Una reforma de las políticas activas de empleo

«La experiencia internacional muestra que el apoyo personalizado a la búsqueda de empleo y la elaboración de planes individuales de vuelta al trabajo son más eficaces que otros dispositivos»

Raymond Torres
MadridActualizado:

Las medidas de apoyo a la búsqueda de empleo, subvenciones a la contratación, programas de formación y reciclaje de parados, así como otros dispositivos de apoyo a grupos específicos como jóvenes y personas en riesgo de exclusión -las llamadas políticas activas de empleo- han empezado a ocupar un papel destacado en el debate público.

Esto es positivo porque durante mucho tiempo las políticas activas han estado denostadas, ya sea por la falta de recursos en épocas de recesión o porque su necesidad no se apreciaba en tiempos de expansión y creación de empleo. El reciente ejercicio de evaluación llevado a cabo por la AireF ha puesto de manifiesto la falta de efectividad de estas políticas, salvo meritorias excepciones.

Pero ya no es tiempo de generalidades sino de propuestas concretas de reforma, aprovechando así el momento político. Es, por tanto, útil inspirarse de las prácticas que han funcionado tanto en nuestro país como a nivel internacional.

La primera de ellas, la más destacada, es que lo que importa no es tanto el volumen de gasto público, sino la capacidad institucional para implementar políticas activas. De poco sirven los recursos financieros, por ejemplo, para la formación de parados, si las oficinas encargadas de impartir las políticas activas no están bien organizadas o no disponen de un número suficiente de orientadores. Un orientador puede ocuparse razonablemente bien de 80 a 100 parados, es decir, la mitad de la media española, manteniendo contactos por lo menos cada seis meses (con más frecuencia en el caso de parados jóvenes), ayudando en la búsqueda de empleo y proponiendo formación u otros dispositivos adaptados a cada perfil.

La reciente contratación de nuevos orientadores es, sin duda, una iniciativa positiva, a condición, claro está, de operar mejoras organizativas sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, algunos orientadores deben tener como misión la prospección con las empresas para detectar vacantes y discernir necesidades de formación; otros, ostentar conocimientos en profesiones generadas por el cambio tecnológico. La experiencia de Alemania o Reino Unido, y de algunas de nuestras CC.AA., sugiere que esto ayudaría a reducir la escasez de personal que empieza a aparecer en algunos sectores. Además, la tecnología digital abre nuevas oportunidades para mejorar la intermediación laboral y potenciar la respuesta a las transformaciones en curso. La iniciativa de Linkedin con el Banco Mundial sobre prospección inmediata y geolocalizada es un ejemplo interesante.

En segundo lugar, la experiencia internacional muestra que el apoyo personalizado a la búsqueda de empleo y la elaboración de planes individuales de vuelta al trabajo son más eficaces -y a menudo menos costosos para las arcas públicas- que otros dispositivos. Entre estos, las subvenciones a la contratación, que han constituido el grueso de las políticas de empleo en España (tal vez por su visibilidad ante la opinión pública y rápida puesta en marcha), con dudosos resultados y un despilfarro de recursos públicos.

Otra práctica, crucial en países como el nuestro donde las políticas activas están descentralizadas, es la creación de incentivos entre los diferentes niveles de administración. En Canadá, los fondos que transfiere el Estado a las Provincias están condicionados a resultados. Tal vez esto resulte difícil de encajar con el marco institucional español, pero incluso un simple seguimiento de resultados de todas las oficinas de empleo puede ser eficaz, como en Suiza.

Finalmente, todos los dispositivos que conforman las políticas activas requieren de una evaluación periódica, o por lo menos un seguimiento riguroso, para corregir posibles fallos y adaptarlas a los cambios. Un pilotaje previo a la implementación puede mejorar el diseño y ahorrar recursos. Bien concebidas, estas políticas agilizan el retorno de los parados al empleo, mejoran la adecuación entre las vacantes de las empresas y las competencias de las personas y contribuyen a reducir las desigualdades. Esta es sin duda una de las inversiones más inteligentes que puede realizar España.

Raymond Torres es director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas

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