuente

Uno de los grandes retos a los que tendremos que enfrentarnos en las próximas décadas es el rápido envejecimiento de la población española. Las causas inmediatas de este fenómeno son el aumento de la esperanza de vida y el desplome de la tasa de natalidad española, que se redujo drásticamente entre los años setenta y noventa hasta situarnos entre los países con menores índices de fecundidad del mundo.

Estos cambios han tenido un efecto muy grande sobre la estructura de la población española y seguirán teniéndolo en las próximas décadas. En el momento actual, nuestra pirámide de población no se parece en absoluto a esta figura geométrica, que exigiría que el peso de las sucesivas cohortes en la población total se fuese reduciendo según aumenta su edad. En nuestro caso, sin embargo, las cohortes más numerosas, las del «baby boom» de los años 60 y 70, están aproximándose ya a la jubilación, mientras que las que entran en edad de trabajar son ya de un tamaño inferior al de las que salen y seguirán siéndolo durante los próximos treinta años.

La otra clave para proyectar la evolución de la población durante las próximas décadas es el comportamiento de los flujos migratorios. Puesto que esta variable es particularmente difícil de predecir, resulta aconsejable considerar distintas posibilidades. Las proyecciones elaboradas por organismos como Eurostat , el INE y la Airef dibujan un abanico relativamente amplio que acota los escenarios plausibles. Comparando los dos extremos del espectro, la diferencia entre ellos en términos del influjo neto de inmigrantes entre la actualidad y 2060 está por encima de los 6 millones de personas, lo que marca la diferencia entre un apreciable aumento de la población y su práctico estancamiento.

Un incremento de las tasas de actividad y empleo podría mitigar los efectos del «shock» demográfico

Pese a sus considerables diferencias, todas las proyecciones coinciden en anticipar el empeoramiento de un indicador fundamental para la sostenibilidad financiera del Estado de Bienestar: la tasa de dependencia de mayores, definida como el número de personas en edad de jubilación por persona en edad de trabajar. De acuerdo con las previsiones centrales que incorpora el modelo de pensiones de Fedea (basadas en proyecciones de Eurostat), la tasa de dependencia aumentaría desde 0,32 en 2018 hasta un máximo de 0,68 en 2050 , con un incremento del 113%. En un escenario de alta inmigración similar a las previsiones más optimistas de la Airef, el incremento hasta el pico sería de «sólo» el 73%, cuarenta puntos menos pero todavía muy significativo.

Así pues, todo apunta a que en las próximas décadas la sociedad española tendrá que enfrentarse a un rápido proceso de envejecimiento que comportará una fuerte presión al alza sobre nuestro sistema de pensiones y sobre otras partidas importantes de gasto público, como la sanidad y la dependencia, y obligará a cargar su peso sobre una base cada vez más reducida en términos relativos de personas en edad de trabajar.

Uno de los factores que podrían mitigar los efectos de este «shock» demográfico sería un incremento de las tasas de actividad y empleo, lo que elevaría el número de trabajadores ocupados que han de financiar el gasto ligado al envejecimiento. Aun bajo supuestos muy optimistas sobre la evolución de nuestro mercado de trabajo (que nos equipararían a medio plazo con los países europeos con un mejor desempeño laboral) el «shock» seguiría siendo importante: estaríamos hablando de un incremento de entre 40 y 77 puntos porcentuales de aquí al 2050 en el ratio de dependencia calculado sobre la población ocupada. En nuestro escenario central, cada ocupado tendría que hacerse cargo de los gastos sociales generados por 0,87 pensionistas (además de los suyos propios y los de sus hijos) y en el más optimista de 0,68, frente a los 0,49 que le corresponden ahora. El desafío es por tanto mayúsculo y exigirá una respuesta proactiva en la que el incremento de la productividad y de la eficiencia de nuestros servicios públicos tendrán que ser las grandes prioridades.

Ángel de la Fuente es director ejecutivo de Fedea

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