Báñez: «Mi responsabilidad es garantizar las pensiones de hoy y de mañana»

–Los pensionistas han salido esta semana a las calles para reclamar mayores subidas en sus pensiones. ¿Van a subirlas más del 0,25%?

–En España hemos conseguido, gracias al compromiso de la sociedad y a la responsabilidad del Gobierno, salir de una crisis e iniciar una recuperación pagando más pensiones, a más pensionistas, y más altas que nunca. Eso ha permitido que en diez años no hayan perdido poder adquisitivo. La OCDE reconocía recientemente que en España la pensión ha sido una garantía de renta para las familias. Gracias a los mayores, los hijos y los nietos han podido salir adelante.

–Eso fue en el pasado. Pero ahora la economía crece más del 3%, se crea empleo, ... ¿Cree que un jentiende que una subida de dos euros?

–El pensionista sabe que ha mantenido su pensión durante la peor crisis de nuestra historia, y que la Seguridad Social da cada vez mejor protección a más personas. Y el pensionista también sabe que con el empleo y el crecimiento mejorarán los ingresos y también sus pensiones. El Gobierno trabaja para que haya más y mejores pensiones ahora y mañana, pero no tenemos mayoría parlamentaria y queremos alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo. La buena noticia es que el crecimiento se mantiene en el entorno del 3% y se siguen creando más de 600.000 empleos en términos interanuales, lo que es un gran apoyo para nuestras pensiones.

–El PSOE ha condicionado un acuerdo en pensiones a que vuelvan a revalorizarse con el IPC.

–El Índice de Revalorización lleva aplicándose cuatro años y ha permitido mantener el poder adquisitivo en este periodo, a pesar de la pérdida en el último año y mientras el sistema ha comenzado por fin a revertir su déficit. No podemos comprometer hoy las pensiones de mañana. Mi responsabilidad es garantizar las pensiones públicas actuales y las del futuro.

–¿Cuándo esperan tener las recomendaciones del Pacto de Toledo?

– Debatimos en este momento propuestas para aumentar los ingresos que permitan aumentar las pensiones. Tengo la confianza de que en primavera los grupos parlamentarios hayan alcanzado un acuerdo con unas recomendaciones generales, que podamos luego concretar en medidas mediante el diálogo social.

–¿Qué reformas quieren hacer?

–Queremos continuar con la separación de fuentes de financiación. Ya se pagan con impuestos todos los complementos a mínimos, pero hay otras partidas que no son pensiones que podrían pagarse con el Presupuesto. Y no estoy hablando de subir impuestos, sino de pagar una serie de partidas con la actual tarta impositiva. Por ejemplo, convertir en bonificaciones, con cargo a presupuestos, las reducciones de cotización que hoy merman los ingresos del sistema; o pagar con impuestos los permisos de paternidad y maternidad, que son políticas de empleo.

–¿También las prestaciones de viudedad y orfandad se pasarían al Presupuesto?

–El 40% de las pensiones de viudedad se pagan ya con el Presupuesto. Si algún grupo no se siente cómodo porque piensa que cambiaría la naturaleza jurídica de estas prestaciones, que no es cierto, hay otras partidas. Por ejemplo, se podrían pagar con impuestos 1.800 millones de gestión de administrativa del sistema. Las pensiones son una cuestión de Estado y todos deberíamos, por responsabilidad, alcanzar un acuerdo para dar una respuesta a todos los pensionistas de hoy, pero también a los jóvenes, que cobrarán una pensión mañana.

–Usted ha anunciado la posibilidad de que se calculen la pensiones con toda la vida laboral.

—Queremos ofrecer a las personas con largas carreras de cotización que puedan calcular su pensión con toda la vida laboral, en lugar de con los últimos 25 años. Ese tipo de medidas se comparten lealmente en el Pacto de Toledo, y buscan adaptar nuestro modelo a la realidad de muchas personas que han padecido el impacto de la crisis en sus carreras, y no deben volver a sufrirlo en su pensión.

–PDcat ha presentado una iniciativa para que el Factor de Sostenibilidad no entre en vigor en 2019.

–El Factor de Sostenibilidad es un mandato de la Ley 27/11 que aprobó el PSOE con el actual PDcat. Todos los países de nuestro entorno lo tienen y es una medida de equidad intergeneracional, ya que garantiza que ante igual contribución a la Seguridad Social, dos personas en dos momentos diferentes, recibirán la misma prestación a lo largo de su vida.  

