La reforma que viene: solo tres contratos y bonificaciones para empleos estables

En la diana está la excesiva temporalidad y el objetivo es recortarla. ¿Cómo? El Gobierno quiere simplificar y reordenar las modalidades de contratación con la intención de generalizar el contrato indefinido. La idea es «devolver la causalidad» al contrato temporal y para ello se trabaja en fórmulas para exigir a las empresas una justificación clara de los motivos por los que recurre a esta contratación, de forma que se limite para el desempeño de actividades puramente eventuales.

La idea de la titular de Trabajo es dejar en solo tres las modalidades de contratos, que quedarían en indefinido, temporal justificado y de formación. Actualmente hay cuatro: indefinida, temporal, para la formación y aprendizaje; y de prácticas. Pero cada una de ellas tiene sus correspondientes tipos, lo que hace del modelo un auténtico sudoku. Por ejemplo, los indefinidos pueden ser ordinarios, parciales o fijos discontinuos. Pero también hay contratos de relevo, por obra y servicio, de interinidad... Y esta reforma del acceso al mercado de trabajo se acompañará también de una revisión de las subvenciones y bonificaciones a la contratación para simplificarlas y ceñirlas a los contratos indefinidos para personas desempleadas.

Entre las medidas figura endurecer, de nuevo, la utilización de contratos de muy corta duración , así como asegurar «un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes», según el documento enviado a Bruselas.

La reforma laboral y la de pensiones son dos exigencias europeas a España para recibir los fondos. El tiempo apremia y es clave presentar cambios que vayan avalados por diálogo social, con sensibilidades muy distintas sobre las modificaciones, entre las que Díaz también quiere introducir la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales , limitar los descuelgues, acabar con los límites a la ultraactividad y limitar el poder de las empresas para cambiar las condiciones laborales de los trabajadores.