La reforma laboral pone a prueba ahora la paz social

La batalla porque los salarios recuperen poder adquisitivo frente a la subida de los precios está ya servida. Los sindicatos instan al Gobierno a cumplir con urgencia con los compromisos contraídos a lo largo de su legislatura. Creen que el salario mínimo debe alcanzar los 1.000 euros mensuales el próximo mes de enero y situarse en el 60% del salario medio (en torno a 1.050 euros) en 2023. Y el contexto no ayuda. La subida media pactada en los convenios colectivos firmados este año se limita al 1,46%, cuatro veces menos que la evolución que ha tenido el IPC del mes de octubre, por debajo incluso de lo marcado en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020, que planteaba alzas de sueldos del entorno del 2%. La variación salarial lleva estancada prácticamente desde primeros de año y es la más baja desde que España estuvo en tasas de inflación negativa, entre 2014 y 2016. La diferencia es que ahora los precios están por las nubes.

Este escenario de precios disparados amenaza también con elevar la factura para las empresas, teniendo en cuenta las cláusulas de revisión salarial ligadas al cierre de la inflación de cada año y pensadas para que los trabajadores no pierdan poder de compra. Una protección de la que ahora disfrutan entorno al 20% de los trabajadores y que será una de las banderas sindicales en la negociación colectiva en 2022. La «puntilla», aseguran los empresarios, para una recuperación económica que dista mucho de estar encarrilada.

El terreno de la negociación de la reforma laboral tampoco está allanado. La decisión de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, esté representada en la mesa ha sido acogida con mayor entusiasmo entre empresarios que sindicatos. Estos últimos insisten en exigir la prometida derogación de la reforma porque «permite que la temporalidad sea la principal característica del mercado laboral y responsable de hundir los salarios». Y han dejado claro que saldrán a las calles en caso contrario. Este es, precisamente, el as en la manga de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sindicalista de cuna, hija del dirigente comunista y exsecretario de CC.OO. de Galicia, Suso Díaz, y abogada laboralista, mantiene una relación muy fluida con los sindicatos, especialmente con CC.OO. y con su secretario general, Unai Sordo. Hace una semana, en la clausura del congreso de esta organización, Díaz no dudó en demostrar sus sentimientos –«En esta casa me he criado y aquí me reconozco», dijo–, que a su vez fueron correspondidos con el entusiasmo de los más de 700 delegados presentes y sus ovaciones a la ministra: «¡Presidenta, presidenta!». Después de su intervención quedaron muy claros sus objetivos con la reforma del PP, ligando así su destino al reclamado por las centrales de clase y alejándose de las aspiraciones del mundo empresarial, que anda desconcertado con directrices contradictorias sobre los cambios en una norma determinante para Europa.

El nexo que une a la ministra con los sindicatos se palpa también en las mesas de negociación. «Cuando Unai Sordo pone sobre la mesa una propuesta ya sabemos que será refrendada por la ministra días más tarde», aseguran fuentes de esas negociaciones a este diario. La relación de la gallega con los representantes empresariales también es cercana, aunque la distancia ideológica es insalvable. El equilibrio de poder en la negociación colectiva, la ultraactividad de los convenios y las fórmulas para acotar la temporalidad en el empleo son tres de los escollos en la negociación para reformar el mercado laboral que impiden llegar a un acuerdo. Puntos que, sin embargo, acercan a los empresarios con la vicepresidenta Calviño, partidaria de una reforma menos agresiva. Ella se ha convertido en el cortafuegos de Yolanda Díaz y su relación con la patronal es fluida y los contactos son frecuentes.

No solo la nueva estructura que debe sustentar el mercado de trabajo es un nido de conflictos, también lo son los cambios en las pensiones diseñados por Escrivá. El titular de Seguridad Social ya ha entregado al Congreso la primera pata de la reforma que entrará en vigor en 2022 y que supone solo el aperitivo de un cambio global pactada con Bruselas y con el que el Gobierno se ha comprometido a ahorrar al sistema unos 30.000 millones de euros. La batalla con los sindicatos parece servida.

La parte amable de la reforma incluye la eliminación de los aspectos más polémicos de 2013, como el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en casos de déficit, o el factor de sostenibilidad. Este último, eso sí, deberá ser reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional aún sin definir y que el Gobierno deberá tener listo antes del 15 de noviembre. Será una herramienta de ajuste diseñado para la llegada de la generación del ‘baby boom’ y la explosión de gasto que conllevará la incorporación de un ejército de jubilados al sistema público. Este nuevo factor implicará que los ‘babybomers’ tengan que realizar «un ajuste moderado» en sus pensiones, según Escrivá, lo que tiene en alerta a los sindicatos, que exigen pensiones en el futuro «equivalentes a las que hoy estamos sufragando». En este punto también hay sintonía con la vicepresidenta segunda, que en varias ocasiones se ha mostrado contraria a recortar el principal pilar del Estado del Bienestar.

Los focos de enfrentamiento que históricamente han enfrentado a los gobiernos con el mundo sindical resurgen, por tanto, y con un Gobierno de izquierdas. Reforma laboral y de pensiones han sido el detotante del rosario de huelgas generales en España , que comenzaron en 1985, cuando CC.OO. convocó un paro contra el Ejecutivo de Felipe González por la reforma que elevó de dos a ocho años el periodo de cálculo de las pensiones. Ahora los problemas se le amontonan a Sánchez, con una recuperación a medio gas, crecimiento de empleo acelerado por la temporalidad y una inflación desbocada que está minando el poder adquisitivo de los ciudadanos. El presidente está preso de la agenda firmada con sus aliados comunistas, pero sus pasos son vigilados de cerca por las autoridades comunitarias, que exigen a España reformas duras y ajustes con los que no comulgan ni sus socios en el Gobierno ni los sindicatos.