La reforma que viene ahora: más años para calcular la pensión y alza de cotizaciones al que gane más de 49.000 euros

A la espera de que comiencen estas negociaciones con los agentes sociales ayer fue clave, en la rápida aprobación de la reforma diseñada por Escrivá -y consensuada con los sindicatos- el papel de los socios parlamentarios del Gobierno, especialmente ERC y Bildu. Gracias a ellos se ha incorporado al texto el que puede considerarse la bóveda de la misma, el mecanismo de equidad intergeneracional, sustituto del factor de sostenibilidad del PP, y que incluye una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos durante diez años a partir de 2023 y que supuso la salida de los empresarios de las negociaciones.

El Gobierno necesitaba introducirlo vía enmienda a la norma, cuyas líneas generales fueron aprobadas en julio, pero ni el PSOE ni Unidas Podemos tenían enmiendas vivas, por lo que finalmente se incorporó en una enmienda transaccional a partir de propuestas de ERC y EH Bildu. La norma pasará ahora al Pleno , que dispondrá de la última palabra sobre esta reforma, aunque es muy poco probable que se produzcan cambios en el sentido del voto de los grupos en este punto. Después será enviada al Senado para completar su tramitación.

La comisión de Trabajo aprobó también enmiendas exigidas por ERC y Bildu, que habían reclamado la realización de una auditoría de los gastos impropios asumidos por la Seguridad Social y el sistema público de pensiones y que son ajenos a las pensiones contributivas . Unos gastos que precisamente la reforma ha sacado ya del sistema y ha comenzado a financiar vía Presupuestos.

Según la enmienda, la reforma de pensiones incluirá un mandato al Gobierno para que en el plazo de seis meses remita al Pacto de Toledo un informe para cuantificar todos los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva y su financiación desde 1980. Dicho informe deberá reflejar los denominados gastos impropios y a financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado, como son los beneficios de regímenes y colectivos específicos, el reconocimiento de pensiones anticipadas donde no se haya previsto cotización adicional y reducciones en la cotización .

Además, también se aprobó otra para ampliar el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho, extendiéndola además a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva. Otro cambio incorporado en fase de ponencia fue el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros , así como el mandato por ley al Gobierno a revisar los criterios para determinar la cuantía de las pensiones mínimas de tal modo que se garantice su suficiencia y se tenga en cuenta la evolución del salario mínimo.

Más allá de las enmiendas y el polémico mecanismo de equidad intergeneracional, la primera parte de la reforma incluye la revalorización de las pensiones cada año en función de la evolución del IPC, premios al retiro y castigos las prejubilaciones con el objetivo último de igualar la edad real y efectiva de retiro.

Una vez salvado el trámite parlamentario, ya a falta de la aprobación en el Pleno, el Gobierno deberá comenzar a negociar con los agentes sociales una segunda parte de la reforma, la más dura, la que debe ajustar el gasto y devolver al sistema al superávit. Y en esta segunda parte, Bruselas obliga a España a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones en 2022 para que se ponga en marcha de manera paulatina a partir del 2023. Aumentar los años que se emplean para calcular la pensión es una de las medidas más efectivas para recortar la pensión inicial de los nuevos jubilados y reducir la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario) en el sistema de pensiones español, que ahora se sitúa por encima del 80%, según la OCDE. En la práctica esta medida implica percibir rentas menores porque los trabajadores, por regla general, tienen peores salarios en sus primeros años de vida laboral y mejores en los últimos, aunque el ministro Escrivá se ha comprometido a buscar fórmulas para evitarlo en algunos casos, en los que se dará la opción de elegir los mejores años.

Como ya informó ABC, el año próximo cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión y quedarán fijados en 25 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para el cálculo ha pasado de forma progresiva desde los 15 a 25 años .

Además de esta medida de recorte, el acuerdo con Bruselas para recibir los fondos recoge un incremento de las bases máximas de cotización y, «progresivamente», de las pensiones máximas para que el sistema no pierda contributividad. Es decir que aumentarán los impuestos para los sueldos más elevados, de más de 49.000 euros, pero también la pensión que perciban, ahora fijada en 2.707 euros mensuales.