Reforma bancaria, ¿una patada hacia delante?

¿Se está haciendo lo correcto? ¿Está el país en el camino adecuado para consolidar un nuevo panorama bancario? ¿Será el nuevo orden financiero resultante de tantas medidas impuestas el que se necesita? Varias interrogantes, entre otras muchas, que quizás aún no tengan respuesta hasta ver cómo se desarrollan los últimos flecos de la reforma financiera diseñada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

Y es que el grupo de análisis del FMI que, con el fin de estudiar los últimos movimientos de bancos y cajas en nuestro país, se desplazó a España en dos ocasiones distintas, y durante varios días —entre el 1 de febrero y el 13 de abril—, pone en entredicho de nuevo a las entidades de este país. En dicho documento, el organismo internacional habla de que la mayoría de bancos y cajas españoles resistiría un «probable» empeoramiento de la situación económica, si bien destaca varios focos de vulnerabilidad.

Así, el informe preliminar —el definitivo se dará a conocer en junio, una vez que las entidades hayan comunicado ya tanto al Banco de España como al Gobierno sus planes definitivos para consolidar sus posiciones— explica que los mayores bancos están suficientemente capitalizados —con capitalización sólida— y diversificación internacional. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce. De hecho, el informe identifica como «vulnerable» un grupo de diez bancos , casi todos receptores de ayudas públicas. Cinco de ellos han sido adquiridos o fusionados por otros más potentes; tres están siendo subastados (Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia), y otros dos han presentado planes estratégicos ya aceptados por el Banco de España.

Es en este punto cuando todo el sector pone los ojos sobre las líneas del documento internacional y vislumbra un mensaje, sin citarla expresamente, para Bankia: «Para preservar la estabilidad financiera, resulta crítico que esos bancos, sobre todo el mayor de ellos, adopten medidas prontas y decisivas para reforzar sus balances y mejorar su gobernanza».

Sin embargo el «quid» de los comentarios viene en líneas posteriores. El Fondo sostiene que el sector financiero español podría necesitar todavía más participación de dinero público para recuperar su salud. «Para evitar que los costes de resolución resulten demasiado gravosos para que pueda manejarlos la industria, podría ser necesario un mayor compromiso de la financiación pública, una vez agotadas las opciones de recapitalización privada». Algo que desde el Gobierno han descartado por activa y por pasiva.

El problema para el Gobierno es que mientras no se vean resultados relevantes, el sistema bancario español seguirá en el ojo del huracán. Tanto en Washington —desde el FMI— como en Bruselas —desde el seno mismo de la Comisión Europea— hablan cada vez más abiertamente de la posibilidad de utilizar el fondo europeo de rescate para sanear la banca española. Un punto que el Ejecutivo español también rechaza, ya que implicaría la cuasi intervención de la economía española y la tutela europea sobre un sector estratégico.

Conclusión, la reforma financiera de Luis de Guindos lejos de aclarar las dudas de inversores y organismos internacionales —lo dicho, CE y FMI— no les ha convencido.

Como se recordará, a grandes líneas, la reforma del titular español de Economía consistía en extremar el saneamiento de las entidades, obligándolas a hacer nuevas dotaciones para sanear sus balances. Aquellas que no pudieran asumir esta nueva vuelta de tuerca se les sugeriría una segunda vía: la fusión con las otras más grandes y saneadas. Así, una vez hecho el saneamiento y la creación de nuevos bancos, en el sector solo quedarían, en principio, entidades viables, las más sólidas y solventes. Tal y como había dicho nada más llegar al sillón presidencial el propio Mariano Rajoy.

El mapa bancario español quedaría, pues, reducido a un número mucho menor de entidades —como mucho seis grandes grupos financieros por encima de los 100.000 millones de euros en activos, más algunas entidades medianas o pequeñas, ya sin riesgo sistémico y con un negocio muy especializado—. Eso sí, todas ellas entidades con la capacidad suficiente para encajar una morosidad que, a todas luces, parece que va a seguir creciendo y, al mismo tiempo, hacer frente a una caída del valor de los activos adjudicados o hipotecados, especialmente los inmobiliarios.

