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Las renovables piden «seguridad jurídica» a la nueva ministra de Transición Ecológica

Las empresas del sector quieren que, al menos, se mantenga la rentabilidad razonable y se elimine el «impuesto al sol»

MadridActualizado:

El cambio de Gobierno y, sobre todo, la llegada de Teresa Ribera al nuevo ministerio de (para la) Transición Ecológica, ha desatado el optimismo entre las renovables, sector duramente castigado por las reformas del Ejecutivo de Mariano Rajoy y, últimamente, por el ministro Álvaro Nadal. La petición más repetida es «retomar la seguridad jurídica».

Juan Virgilio Márquez, director general de AEE (Asociación Empresarial Eólica), ha declarado a ABC que «comienza una nueva etapa que afrontamos con optimismo. Estamos seguros de que será posible dialogar para establecer las líneas que la planificación de nuestro sistema energético requiere. A 2020, la potencia eólica va a sumar 5.000 MW al sistema. Actualmente, la energía eólica está cubriendo el 18% de la demanda de electricidad y la senda de crecimiento tiene que ser lineal, constante y que aporte confianza a los inversores. La seguridad jurídica, la simplificación administrativa, la invariabilidad de la rentabilidad razonable y una reflexión sobre el diseño del mercado y la fiscalidad son requisitos para que una tecnología competitiva como es la eólica siga contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de energía renovable a 2030 y 2050».

Añade que a fusión de competencias de Medio Ambiente y Energía en el recién nombrado Ministerio para la Transición Ecológica «facilitará la hoja de ruta para nuestro futuro energético, que estará, sin duda, alineada con los objetivos de la Unión Europea».

Desde UNEF (Unión Española Fotovoltaica) valoran positivamente el cambio de tendencia en materia de política energética anunciado por el nuevo Gobierno, con quien espera mantener un diálogo abierto.

«Deseamos que en los próximos meses, el ministerio siente las bases y ponga en marcha las medidas para llevar a cabo un proceso de transición energética en nuestro país, mediante la definición de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que esté en línea con los compromisos adquiridos a nivel europeo y en el marco del Acuerdo de París adoptado en 2015 en materia de cambio climático».

A este respecto, «consideramos de vital importancia que se diseñe un nuevo sistema de mercado adecuado a las características de las energías renovables, se defina un nuevo sistema de fiscalidad ambiental, se lleve a cabo una reestructuración de la tarifa eléctrica y se fomente la electrificación de la economía basada en la generación renovable. A nivel europeo, esperamos que España retome una posición de referencia y liderazgo en tema de transición energética y que desempeñe un papel central en este sentido. Los puntos centrales incluyen el apoyo al autoconsumo, a través de la introducción de la simplificación administrativa, la defensa del principio de seguridad jurídica y el cumplimiento del objetivo de energías renovables a 2030».

A nivel nacional, UNEF espera que desde el Ministerio se cumplan las promesas reflejadas en el programa político del nuevo Gobierno, que contemplan «la eliminación del peaje de respaldo, el popularmente conocido como “impuesto al sol”, así como de las barreras administrativas que actualmente gravan sobre los proyectos de autoconsumo, y que se defina la regulación del autoconsumo colectivo».

Además, confían en que «se ponga fin al contexto de inseguridad jurídica institucionalizada para los proyectos fotovoltaicos y de renovables a través de la fijación de la rentabilidad razonable, tanto para los proyectos ya construidos, como para los proyectos de la subasta y futuros. Asimismo, pedimos que se actualicen y simplifiquen las condiciones de acceso y conexión para los proyectos fotovoltaicos, y que se convoquen en un breve plazo las subastas fotovoltaicas para las islas Canarias y Baleares».

Todas estas medidas «facilitarían un crecimiento sostenible y continuo del sector fotovoltaico y del autoconsumo que actualmente se encuentran en una fase de reactivación. Además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, el sector permite abaratar la factura de la luz para todos los consumidores y generar empleo. La definición de una política energética coherente será esencial para que España ocupe una posición de liderazgo en el sector de las energías renovables a nivel internacional».

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha mostrado su satisfacción por el nombramiento de Teresa Ribera. «Su llegada es una esperanza para el sector renovable». Anpier anima a Ribera a apostar por «un modelo de generación no solo renovable, sino también social, para que los ciudadanos puedan ser también autoconsumidores o, si lo desean, productores de energía, para suministrar energía a terceros».

Según la industria fotovoltaica, «estamos en un apasionante proceso de transformación en la forma de producir, distribuir y consumir energía, y cualquier error o retraso en el diseño de nuestro futuro modelo energético tendrá consecuencias nefastas, tanto para nuestra economía como para el bienestar de nuestra sociedad y el equilibrio medioambiental local y global».

A juicio del presidente de Anpier, Miguel ángel Martínez-Aroca, el nuevo Gobierno debe fijar la clave de la propiedad de nuevo modelo de generación energética, «que, sin duda, será renovable, pero no lleva camino de ser social si no se enmienda la actual situación, porque aún estamos a tiempo de recuperar la soberanía energética». Martínez-Aroca subraya que «no se puede mirar al futuro sin resolver el tremendo error que se cometió en el pasado. Hay que dignificar a las decenas de miles de familias fotovoltaicas que han dado solución al gran reto de producir energía barata y sin contaminar, puesto que han dado a la sociedad, con su esfuerzo, la llave para evitar la mayor catástrofe del planeta y, sin embargo, se les ha ultrajado atribuyéndoles todos los males del sistema eléctrico, para ocultar las causas verdaderas de los desajustes económicos del sistema energético español y evitar que el modelo social progrese. Por eso, es imprescindible devolverle a este colectivo la seguridad jurídica».

Por su parte, José María González Moya, director general de APPA Renovables, confía en que «se clarifiquen distintas cuestiones, como el cumplimiento de los objetivos europeos, la incertidumbre regulatoria, el autoconsumo, etc… El sector tiene una gran oportunidad que debemos aprovechar». Asimismo, espera que haya «un mayor diálogo» con el nuevo ministerio del que tuvieron con Álvaro Nadal. «Nos escuchaban, pero no recogían nunca nuestras demandas», subraya González Moya.