–¿Ha llegado el momento de subir los salarios?

–Los salarios se deciden en la negociación colectiva. Nosotros hemos cumplido, se ha abierto la mesa de la Función Pública para subir sueldos a los funcionarios los próximos tres años y, con el acuerdo social que acabamos de firmar habremos subido un 32% el SMI entre 2012 y 2020. Ahora confiamos en la responsabilidad de los agentes sociales para que la recuperación se traduzca en mejores salarios y más puestos de trabajo, y en incrementos de la productividad y la competitividad de nuestras empresas.

–Los mayores de 50 vuelven a estar en la diana de las empresas… ¿Puede prescindir España de estos trabajadores? 

–España necesita competir con lo mejor que tiene, con todo su talento, con todo el capital humano. Para las empresas, las personas con mayor experiencia tienen un alto valor añadido. Cuando llegamos al Gobierno eliminamos la jubilación obligatoria que había en muchos convenios, para favorecer el mantenimiento de ese talento. Hemos tomado medidas para impedir que las empresas con beneficios recortaran el empleo de los mayores. Hemos apostado por el envejecimiento activo, de modo que la persona que quiera, pueda permanecer trabajando y además cobrar una pensión. Ya se ha hecho al 50% con carácter general para las personas que trabajan por cuenta ajena. Para los autónomos permitimos que aquellos que tienen trabajadores a su cargo puedan jubilarse con el 100% de la pensión y mantenerse en activo. Está en marcha una comisión que estudia la posibilidad de compatibilizar al 100% la pensión con el salario. Es bueno para España poder contar con todo su talento.

–La tasa de temporalidad sigue siendo elevada en España. ¿Qué se está haciendo para reducirla?

–Se está reduciendo significativamente respecto a 2007, pero queda mucho por hacer. Para mejorar la estabilidad en el empleo, tras nuestro acuerdo con Ciudadanos presentamos una propuesta para que en España queden tres contratos de trabajo: el indefinido con carácter general, uno temporal causal con indemnización creciente, de 12, 16 y 20 días por año, y un contrato de formación y aprendizaje que unirá los dos que hay ahora de formación y prácticas. Cumplimos nuestro acuerdo y lo estamos negociando con sindicatos y empresarios, entendiendo que es una propuesta muy razonable. No reconozco en las medidas que anunció ayer C’s los tres contratos de nuestro pacto. Su propuesta vuelve al contrato único, que no tiene en cuenta la realidad del tejido productivo español, y perjudicaría a pymes, autónomos y trabajadores.

—¿Qué impacto va a tener la nueva revolución tecnológica?

–Lejos de ser un factor de incertidumbre debería ser un factor de confianza. Según la Comisión Europea, por cada dos empleos que se pierdan en la economía real nacerán cinco en la digital. Ahora bien, debemos anticiparnos a esa realidad con formación permanente de los trabajadores. Hoy, pese al elevado paro, una de cada cuatro vacantes en empleos de alta tecnología tiene problemas para cubrirse por falta de cualificación. Tenemos que dar respuesta a esta situación, pero lejos de ser una amenaza, y pese a las tensiones que conlleva todo gran cambio, la revolución digital es una gran oportunidad para España y para el mundo.

–¿Preparan nuevas medidas para luchar contra las irregularidades en el mercado laboral?

–Estamos negociando en el marco del diálogo social endurecer las sanciones contra la temporalidad injustificada. En la actualidad, cuando una empresa contrata en fraude incurre en una única infracción, con independencia del número de trabajadores afectados. El Gobierno ha propuesto, en cambio, que por cada contrato temporal injustificado se le imponga una sanción a la empresa. Eso multiplicará el número de sanciones y su importe y sin duda cortará estos abusos de raíz. Confiamos en alcanzar un acuerdo con la patronal y los sindicatos para ponerlo en marcha. También se pondrán en marcha medidas para intensificar la lucha contra la brecha salarial.

–Las empresas de reparto de comida a domicilio están en la diana de la Inspección.

–En la diana de la Inspección están todas las empresas que incumplan sus obligaciones laborales y de Seguridad Social, con independencia del sector. Ello, ante todo, porque se vulneran los derechos de los trabajadores, pero también porque el fraude perjudica a la gran mayoría de empresas que sí cumplen con sus obligaciones y que ven reducidas sus posibilidades de crecimiento como consecuencia de esa competencia desleal, y porque supone una merma de ingresos para la Seguridad Social.