Ahora bien, coinciden diversas fuentes financieras en afirmar que el proceso se ha quedado a medio camino, y en ello ha tenido que ver, y mucho, que la situación económica se haya vuelto a complicar a pesar de las múltiples reformas y medidas puestas en marcha por el nuevo Gobierno de Rajoy.

Y entonces, ¿qué? La estrategia de fusiones y saneamiento en nuestro país ¿no ha sido la idónea o adecuada? Para algunos economistas, la reforma financiera de Luis de Guindos aprobada en febrero ha sido un acierto, si bien se ha quedado corta , mientras que para otros, no ha hecho más que agravar la mala situación del sector español.

Según Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada , la reforma es un paso en la dirección correcta para reconocer los problemas de saneamiento y para intentar recuperar la confianza de los inversores. «Por supuesto —explica—, debido a los problemas que existen para utilizar recursos públicos para sanear y recapitalizar el sistema financiero, no nos queda casi otra alternativa que potenciar fusiones nuevamente, para aprovechar de nuevo los recursos de capital excedentarios que algunas entidades tienen y que puede permitir absorber a otras. En todo caso, como ha alertado esta semana el FMI, si la economía no se recupera y los deterioros de activos financieros no se detienen, pueden hacer falta más recursos públicos para sanear el sector».

Pero no todos los expertos tienen la misma opinión. De hecho, algunos economistas consultados coinciden en que lo único que se ha conseguido con esta obcecación por las fusiones es engordar el problema. «Todas las entidades, salvo las cooperativas de crédito que son las más pequeñas del sistema, han tenido problemas. Sin embargo, mientras los bancos no habían recibido grandes ayudas y han sido capaces de salir adelante, las cajas se presentan como un pozo sin fondo. Toda la reforma ha ido más orientada a salvar a éstas que al sistema que, razonablemente, habría salido adelante por sí mismo a pesar de los muchos problemas que viene atravesando», apunta Ruben Manso Olivar, .

Bajo esta reflexión, Manso Olivar, recuerda además que el único banco intervenido, el de Valencia, es, «no se nos olvide», filial de una caja de ahorros. «No se optó por apartar al comienzo de la crisis a los equipos directivos de las cajas que han actuado siempre con el íntimo convencimiento de que, al final, las autoridades les rescatarían. Y así ha sido, incluso cuando han sido subastadas, pues se han ofrecido esquemas de protección de activos a los compradores. Lo razonable habría sido dejar caer a las cajas , que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hubiera cubierto los depósitos hasta el límite original de 20.000 euros (cifra que Rodríguez Zapatero aumentó de golpe a 100.000 euros para restablecer la confianza tras la intervención de CCM provocando así la quiebra técnica del FGD de cajas) y que el resto del sector, español o extranjero, hubiera comprado en la liquidación. Todo el apoyo público ha sido uno de los factores que ha disparado nuestra prima de riesgo», afirma en una larga reflexión Manso Olivar.

Mientras, en el sector no se terminan de creer que la estrategia que se ha seguido en España sea totalmente inútil de cara al futuro. Si bien es verdad que en buena parte ha pasado por las fusiones con el objetivo de aumentar el tamaño medio de las entidades bancarias, también es evidente que se ha buscado su solvencia a través del respaldo financiero. «Aún reconociendo los aspectos positivos de esta estrategia —puntualiza Santiago Carbó—, la misma no parece estar en la línea de lo que se está haciendo a escala internacional y en otros países. Por ejemplo, cada vez hay más recelos internacionales sobre las entidades sistémicas, es decir, sobre las excesivamente grandes. Asimismo, países como el Reino Unido están regulando para que las entidades tengan un menor tamaño y menor complejidad (ring-fencing)».

En definitiva, toca seguir aguantando el chaparrón, si bien, la impresión es que —tras esta nueva reforma y las dotaciones realizadas— el sistema sigue tocado tras la presión internacional, por lo que el Gobierno tantea nuevas alternativas...