La reforma que viene: penalizar el retiro voluntario y volver a indexar la subida de las pensiones

El Pacto apuesta por avanzar en la separación de fuentes de financiación, de forma que las cotizaciones se centren cada vez más en pagar las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad. La propuesta es que se paguen con impuestos las prestaciones de paternidad/maternidad, el complemento en las pensiones de jubilación de las mujeres que han sido madres o los descuentos en cotizaciones para impulsar el empleo (tarifas planas). El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , cifra estos gastos impropios en 23.000 millones. Según el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, en 2021 el Gobierno asumiría con impuestos 11.000 millones de esa factura. La hoja de ruta sitúa en 2023 el fin del proceso.

El Pacto ha llegado a la conclusión de que «la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria». Escrivá quiere hacerlo desincentivando el retiro anticipado (en el entorno de los 64 años) y fomentando la jubilación más allá de la edad legal.

El Congreso ha incorporado una petición a la Seguridad Social para que analice la situación de los trabajadores con largas carreras de cotización que pierden su empleo y se ven obligados a jubilarse anticipadamente, con la minoración correspondiente de la pensión. Se abre la puerta a elegir los mejores años para la jubilación para dejar de castigar a este colectivo.

«La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones», dice el acuerdo alcanzado. Sin embargo, también se reconoce que «el vigente mecanismo de revalorización (solo IPC) no goza del suficiente consenso político y social». Ahora deberá determinarse el proceso de cálculo.

Se recomienda estimular el ahorro privado para complementar la pensión pública. La Comisión defiende «los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo ». Es un modelo basado en las entidades de previsión social vascas, un sistema nacido del diálogo social que ha logrado implantar un ahorro para la jubilación en esta región. Sobre los planes individuales se señala: «La gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores». Abogan por regular «fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos en este tipo de sistemas complementarios».

Como ya informó ABC, contundente ha sido el rechazo del mundo académico a la rebaja de 8.000 a 2.000 euros de la aportación máxima a los planes individuales, incluida en los Presupuestos de 2021. Una medida defendida por José Luis Escrivá.

La Comisión está de acuerdo en dar los pasos hacia una cotización según sus ingresos para este colectivo. Esta negociación, a petición del PP, se hará en el seno del diálogo social.

El Pacto de Toledo reclama «medidas estructurales, tanto en materia laboral como en el ámbito específico de Seguridad Social, referidas a la propia configuración del sistema y a la forma de acceso a las prestaciones». Proponen cinco puntos sobre los que avanzar: cuidados de familiares y carreras profesionales, igualdad retributiva, lagunas de cotización, empleo a tiempo parcial y pensiones mínimas suficientes .

El Pacto constata las dificultades de este colectivo para acceder a un empleo y el «descrédito que sufre la Seguridad Social» entre ellos.