El repunte de los precios costará 4.600 millones de euros extra en pensiones

Así, a primeros de 2022 los jubilados percibirán la diferencia entre el alza que se les aplicó y la inflación media con la que cierre el ejercicio . En un escenario en el que esta inflación media quedará en torno al 2,5% el pago extra sería el equivalente a 1,6 décimas, lo que implicaría un gasto adicional de unos 2.300 millones, que se consolidaría en las jubilaciones de por vida para próximas subidas. La factura por la desviación de los precios sería, por tanto, de 4.600 millones, sumando el incremento y la consolidación. A esta cantidad habría que aplicarle, a su vez, el incremento de enero, que volverá a ser la inflación media de 2022.

Esto será así porque la hoja de ruta trazada por Bruselas marca 2022 en el calendario para la entrada en vigor de la nueva reforma, que por ley ligará las pensiones a los precios. A diferencia de lo que ocurría antes de los cambios introducidos en 2013 a partir de ahora la inflación que se deberá tomar para la revalorización será la media del año anterior. Todo ello hará que el gasto se dispare en un momento, además, en el que no está en marcha ningún mecanismo de ajuste del gasto y con la generación del ‘baby boom’ cada vez más cerca (comenzarán a retirarse ya en 2023).

La desviación de los precios ha cogido por sorpresa al Ejecutivo. Cuando acometió la subida de las prestaciones públicas la recuperación era una incógnita en España y los precios se movían en terreno negativo, reflejo de una economía que estaba paralizada por el Covid , los confinamientos y las restricciones. Con el comienzo del despegue económico llegó el rebrote del IPC y, en este caso, sus consecuencias.

Los precios se han mantenido los últimos dos meses en el 2,7%, niveles desconocidos desde 2013, que se explican, fundamentalmente, por el alza de la energía y el precio de los combustibles. Si bien se espera que el repunte sea coyuntural, las predicciones apuntan a que el indicador se moverán en este terreno durante unos meses y que el ejercicio cierre en tasas similares teniendo en cuenta que ya está vencido medio año. Así, Funcas estima que la inflación media de este ejercicio se situará en el 2,5% y que terminará el año en el 3,4% y BBVA Research sitúa en el 2% la inflación media anual y en el 2,6% en diciembre.

España vuelve así a la costosa fórmula para la economía de ligar rentas y precios, un modus operandi que se aplicó en los años noventa y que la reforma de 2013 sustituyó por el Índice de Revalorización (IRP) , que hasta 2018 ligó la subidas de las nóminas a la salud de la Seguridad Social con subidas del 0,25%. En ejercicios anteriores la inflación interanual registrada en noviembre servía para ajustar el alza aplicada en enero con el fin de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. El coste generado por esas revalorizaciones, derivado de las desviaciones de la inflación respecto a las previsiones iniciales, provocó elevadas facturas adicionales para el sistema en el pasado, lo que dio lugar, siguiendo las recomendaciones de Bruselas, al cambio en el método de cálculo, desligado de los precios.

Cuando el Pacto de Toledo encargó al ministro Escrivá que la reforma de pensiones ligara de nuevo la nómina de los jubilados a los precios, la Comisión Europea avisó de que hacerlo de forma permanente compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo del sistema, al tiempo que alertaba de que estas medidas favorecerían, sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales en detrimento de las nuevas generaciones.

Por este motivo, cuando el Gobierno quiso eliminar el factor de sostenibilidad las autoridades europeas avisaron de que tendría que buscar una fórmula alternativa, que el Ejecutivo ha llamado mecanismo intergeneracional. ¿Qué se sabe de esta nueva fórmula? Poco, salvo que el titular de la Seguridad Social desveló que los nacidos entre finales de los años cincuenta y la década de los setenta tendrán que elegir entre recortes en su pensión o trabajar durante más tiempo.

«Será un ajuste bastante moderado. Podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles», reconoció el ministro. El nuevo mecanismo de control del gasto del sistema está aún por definir en lo que se refiere a su letra pequeña que el diálogo social deberá definir, o el Ejecutivo en solitario si no hay acuerdo, antes del 15 de noviembre. La idea inicial es que, una vez listo, se introduzca vía enmienda al proyecto de ley en el Congreso, lo que ha levantado no pocas críticas. Y es que no hay mucho precedentes en los que un elemento tan sustancial para el futuro del sistema se introduzca en la ley vía enmienda.

Al igual que Bruselas son mucho los organismos y servicios de estudios los que han avisado del coste que supondrá para la economía utilizar los precios para revalorizar las pensiones. Uno de ellos Rafael Domenech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research y uno de los economistas que formó parte del grupos de expertos que participó en la reforma de 2013. Como la Comisión asegura que hacerlo de esta forma haría necesario cambios en el sistema para garantizar su sostenibilidad.

El problema de las jubilaciones de los ‘ baby boomers’ lleva atormentando ya a varios gobiernos sin que ninguna de sus propuestas para hacer frente al desfase haya llegado finalmente a aplicarse en la mayoría de los casos por tratarse de un colectivo de nueve millones de jubilados con fuerte impacto en las urnas. Los generación del ‘baby boom’ comenzará a jubilarse en 2023 tras largas carreras de cotización y sueldos elevados, dado que han acaparado los puestos de trabajo más cualificados. Esto les dará derecho a pensiones más altas en un momento en que la natalidad en España languidece y la precariedad es la tónica del mercado laboral.

El único Gobierno que intentó atajar la escalada del gasto que provocará su incorporación al sistema fue el de Rajoy . Para afianzar los pilares del sistema tras la crisis de 2008 diseñó una herramienta para ajustar la pensión a la esperanza de vida, el factor, que tenía que haber entrado en vigor el pasado 2019 pero se terminó posponiendo a 2023 tras un acuerdo presupuestario entre el PP y el PNV que posteriormente se frustraría. Hoy tiene los días contados, su nombre cambiará pero seguirá siendo un mecanismo de recorte del gasto.