La resurrección de la tasa Tobin
Europa saca del cajón del olvido un impuesto propuesto hace ya 40 años y al que pronto se le colgó la etiqueta de utópico. El presidente de Transparencia Internacional responde a los principales temores que suscita
«Los aplausos más sonoros vienen del lado equivocado», se quejaba el Premio Nobel de Economía James Tobin cuando a finales de los años 90 el movimiento antiglobalización ATTAC enarboló la tasa Tobin como su bandera. El economista estadounidense, fallecido en 2002, no ha llegado a ver cómo la propuesta que realizó en 1971 para establecer un impuesto sobre las transacciones de divisas que disuadiera a los especuladores se convertía en «trending topic» de la política europea. Es más, preguntado durante una entrevista en el diario alemán Der Spiegel un año antes de su muerte sobre si creía que la tasa Tobin iba a ser realidad algún día, contestaba con contundencia: «No hay ninguna oportunidad, me temo».
Diez años y una crisis después, la tasa Tobin resucita de entre sus cenizas en el debate público. El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha sido el último en sumar su apoyo al presidente francés Nicolas Sarkozy, convertido ahora en el mayor defensor de una tasa que en 1999 consideraba «absurda». En una entrevista exclusiva en ABC el pasado 16 de enero, Sarkozy insistía en que «la cuestión de la tasa sobre las transacciones financieras es absolutamente fundamental para Francia, porque es normal, diría incluso moral, que aquellos que han contribuido a sumir el mundo en la crisis, contribuyan a la recuperación de la economía mundial». Sí, las cosas parecen haber cambiado.
Jesús Lizcano , experto en Economía y presidente de Transparencia Internacional España , apunta a dos razones para este renacimiento: «Por una parte, el hecho de que diversos estudios que se han realizado han venido confirmando que no es tan utópica, y que su instrumentación operativa no sería tan complicada desde un punto de vista técnico; y por otra parte, las necesidades tan perentorias de recaudar fondos que tienen los distintos países para equilibrar sus maltrechas finanzas públicas».
Los gobernantes, prosigue Lizcano, «se han vuelto así bastante más pragmáticos y realistas» y a ello añaden una cierta imagen social que les proporciona la Tasa Tobin. Porque el impuesto cuenta con un considerable apoyo social, gracias a la divulgación que ha venido realizando la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadanos. (ATTAC) desde su nacimiento en 1997 tras el editorial «Desarmando los mercados» de Ignacio Ramonet en « Le Monde Diplomatique ».
«Es un éxito de la sociedad en su conjunto, especialmente una gran parte de la sociedad civil, que desde muchos ámbitos (asociaciones, profesores universitarios, colectivos ciudadanos, etc.), hemos divulgado e impulsado durante bastantes años esta tasa», considera el presidente de Transparencia Internacional en España.
Aunque hoy se plantea llevar a cabo la propuesta que propugnara Tobin en 1971 con algunos cambios. «Ahora se quiere aplicar la tasa a los mercados financieros en su conjunto, y no exclusivamente sobre los mercados financieros cambiarios», explica Lizcano.
El que fuera asesor de J.F.Kennedy creía que el FMI sería el más indicado para dirigir y recaudar los ingresos, que serían puestos a disposición del Banco Mundial , poniendo en juego así a los dos grandes «monstruos» a ojos de los antiglobalización. El presidente de TI sostiene, por el contrario, que «se debería realizar la recaudación en los países en los que se lleven a cabo las propias operaciones financieras» y habría que consensuar entre todos los países un mecanismo para su aplicación «evidentemente con una proporción distributiva distinta a la recaudatoria».
Viable aunque no haya consenso
También desde el punto de vista técnico y tecnológico, ahora resulta mucho más sencillo implantar la tasa, al existir más posibilidades de recabar, generar, controlar y centralizar la información financiera y fiscal. «La complejidad, y por tanto los costes de su implementación, son sustantivamente diferentes y más bajos que los que hubiera habido hace 40 años», señala Lizcano.
La Comisión Europea aprobó en septiembre el proyecto de directiva para establecer el impuesto, con la que prevé recaudar 55.000 millones de euros al año a partir de 2014. Pretende tasar con un 0,1 % las transacciones con acciones y bonos y con un 0,01 % las operaciones con derivados.
Pero Francia ha dado un paso al frente, anunciando su implantación en este mismo año, sin esperar a que el resto de países europeos se pongan de acuerdo para ponerla en marcha, una condición indispensable para muchos gobiernos, que temen situaciones de desventaja competitiva.
Lizcano también responde a estos temores, asegurando que es viable que se aplique solo en la zona euro, «incluso en menos países si fuera necesario» y minimizando el riesgo de que una parte de las operaciones se deslocalicen . «No creo que fuese una parte importante de la actividad, ya que ello no daría una muy buena imagen a las entidades que intentasen ahorrar impuestos llevándose a otros países sus actividades, y además la tasa es lo suficientemente pequeña para que el efecto no sea tan sustancial como para que cambien los modos, los sistemas y las plazas de una gran parte de las operaciones financieras».
Tampoco cree que las entidades financieras fueran a repercutir la tasa en el cliente final, convirtiendo a éste en el pagador del impuesto. «No resultaría necesario, ya que la tasa supondrá una proporción ínfima del importe de las respectivas operaciones financieras, y por tanto, el repercutir un coste tan pequeño a los clientes quizá fuera contraproducente en cuanto a tener que cambiar precios y condiciones contractuales, aparte de la posible pérdida de imagen ante sus propios clientes por cada entidad».
La tasa Tobin ha ganado adeptos en los últimos meses, pero aún divide a Europa. Francia, Alemania, Austria y Bélgica lideran el bloque a favor y Reino Unido y Suecia encabezan el frente que se opone a su introducción a nivel global. Con estos últimos se sitúa la patronal europea, «a la vista de los riesgos que presenta para el crecimiento económico en la UE», considera BusinessEurope .
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