La morosidad de la administración se dispara y asfixia a los autónomos

Desde hace años las organizaciones de autónomos insisten en la necesidad de poner en marcha un régimen sancionador contra los impagos, teniendo en cuenta que no pagar las facturas sale gratis a los incumplidores. ATA reitera cada ejercicio la puesta en marcha de mecanismos de control y las sanciones correspondientes para estos incumplidores. Defiende también que aquellas empresas que se demoren en los plazos no puedan acogerse a determinadas ventajas fiscales o se les penalice fiscalmente.

De los datos que ayer hizo pública la organización que dirige Lorenzo Amor se deduce que las tres administraciones (local, regional y nacional) incumplen los periodos de pago legales, fijados en 30 días, aunque en los últimos meses la administración central ha hecho un esfuerzo que s e ha visto reflejado en la reducción de esos plazos en un 10% . No ha ocurrido lo mismo con las administraciones autonómicas, que han pasado de pagar en 35 días a los proveedores en el primer semestre del año a hacerlo en 40 días en agosto, un 14,3% más de demora.

Pero, sin duda, son los ayuntamientos los que más tardan en pagar a sus proveedores. La administración local, para la que trabajan la mayoría de los autónomos, afronta sus facturas en una media de 78 días, lo que supone duplicar el periodo medio de pago establecido por ley. Esta morosidad se ha incrementado desde el primer semestre, cuando la media era de 65 días , lo que significa que se ha producido un alza del 20% en el tiempo de espera.

Según el mismo informe, Murcia, Cantabria y Castilla- La Mancha, por ese orden, son las comunidades autónomas que más aplazan sus facturas. Por ejemplo, los autónomos que han emitido una factura por un trabajo o servicio a alguna empresa de la administración autonómica de Murcia han tenido que esperar 76 días para cobrar frente a los 40 días en que lo hacían en el primer semestre.

Galicia y Canarias son, por el contrario, las dos administraciones que menos se demoran, una media de 19 días. Y Castilla y León, Asturias y Andalucía son las tres regiones que cumplen con la ley al abonar sus facturas en 26, 25 y 20 días respectivamente.

Pero son los ayuntamientos los peor pagadores, pues su impago supera los dos meses (78 días), aunque hay municipios que registran datos mucho peores. Es el caso de Jaén, que sigue siendo el que más tarda en pagar de España, una media de 582 días, superior a los 542 días que registraba en el primer semestre del año. Esto quiere decir que un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamiento cobrará, de media, 19 meses después de presentar la factura.

Más de un año de media esperan también los proveedores en el caso de Jerez de la Frontera (414 días), y más de nueve meses los autónomos que han emitido una factura a los ayuntamientos de Parla (267) y ocho los de Granada (243 días). Le siguen los consistorios de Las Palmas de Gran Canaria (173 días), Badalona (151 días), Vélez-Málaga (137 días de media), El Puerto de Santa María (121 días), Santiago de Compostela (102 días) y Telde (94 días). En el lado opuesto se sitúa Algeciras, que ha reducido del primer semestre de media en 126 días a 39 días y ha abandonado así el listado de los 10 que peor pagan.

La empresa privada tampoco cumple con los periodos medios de pago que fija la ley. De media lo hacen en 73 días , cinco días más de los 68 que mostraban en el primer semestre del año, y 13 días más de los 60 que establece la Ley de Morosidad. Según el tamaño de la empresa, los autónomos que no tienen trabajadores y las pequeñas empresas -que tienen hasta 9 trabajadores o de 9 a 50 trabajadores- son las que antes pagan a sus proveedores. Según va escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las empresas de más de 1.000 trabajadores las que más tardan en pagar las facturas pendientes (115 días de media).

«La morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación. No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley», explica Lorenzo Amor.

Recuerda que la morosidad no tiene nada que ver con el tamaño de la administración, ni de la población. «Es cuestión de gestores, buenos y malos. Y parece -afirma- que solo cuando hay castigo estos malos gestores reducen la mala práctica de financiarse a través de la deuda contraída con pequeños proveedores».

Añade también que «es increíble que la administración que es más cercana sea la que más te castiga. Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo. Para que los autónomos no sufran más deben recibir el pago de su trabajo en tiempo y forma».

Por último, el presidente de ATA explica que «se nota la inestabilidad política, la inseguridad y que no hemos tenido un gobierno estable en mucho tiempo. La falta de responsabilidad de nuestros políticos -insiste- deriva en falta de liquidez de los autónomos».