La reforma de Díaz se la juega en el campo: conflicto en ciernes por la temporalidad

Recién cerrado el acuerdo, su presidente, Pedro Barato, apuntó en ABC hacia la temporalidad como el motivo y criticaba «el desconocimiento» del Ministerio sobre el sector agrario. Un dato ilustra la importancia de la temporalidad en la actividad agrícola y ganadera. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente, correspondiente al tercer trimestre de 2021, la tasa de temporalidad era del 47,06% sobre un total de 476.100 personas empleadas en este sector, frente al 26% de todo el mercado laboral español.

Pero, ¿qué novedades aporta la nueva reforma laboral en materia de temporalidad? La normativa publicada en el BOE el 30 de diciembre, que prevé un periodo de adaptación de tres meses, limita los contratos temporales a dos modalidades: «por circunstancias de la producción» y «sustitución de persona trabajadora». Sobre los primeros, de especial interés por las campañas agrícolas, se abre la posibilidad de celebrar este tipo de contrataciones «para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada», por un periodo máximo de 90 días «en el año natural».

Es decir, queda prohibido expresamente el uso continuado de este tipo de concertación laboral y se establece un techo, en la acumulación de esta clase de contratos, de 18 meses tomando como referencia los últimos 24 meses. Una vez superado este umbral, la nueva legislación obliga a hacer fijo al trabajador afectado . En este límite también están incluidas las contrataciones realizadas con empresas de trabajo temporal.El decreto aprobado en el último Consejo de Ministros de 2021 ofrece como alternativa el denominado ‘contrato fijo-discontinuo’ concebido «para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada» o que tengan «periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados».

Hay otras dos novedades relevantes para la actividad agraria y ganadera: la recuperación de la ‘ ultraactividad ’ (la vigencia de los convenios colectivos durante la negociación para su renovación, aunque estos hayan caducado), así como de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.

Todo lo anterior divide a organizaciones agrarias y sindicatos. Desde Asaja, su presidente Pedro Barato, considera que las novedades introducidas en materia de temporalidad «van a a traer desempleo y, en el futuro, cambios de cultivos , ya que al hacer fijo discontinuo se incrementan los costes». En este sentido, recuerda la escalada de costes de producción y el incremento del salario mínimo en un 32% en los últimos tres años. Barato se pregunta por el límite de 90 días, cuando a la hora de contratar a trabajadores de terceros países, les aconsejan 120 días. «El Gobierno tiene la oportunidad de arreglar la temporalidad en el campo, pero debe reconocer la estacionalidad», concluye el presidente de Asaja, quien espera cambios en el Congreso. Desde UPA avisan contra la «falta de mano de obra» en sectores como el olivar y el de la fruta de hueso. «Las explotaciones agrarias que pueden fidelizar (mano de obra) ya lo están haciendo», afirman.

UGT y Comisiones Obreras se sitúan en posiciones opuestas. Para Sebastián Serena , secretario del sector agroalimentario de UGT FICA, «el contrato temporal máximo de 90 días no va a perjudicar la contratación ni a dificultar la mano de obra». Además, añade, «la figura del fijo discontiuo lleva implantada desde hace muchos años» y es en su opinión muy apropiada para las campañas agrícolas superiores a los 90 días. En esta línea, el responsable del Sector del Campo de CC.OO. Industria, Vicente Jiménez, también apuesta por «la contratación indefinida y el fijo discontinuo en campañas donde los jornaleros repiten año tras año».